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Sanidad tenía 98 peticiones previas sin contestar cuando respondió en horas que Illa no se había vacunado

El ministerio recibió la solicitud, concedió audiencia al ex ministro y resolvió en el mismo día / Ha tardado un mes en revelar a este diario por la misma vía el número de peticiones que había registrado con anterioridad y que seguía sin resolver en esa fecha

Salvador Illa, en un acto telemático del PSC durante la campaña del 14-F.

Salvador Illa, en un acto telemático del PSC durante la campaña de las pasadas elecciones catalanas. EP

El Ministerio de Sanidad ha reconocido que tenía pendiente de respuesta al menos 98 peticiones de información que había recibido con anterioridad a través del portal de Transparencia cuando en cuestión de horas registró y contestó por la misma vía la solicitud con la que un diario digital trataba de confirmar si Salvador Illa -ex titular de este departamento y cabeza de cartel del PSC en las recientes elecciones catalanas- se había vacunado contra el coronavirus.

En la recta fina de la campaña del 14-F, eldiario.es recurrió a la Ley de Transparencia para conocer si Illa había recibido la primera dosis, después de que aquél se hubiera negado a hacerse una prueba PCR antes de participar en un debate de TV3 y algunos grupos de la oposición empezaran a sospechar que el candidato socialista podría haberse ya inmunizado sin corresponderle. «¿A fecha 11 de febrero de 2021, Salvador Illa Roca, ex ministro de Sanidad, ha recibido alguna de las vacunas contra la covid-19? En caso afirmativo, solicito el informe que certifique la inoculación de esa vacuna con la fecha de la inyección», preguntaba literalmente el periódico.

La petición se realizó el 11 de febrero, tres días antes de la jornada electoral. Con una velocidad inaudita, Sanidad recibió la solicitud de información, notificó el comienzo de su tramitación al interesado, consultó a los «servicios competentes del departamento» y concedió el trámite de audiencia a Salvador Illa que la Ley de Transparencia prevé en el artículo 19.3: «Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación».

Todo fue fulgurante. Según el secretario de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, el ex titular de Sanidad mandó ese mismo día un escrito en el que hacía constar su «autorización expresa e inequívoca» a que se certificara si se había vacunado o no y al «acceso a sus datos personales» para que se pudiera ofrecer la información que se había requerido. Sin perder tiempo, el ministerio satisfizo la demanda de información que había formulado el citado medio de comunicación.

A las 19.30 horas del 11 de febrero, eldiario.es informó de que Salvador Illa no se había inmunizado, reproduciendo el documento con el que la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud le había certificado tal extremo. La polémica quedaba así cortada de raíz en vísperas de la cita con las urnas.

Sanidad recibió la solicitud, concedió audiencia al ex ministro y respondió en el mismo día, justo tres días antes de las elecciones catalanas

El ministerio que dirige Carolina Darias no necesitó ni 24 horas para tramitar una petición que en condiciones normales tarda semanas en contestarse. La ley establece un mes para responder, plazo que se alarga cuando -como en este caso- hay que conceder audiencia a un tercero al afectar la información solicitada sus «derechos e intereses». En estas situaciones, la norma otorga un margen máximo de 15 días. Sanidad e Illa lo resolvieron en unas horas.

En respuesta a una petición de información registrada por este redactor a través del portal de transparencia, Sanidad ha admitido que entre el 1 de enero y el 11 de febrerode este año había recibido 126 solicitudes y que, de éstas, «98 habían sido asignadas a los centros directivos y estaban en fase de resolución» en la fecha en la que registró la petición sobre si el ex ministro se había vacunado.

En concreto, 40 se habían puesto en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública, 16 en la Subsecretaría, 14 en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 11 en la Unidad de Información de Transparencia (UIT), siete en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), cuatro en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, tres en la Secretaría General Técnica, dos en la Dirección General de Ordenación Profesional y una en la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

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Así se detalla en la respuesta que el subsecretario del Ministerio de Sanidad, Francisco Hernández Spínola, ha ofrecido este martes (último día de plazo). La petición de información por transparencia se registró el pasado 12 de febrero, si bien no se empezó a tramitar hasta cuatro días después. De esta forma, el departamento ha necesitado un mes para dar a conocer cuántas solicitudes recibidas con anterioridad al 11 de febrero estaban sin responder en dicha fecha -aun sin tener que dar traslado a terceros- frente a la inusual celeridad con la que atendió la consulta sobre si Salvador Illa se había vacunado.

Reticencia con el comité de expertos

Esta rapidez también contrasta con la reticencia que demostró Sanidad a la hora de hacer pública la identidad de los funcionarios que le asesoraron para decidir a qué fase pasaba cada comunidad autónoma durante el primer proceso de desescalada, hasta el punto de que sólo accedió a facilitarlo después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) hubiera amparado las reclamaciones recibidas sobre este particular.

El Gobierno de Pedro Sánchez se había negado a revelar dichos datos alegando que, en caso de difundirlo, estaría vulnerando el derecho a la protección de datos de los citados empleados públicos. El CTBG rechazó ese argumento y, por el contrario, resolvió que proporcionar esa información favorecía el control de la actividad pública por parte de la sociedad en «decisiones relevantes».

De acuerdo con las resoluciones consultadas por este diario, Transparencia estimó el pasado año 45 reclamaciones que se habían formulado contra Sanidad, el segundo departamento tras Interior. De éstas, la Administración atendió 37, recurriendo en cuatro ocasiones a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. En otros cuatro casos no le consta el cumplimiento al organismo independiente que vela por la transparencia en las entidades públicas.

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