España

Dos años de bloqueo en el CGPJ y más de una veintena de nombramientos sobre la mesa

Las presiones de los partidos de Gobierno no calan en el Partido Popular, que no ve posible llegar a un acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces hasta pasadas las elecciones catalanas de febrero

Reunión del Pleno del CGPJ. EP

El pasado 4 de diciembre se cumplieron dos años desde que el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió dos años en funciones, convirtiéndose en el consejo que más tiempo ha pasado sin ser renovado en la historia de la democracia española.

El tira y afloja entre el Gobierno y el Partido Popular, principal partido de la oposición, a cuenta del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces empieza a pasar factura de manera grave, según consideran las asociaciones judiciales mayoritarias, a la apariencia de imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Aún así, no parece que 2020 vaya a acabar con un acuerdo entre los dos principales partidos del Congreso de los Diputados, PSOE y PP, para renovar el órgano constitucional. PSOE y Podemos han registrado en los últimos meses de manera conjunta dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para garantizar el desbloqueo con el fin de presionar al PP para que se avenga a cerrar el acuerdo de renovación, pero el partido de Casado se niega a cerrar el acuerdo antes de que se celebren las elecciones catalanas, una posición que desgasta cada vez más al Gobierno.

Mientras tanto, sobre la mesa del Pleno del Consejo se acumulan los nombramientos de la cúpula judicial. Según trasladan vocales del órgano a El Independiente, en las próximas reuniones deberían hacer casi una treintena de designaciones para cubrir plazas por jubilación de magistrados de distintas salas del Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias provinciales y presidencias de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia.

En los plenos de septiembre y octubre los vocales (tanto del bloque conservador como del progresista) sacaron adelante con un consenso amplísimo e histórico -18 y 19 votos de 21- hasta 14 nombramientos, entre ellos los de tres presidencias de Sala del Tribunal Supremo y tres plazas de magistrado del mismo tribunal.

Si el bloqueo político persiste, los vocales están dispuestos a continuar haciendo nombramientos con el mismo consenso porque la mayoría de ellos coincide en que tienen un mandato constitucional para seguir cumpliendo con su labor, también la de realizar nombramientos, hasta que las Cortes elijan un nuevo Consejo.

Injerencia política

De ahí que un grupo de vocales del CGPJ vean posible, incluso, plantear un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional si sale adelante la última reforma de la LOPJ propuesta por PSOE y Podemos.

En ésta, registrada esta semana por los portavoces de ambos partidos Pablo Echenique y Adriana Lastra, se propone que el CGPJ, una vez haya cumplido su mandato y se encuentre en funciones, no pueda hacer nombramientos.

La propuesta fue recibida entre vocales del Consejo (tanto conservadores como progresistas) y en las asociaciones judiciales como una injerencia política que ataca la independencia del Poder Judicial. Interpretaron que, además, con ésta se traslada una preocupante imagen de pérdida de imparcialidad de órgano de los jueces a la sociedad, puesto que parece que los partidos sólo quieren que haya nombramientos si ellos controlan, a través de la «afinidad ideológica de los vocales», a quién se nombra.

En realidad la propuesta supone un acotamiento de la registrada a mediados de octubre también por los dos partidos del Gobierno de coalición y con la que pretendieron rebajar la mayoría de 3/5 que hace falta en el Congreso de los Diputados para designar a los vocales judiciales del órgano. La propuesta levantó una polvareda que llegó hasta las instituciones europeas, desde donde advirtieron al Gobierno de que supondría una «violación de las normas del Consejo de Europa» por atacar la independencia judicial y la separación de poderes, base de los estados democráticos de derecho.

La Comisión Europea ha vuelto a dar un toque de atención a Sánchez tras conocer la segunda propuesta que pretende sacar adelante su partido y el de sus socios de Gobierno. Le ha advertido de que debe consultar tanto a la oposición como al órgano de Gobierno de los jueces.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insiste en cerrar ya el acuerdo de renovación con su interlocutor en el PP, el consejero de Justicia madrileño Enrique López. Un acuerdo que se mantendría en los términos que ambos estuvieron a punto de rubricar el pasado verano: el PSOE propondría a diez vocales del CGPJ y también pondría sobre la mesa el nombre del presidente del órgano y del Tribunal Supremo, mientras que el Partido Popular propondría a otros diez vocales.

Entre los vocales propuestos por el PSOE se incluiría la propuesta de dos vocales de tendencia progresista con los que se contentaría a Podemos. En este punto es donde surgen las tensiones, puesto que el PP pretende que la formación de Iglesias no participe en la negociación. A estas alturas, el PP no ve posible cerrar el acuerdo antes de febrero y en el PSOE ya asumen que será muy difícil conseguirlo antes de que acabe 2020.

Comentar ()