España

Uruguay subasta un hotel sobre el que una empresa panameña de Villarejo tiene derechos de cobro

El comisario jubilado vendió un complejo turístico de Punta del Este a finales de 2013 y el comprador dejó de pagarle unos 883.000 euros / La compañía del policía cobrará tras la puja si queda dinero cuando se abonen los impuestos adeudados

El uruguayo Hotel Saint-Pierre (antes Don Pepe), que Villarejo vendió al arquitecto argentino Adrián Beloso-Baker en 2013.

El antiguo hotel Don Pepe, que Villarejo vendió a Adrián Beloso-Baker en 2013. EL INDEPENDIENTE

Un Juzgado de lo Civil de Uruguay ha sacado a subasta un complejo hotelero ubicado en Punta del Este sobre el que tiene derechos de cobro una empresa panameña vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo (Eucalyptus Forest SA), una de las investigadas en la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional desde hace casi tres años y medio. Las deudas acumuladas y la existencia de créditos preferentes alejan la posibilidad de que la Justicia española pueda embargar parte de los fondos que eventualmente se obtengan en esta puja.

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En un edicto fechado el pasado 3 de marzo, al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno de Montevideo señala a las 14.30 horas del próximo 8 de abril el remate del terreno y edificios que ocupaba el antiguo Parque Hotel Saint-Pierre (antes Don Pepe). La subasta no tiene precio de salida, descontándose del importe de adjudicación los más de 54.000 dólares estadounidenses que la propiedad adeuda en concepto de tributos e impuestos.

La subasta se llevará a cabo un año y cinco días después de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay avalara que la venta del hotel por parte de una empresa perteneciente al entramado de Villarejo (Cenyt Consultoría Organizacional SL) al matrimonio formado por el arquitecto argentino Adrián Beloso-Baker y la madrileña Raquel Serna fue «válida y eficaz», por lo que le reconocía el derecho a cobrar la suma de 1.051.367 dólares estadounidenses (883.120 euros al cambio actual) que los comparadores adeudaban. Se ponía así fin a un pleito que se había prolongado durante casi cinco años.

Los hechos se remontan al 11 de septiembre de 2013, cuando Beloso-Baker y Serna adquirieron el 100 % de las acciones de la empresa propietaria del antiguo hotel (Topy SA) y de la explotadora del complejo (Pierre SRL). Como garantía de pago, los compradores hipotecaron el inmueble -con una superficie construida de 6.583 metros cuadrados en una parcela de 1.392 metros cuadrados- en favor de Cenyt Consultoría Organizacional.

Beloso-Baker y Serna acordaron con Villarejo entregarle sus propiedades en España -una vivienda en Las Rozas (Madrid), una oficina en el barrio de Chamartín y un edificio de apartamentos en Arroyo de la Miel (Benalmádena, Málaga)- y pagarle 1.051.367 dólares estadounidenses con los ingresos que teóricamente generaría la explotación del establecimiento. Ello totalizaba 2,5 millones de dólares, algo menos de 2,1 millones de euros al cambio actual. 

La Justicia uruguaya ha reconocido a una empresa de Villarejo el derecho a cobrar 883.000 euros por el hotel que vendió en 2013 y no cobrado en su totalidad

Durante el pleito, la parte compradora sostuvo sin éxito que cerró el trato en España fiándose de la palabra del hijo de Villarejo -imputado en la causa y administrador de diversas sociedades constituidas por su padre- por la confianza «cuasi familiar» que mantenía con el comisario hoy investigado y sin haber visitado previamente las instalaciones. Ya en Uruguay descubrieron que el complejo turístico estaba en estado ruinoso y que la información económico-financiera que le habían proporcionado no se correspondía con la realidad por cuanto el hotel daba pérdidas desde hacía años, lo que hacía imposible generar los recursos que les tendría que permitir pagarle el canon anual de 150.000 dólares (130.000 euros) convenido hasta completar el montante.

A la vista de que los compradores no pagaron la renta acordada por la explotación del Parque Hotel Saint-Pierre (antes Don Pepe), Eucalyptus Forest SA -sociedad panameña vinculada a Villarejo a la que Cenyt Consultoría Organizacional había cedido el cobro del dinero (1.051.367 dólares estadounidenses)- promovió un procedimiento de ejecución que terminó ganando tras perder en primera instancia y darle la razón los jueces tanto en apelación como en casación.

La cesión del crédito hipotecario a favor de Eucalyptus Forest se escrituró el 9 de octubre de 2014 y fue comunicada a los compradores el 28 de noviembre de ese año. Fue mediante un telegrama en el que se les notificaba que, a partir de esa fecha, los ingresos tendrían que hacerlo en una cuenta del HSBC Bank USA en Nueva York a nombre de la citada sociedad panameña, hoy suspendida por las autoridades del país centroamericano después de que el agente residente renunciara a seguir prestándole servicio y no haber nombrado a otro despacho de abogados para que le representara.

Telegrama por el que comunican a Beloso-Baker la cesión de crédito a favor de Eucalyptus Forest SA.

La constitución de Eucalyptus Forest -inicialmente denominada Valle Luna Consultores SA- se escrituró el 29 de junio de 2006 ante el notario panameño Mario Velázquez Chizmar. Fue el mismo día y el mismo fedatario ante el que se elevó a pública la creación de Participaciones Marvila SA (Microspermum SA desde febrero de 2011), sociedad que está también bajo la lupa de los investigadores del caso Villarejo por ser una de las empresas que utilizó presuntamente el antiguo agente encubierto para cobrar los servicios prestados a los clientes guineanos (Proyecto King). Este encargo es el que motivó la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y dio inicio a la instrucción de esta macrocausa, desgajada ya en una treintena de piezas separadas.

Subasta al mejor postor

La subasta del complejo turístico vendido en 2013 por una empresa de Villarejo y no cobrado en su totalidad será al mejor postor, no arrancará con un importe mínimo e incluirá créditos preferentes. Según detalla el rematador en el anuncio, la propiedad adeuda más de 35.085 dólares en contribución inmobiliaria -de pago anual y cuyo importe se calcula en función del valor inmueble- y 19.525 dólares por el conocido impuesto de Primaria, tributo que se destina a las arcas de la educación pública y no a los gobiernos departamentales.

Tanto la contribución inmobiliaria como el impuesto de Primaria tienen prioridad de cobro en el remate, garantizándose su ingreso al ser obligatorio el pago para los nuevos dueños para poder escriturar la propiedad. Con todo, esa cantidad se descontaría del importe de adjudicación del antiguo hotel -de donde espera cobrar también los 170.000 euros que le adeuda Eucalyptus Forest al abogado uruguayo que le llevó el pleito– en caso de que se puje finalmente por el inmueble y no quede desierto, posibilidad que no se descarta a la vista de la situación provocada por la pandemia.

Plano del complejo turístico de Punta del Este que perteneció a una empresa de Villarejo, según el Catastro.

Eucalyptus Forest sólo cobraría si después de que se atendiesen los créditos preferentes sigue quedando dinero. Es en ese momento y no antes cuando las autoridades uruguayas -en ejecución de los mandamientos librados por la Audiencia Nacional- podrían embargar esa cantidad. «Cuando se remata hay que presentar la información registral y no sale dicho embargo», explican fuentes jurídicas del país suramericano.

En un auto fechado el pasado 2 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo libró una nueva comisión rogatoria a Uruguay a fin de bloquear, embargar y decomisar todos los bienes que pudieran tener las empresa controladas por el comisario ya retirado. El magistrado Manuel García-Castellón, igualmente, solicita el bloqueo de cualquier cuenta en la que participen el policía, su hijo José Manuel, su mujer (Isabel Alcalá Alcalá Garcés) y su socio (Rafael Redondo) tengan en dicho país.

Además de a las autoridades de Uruguay, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha pedido colaboración a Panamá, República Dominicana, Suiza, Reino Unido, Isla de Man y Hong Kong en un intento de localizar el dinero que el polémico policía obtuvo con los servicios que se investigan en este procedimiento y que supuestamente mantendría oculto al fisco español.

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