El comisario Villarejo, en el juicio por la querella que le interpuso el ex director del CNI Félix Sanz Roldán.
La Fiscalía Anticorrupción sigue apreciando que el riesgo de que el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo se fugue para sustraerse a la acción de la Justicia es «elevado» por poseer y controlar «importantes activos patrimoniales fuera de España» y por mantener una «amplia red de contactos» que le permitiría residir en el extranjero. También ve peligro de reiteración en su conducta delictiva.
Así lo razona el Ministerio Público en el escrito con el que ha pedido este miércoles la puesta en libertad del antiguo agente encubierto después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara la excarcelación del investigado al no iniciarse el primer juicio (13 de diciembre de 2021) antes de que se cumplan los cuatro años (3 de noviembre de 2021) que como máximo prevé la ley para permanecer en prisión preventiva.
De esta forma, Anticorrupción se limita a acatar la resolución firme de la Audiencia Nacional, pero sigue viendo mucho riesgo de que Villarejo abandone el país ante el horizonte judicial que tiene por delante: sólo por las tres primeras piezas separadas de la macrocausa por las que se sentará en el banquillo de los acusados (Iron, Land y Pintor) se enfrenta a peticiones de penas de 109 años de cárcel. El policía ya retirado tendrá prohibido salir del país, ha de entregar el pasaporte y deberá comparecer cada mañana en el juzgado para acreditar que sigue en España.
Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas enumeran cuatro razones que les llevan a pensar que persiste el riesgo de fuga. De un lado, recuerdan que en los registros practicados en sus viviendas en el otoño de 2017 se intervino «documentación con pluralidad de identidades» y «pasaportes en blanco», lo que respondería -en su opinión- a la «planificación de una fuga del territorio nacional ante la eventualidad de poder ser penalmente investigado o detenido». Ello «pone de manifiesto la disponibilidad de estos efectos siguiendo las pautas seguidas por los miembros más expertos y en situación de mando y preponderancia de las grandes organizaciones criminales», argumentan.
República Dominicana y Uruguay
Anticorrupción también llama la atención sobre la «facilidad» para trasladarse a diferentes países -«tanto dentro como fuera de Europa», indican- que ha puesto de manifiesto la investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y subraya que no mantiene un «arraigo profesional o laboral» que garantice «suficientemente» su estancia en el país al estar ya jubilado.
El Ministerio Público, igualmente, invoca la «red de contactos» que mantiene el antiguo agente encubierto y la «detentación y control de importantes activos patrimoniales fuera de España». En un inventario que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional le intervino tras entrar en su casa, Villarejo detallaba que tenía tres apartamentos en Playa Bávaro y Casa Campo (República Dominicana) y dos propiedades más en Montevideo (Uruguay).
Anticorrupción también ve riesgo de que el comisario Villarejo reitere su conducta delictiva
Frente a estos argumentos, el abogado del policía jubilado ha defendido en su último escrito ante el juez que el «notorio» arraigo social, profesional y económico que mantiene su representación y el hecho de que «todo» su patrimonio esté trabado por esta investigación judicial «minimiza» un hipotético riesgo de huida, «difícil de imaginar» -enfatiza- en plena pandemia.
Que abandone el país no es el único riesgo «cierto y elevado» que siguen apreciando los fiscales. Éstos no descartan tampoco que José Manuel Villarejo pueda reiterar su conducta delictiva, tras constatar que el encausado «seguía controlando desde la prisión una ingente documentación» que custodia desde que se jubiló como funcionario del Cuerpo Nacional a finales de junio de 2016.
«Chantajear a particulares»
Según Anticorrupción, José Manuel Villarejo pretendería con ese material «lucrarse» y «chantajear» a particulares e instituciones del Estado mediante la «difusión programada de esa información sensible para obtener así su impunidad o, al menos a corto plazo, su libertad». Entre la documentación intervenida durante los registros practicados el pasado 23 de octubre tanto en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid) como en su celda del centro penitenciario de Estremera hay papeles clasificados como secretos, «parte de los cuales ya se habían difundido a terceros no autorizados a su acceso».
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha firmado este miércoles el auto por el que decreta la puesta en libertad de Villarejo. Éste habrá permanecido en prisión exactamente durante 1.214 días, el tiempo que ha transcurrido desde que la juez Carmen Lamela decreto su encarcelamiento el 5 de noviembre de 2017.
A instancias de Anticorrupción, el antiguo agente encubierto está obligado a comparecer cada día en el juzgado del municipio en el que tiene su domicilio para acreditar que sigue en España y a entregar el pasaporte, teniendo prohibido salir del territorio nacional. Ahora dispondrá de más facilidades para preparar su defensa cara al primera juicio, que empezará el próximo 13 de diciembre.
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