Nunca ante en España se había hecho. La imagen del evento será inédita, no así su contexto ni su revuelo. La escena de una apisonadora destruyendo miles de armas de ETA y el GRAPO empleadas en cientos de atentados jamás se había escenificado, menos aún en presencia de sus víctimas y de quienes les combatieron: cuerpos policiales, instituciones y jueces. La Academia de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, acogerá el singular acto donde las casi 1.400 armas, tras haber sido peritadas, examinadas y empleadas como elementos de prueba en cientos de juicios, han sido autorizadas para su destrucción definitiva por parte de la Audiencia Nacional.

Lo que no será novedad sino una secuencia repetida será la fractura política. Al acto, organizado por el Ministerio del Interior (recogiendo una propuesta del Centro Memorial de Víctimas del terrorismo que data de 2017), han sido invitados todos los presidentes del Gobierno de la democracia. Serán más los ausentes que los presentes. Mariano Rajoy y José María Aznar han rechazado acudir, en algunos casos aduciendo compromisos previos. Felipe González se encuentra fuera de España y la presencia del otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a última hora de ayer aún no era confirmada por Interior.

Quienes no han sido invitados al acto de Valdemoro han sido los ministros del Interior de la democracia que jugaron un papel muy relevante en la lucha contra el terrorismo. También en algunos ámbitos de la judicatura se ha extendido cierto malestar por haberles dejado fuera de la lista de invitados a un acto con tanta carga simbólica. La organización del mismo se aceleró en los últimos días, cuando muchas de las invitaciones comenzaron a enviarse.

Diversas asociaciones de víctimas rechazan asistir al acto al considerarlo una "maniobra publicitaria"

En el acto, Pedro Sánchez tendrá una intervención de unos diez minutos. El Ejecutivo quiere que la convocatoria sea una escenificación de la derrota de ETA, del terrorismo a manos de las instituciones y la sociedad española, simbolizándolo en la destrucción de las armas incautadas a la organización criminal entre 1977 y 2005.

Desde el PP se cuestionó ayer que en este momento Sánchez promueva un acto de estas características en uno de los momentos más delicados en su relación con las víctimas del terrorismo tras sus acuerdos y apoyos procedentes de la izquierda abertzale. El acto, al que tampoco acudirá el presidente del PP, Pablo Casado, es considerado por los populares como un intento de Sánchez de "blanquear su indignidad" buscando un "baño de multitudes" y apropiándose de la derrota de ETA, pese a que la banda ya se había disuelto cuando él accedió a La Moncloa.

La portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, recordó ayer que Sánchez no luchó contra ETA pero sí ha pactado con EH-Bildu y ha acercado a 151 presos de la banda terrorista a cárceles próximas a Euskadi. "Tampoco ha hecho nada por los 370 crímenes de ETA sin resolver", ha añadido.

Escenificar "el fracaso"

Entre el colectivo de ETA también el acto ha vuelto a evidenciar la fractura. Mientras la asociación mayoritaria, la AVT, ha confirmado su presencia, pese a ser una de las más críticas con la política que Sánchez aplica a los presos de la banda, otras organizaciones como Covite o Dignidad y Justicia no asistirán. Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco considera que no hay nada para conmemorar ni celebrar. "Lo que se va a escenificar es el fracaso del Estado de Derecho con las víctimas, la mitad de ellas no saben quién fue el autor material del asesinato de su familiar, hay cientos de crímenes sin resolver. Son tantas las negligencias que se han cometido con muchas de las armas incautadas que no entendemos que se quieran destruir y escenificar así", asegura la presidenta, Consuelo Ordóñez. Covite ya advirtió a Interior de que no acudiría y que denunciaría hoy las "negligencias" cometidas durante años en el esclarecimiento de los atentados de ETA.

Entretanto, desde Dignidad y Justicia se califica de "maniobra publicitaria" el acto y se denuncia que sólo pretende "tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo".

La propuesta de organizar un acto simbólico de destrucción de parte del armamento incautado a ETA tuvo su origen en 2017, cuando aún gobernaba Mariano Rajoy. Partió del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que propuso con esta iniciativa compensar la resistencia de ETA -como es habitual en organizaciones terroristas- a facilitar una ‘fotografía de la derrota’. La propuesta incluso planteaba, como está previsto llevar a cabo a lo largo de este año, aprovechar el material resultante tras la fundición de las armas para la construcción de un monumento simbólico cuya ubicación y diseño aún están por determinar.

La iniciativa se ralentizó por el proceso de desarme que ETA escenificó el 8 de abril de 2017 en Bayona (Francia) y por su posterior disolución en mayo de 2018. La entrega del arsenal de la banda por parte de Francia a España en febrero de ese año también aconsejó frenar un acto así. El relevo posterior en la jefatura del Ejecutivo paralizó la iniciativa que ahora, en víspera de la inauguración del Centro Memorial del Terrorismo de Vitoria (previsto para finales de abril), ha resucitado La Moncloa.

Propuesta de 2017 resucitada por Sánchez

Presidencia del Gobierno se ha encargado de organizar este acto, que se ha querido revestir de mayor solemnidad con la presencia de Sánchez y de varios de sus ministros. Entre ellos estará el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en 2007 estuvo en la diana del ‘comando Vizcaya’. Entonces estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y se había significado por sus investigaciones contra ETA, lo que le obligó a llevar escolta.

También se ha cursado invitación a autoridades autonómicas y locales y a representantes de colectivos golpeados por la acción sanguinaria de ETA - miembros del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas (Ertzaintza, Mossos, Policía Foral), Instituciones Penitenciarias y Fuerzas Armadas- para simbolizar la derrota de la organización terrorista por parte de la sociedad española. En nombre del Gobierno vasco acudirá la vicelehendakari y secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

Es la primera vez que se procede a la escenificación pública de la destrucción de armas de ETA. Se trata de un arsenal custodiado desde hace años por el Servicio de Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil y que es fruto de multitud de operaciones policiales desplegadas durante casi tres décadas. La eliminación fue autorizada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en septiembre de 2016.

Fuentes del Cuerpo han explicado que cada año se producen en un par de ocasiones el traslado de armas hasta una fundición para su eliminación. Ello se hace normalmente de madrugada, con toda discreción y con escolta policial, a fin de evitar un posible robo. En esta ocasión se llevará a cabo a los ojos de los asistentes físicos y de los que sigan el acto a través de la retransmisión en directo por señal oficial.

Terminado el acto, en el que también está prevista una intervención del director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, el Instituto Armado trasladará los restos a una fundición para reducirlos a la nada. En él está previsto que las víctimas tengan un papel simbólico al ser las encargadas de descubrir las armas, que estarán cubierta por un manto, para que la apisonadora proceda a su destrucción.

1.396 armas, el 90% de ETA

Según ha detallado el Ministerio del Interior, se trata de 1.396 unidades (697 pistolas, 274 subfusiles, 172 revólveres y fusiles de asalto, rifles de precisión y escopetas de ánima lisa) que fueron intervenidas a comandos terroristas de ETA y del GRAPO en operativos policiales desarrollados en España. Estas armas estuvieron sujetas a sumarios judiciales instruidos entre 1977 y 2005.

En el caso de ETA, el arsenal que se va a eliminar procede de infraestructuras que la organización tuvo en Navarra, Barcelona, San Sebastián, Vizcaya y Madrid y que fueron desmanteladas en diferentes operaciones. También de la desarticulación de los comandos ‘Motrico’ (1978), ‘Donibane’ (1981), ‘Pepe Barrios’ (1984), ‘Olloki’ (1986), ‘Txalupa’ (1987), ‘Txarito’ (1988), ‘Lambroa’ (1994), ‘Sugoy’ y ‘Galizia’ (1996), ‘Andalucía’ (1988) y ‘Bakartxo’ (2002).

Ninguna de las armas que este jueves se aniquilarán corresponden a la remesa entregada por las autoridades francesas en febrero de 2018 ni a las que están vinculadas a procedimientos que continúan instruyéndose actualmente por juzgados centrales de la Audiencia Nacional, la jurisdicción competente para investigar los delitos de terrorismo en España.

En el caso del GRAPO, a quienes correspondía el 10 % del arsenal, se trata básicamente de pistolas Star de 9 milímetros y revólveres Astra que le fueron incautados a la banda en operaciones policiales desarrolladas en Madrid, Barcelona y Santiago Compostela.