El penúltimo fracaso en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha disuadido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para retomar de nuevo los contactos con el Partido Popular, en su caso, con el responsable de Justicia e Interior de Génova y consejero autonómico, Enrique López. Aduce el Gobierno que ya cedió ante algunos de los vetos que impusieron los populares, entre ellos el de la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género y jueza, Victoria Rosell.

Pero lo más significativo es que Unidas Podemos asumió ese sacrifico sin grandes dificultades, puesto que Rosell no era más que un "señuelo" ante otros nombres que interesarían más a los socios de Pedro Sánchez y sobre los que guardan silencio, admiten fuentes gubernamentales.

Lo morados daban por seguro que el PP no aceptaría a Rosell

De hecho, los morados daban por seguro que el PP no aceptaría a Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovación desde hace dos años, por su gran identificación con Pablo Iglesias. Y es que la jueza ha ido por tres veces en las listas electorales de Unidas Podemos por Las Palmas, de modo que "incumplía" dos de las condiciones impuestas por Génova para aceptar sentarse a negociar, esto es, que no hubiera representantes de Unidas Podemos en el órgano de gobierno de los jueces y que acaben las puertas giratorias entre la política y la justicia.

Una petición curiosa viniendo de Enrique López, que de esto sabe lo suyo, puesto que antes de ser Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y miembro destacado de la dirección popular nacional fue juez de la Audiencia Nacional y magistrado del Tribunal Constitucional. Además, resultó apartado del tribunal que iba a enjuiciar la primera etapa de la Gürtel por su evidente "proximidad" al PP.

Sea como fuera, lo de Rosell parece una bomba controlada por el Gobierno para poder argumentar que cede por mor del consenso constitucional. Insisten en todo caso en mantener al controvertido juez José Ricardo de Prada entre los diez nombres propuestos por el Ejecutivo.

De Prada es una propuesta del PSOE, no de Podemos

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, explicó el pasado lunes tras la reunión de la permanente socialista, que la propuesta de De Prada estuvo desde el principio de la negociación para renovar el Consejo, esto es, en 2018 cuando ya gobernaba Pedro Sánchez con un ejecutivo monocolor producto de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy del poder. Nunca fue, por tanto, una propuesta de Unidas Podemos.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó este martes al término del Consejo de Ministros que ellos ya habían "cedido" ante el PP al no rechazar a ninguno de sus candidatos y aceptar algunos de sus vetos, pero no parecen dispuestos a aceptar ninguno más, informa Efe.

"No podemos permitir que exista ningún tipo de veto cuando estamos hablando de conductas asociadas al ejercicio de las funciones que estos juristas tenían asignadas antes de ser propuestos para este órganos", subrayó al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno retire los nombres del juez José Ricardo de Prada y de Victoria Rosell.

Y fue mucho más clara al explicar, aunque sin dar nombres, que "algunas de las personas que han sonado en los medios finalmente no se incorporaban a las propuestas defendidas justo para facilitar el acuerdo, algunas personas que tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con algunas de las formaciones políticas de forma explícita".

Rosell afirmó el pasado 26 de febrero en una entrevista en "La hora de la 1" que el veto hacia su nombre tenía mucho de machismo. "A mí no me preocupa mi nombre, me preocupa más el CGPJ. Vetándome a mí qué están vetando ¿la anticorrupción? ¿el feminismo? Porque no ponen ningún veto al machismo, al machismo militante. Hay veteranos machistas que presumen de ello y se les ha puesto en cargos públicos y esto al menos debería de ser compensado".