El Pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió pedir un informe al Gabinete Técnico del órgano sobre para saber cómo debe actuar después de aprobarse esta semana en el Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita su función de realizar nombramientos mientras esté en funciones.

La norma, propuesta por PSOE y Podemos y que ha contado con el respaldo de una mayoría de las Cortes para su aprobación, ha sido considerada una injerencia del poder Político en el Judicial tanto por la mayoría de vocales del órgano de gobierno de los jueces como de las asociaciones judiciales.

En el Pleno de este mes que se celebró este jueves, y en en el que el Consejo ya no pudo realizar los nombramientos de la cúpula judicial pendientes, decidió pedir el mencionado informe para saber cuál es el alcance de la reforma propuesta por los partidos del Gobierno ante la falta de acuerdo con el Partido Popular, principal partido de la oposición, para renovar el órgano que lleva en funciones desde noviembre de 2018.

Conflicto de atribuciones ante el Constitucional

Los vocales acordaron recabar dicha asesoría técnica para conocer si pueden realizar otras funciones como la aprobación de bases para la convocatoria de nuevas plazas.

Varios vocales plantearon, como ya lo han hecho en otras fases del curso de la reforma, que será posible presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran una intromisión de los partidos políticos en la independencia del Poder Judicial. Esto, aunque son conscientes de que no implicará un paso atrás en la aplicación de los términos de la reforma, según trasladan fuentes del órgano a El Independiente. En el caso de que decidieran hacerlo -parece difícil porque la iniciativa tiene pocos apoyos en el órgano-tendrán que hacerlo antes de un mes desde la aprobación definitiva de la reforma, como marca la ley.

Las asociaciones judiciales, contra la reforma

Precisamente este jueves las tres asociaciones judiciales Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) emitieron un comunicado conjunto muy crítico con la actuación de los partidos políticos, en el que consideraron que la reforma «maniata» al Consejo General del Poder Judicial.

«Tras más de dos años a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su incapacidad para reformar la LOPJ y que sean los Jueces y Magistrados quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones, ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política», se puede leer en dicho comunicado.

«Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo. Nada de esto hubiera sucedido si, como defendemos las asociaciones judiciales firmantes, en posición asumida por el Comité de Ministros de la UE, el TEDH, el Grupo GRECO o la Comisión de Venecia, los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces», reivindican en el comunicado.