Casado cree que hay tiempo de aquí al 9-M para aprobar una ley de pandemias

El líder del PP, Pablo Casado, considera que de aquí al 9 de mayo, día en que termina el actual estado de alarma, hay tiempo para aprobar lo que llama una nueva ley de pandemias, que no sería otra cosa que la modificación de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Creen los populares que, a través de la misma, es posible ofrecer a las Comunidades autónomas cobertura legal para abordar las medidas excepcionales y puntuales que tengan que implementar ante determinados rebrotes del contagio una vez acabe el estado de excepcionalidad.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo, en el sentido de que sólo se pueden restringir derechos fundamentales a través de estados de alarma, excepción o sitio, tanto en el PP como muchos juristas opinan que a través de leyes orgánicas se pueden tomar este tipo de decisiones con carácter puntual.

Alude el PP concretamente al artículo 3 de la ley antes enunciada, que señala que "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

El líder del PP volverá a ofrecer a Sánchez el próximo miércoles una reforma legislativa

No añade nada más, pero ofrece la posibilidad de un desarrollo que permita medidas restrictivas hasta que se alcance la vacunación masiva contra el Covid de la que hablaba este martes el presidente del Gobierno.

El primer partido de la oposición ha propuesto a lo largo de este año abordar otro paquete de reformas que afectarían también a la ley de Seguridad Nacional y a la del sistema nacional de Protección civil, que permiten también, dicen, la limitación de movilidad. Incluyen asimismo la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de modo que los TSJ y el Supremo deban autorizar las medidas restrictivas para no perder las garantías judiciales.

Porque la gran incógnita a despejar ahora es qué pasará a partir del 9 de mayo. Sin un decreto que lo ampare, medidas como los confinamientos perimetrales entre Comunidades autónomas o los toques de queda dejan de estar en vigor. La situación está generando un enorme debate territorial, entre otras cuestiones porque para esa fecha, la mayoría de las comunidades estará muy lejos de haber vacunado siquiera a la cuarta parte de su población, con lo que el riesgo de contagio, sin determinadas restricciones, es muy alto.

Casado volverá a ofrecer el miércoles de la semana que viene a Pedro Sánchez la posibilidad de abordar unas reformas legislativas a las que, por otro lado, se comprometió el Gobierno tanto con Ciudadanos como con ERC y PNV para sacar adelante la quinta y sexta prórroga del estado de alarma en la primera ola del coronavirus. En concreto, en aquellos acuerdos de junio del año pasado se explicitó el compromiso del Gobierno de analizar las “reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma” con las que actuar ante posibles rebrotes sin recurrir de nuevo al artículo 116 de la Constitución.

El Ejecutivo no abordó ni una sola de las reformas acordadas con Ciudadanos, ERC y PNV

Pero lo cierto es que el Ejecutivo no abordó ni una sola reforma desde entonces, lo que deja a las Comunidades a la intemperie. En Moncloa alegan, sin embargo, que esa cobertura se puede conseguir a través de los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud Pública y en la Justicia, aunque no sería la primera vez que los tribunales echan abajo una medida restrictiva de movimiento de los ciudadanos decretada por la administración autonómica.

El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Recuperación y de Resiliencia que tiene que remitir a Europa antes del 30. Un día después, el miércoles 14 de abril, Sánchez lo presentará en el Congreso junto con un informe de la gestión del actual estado de alarma. Será en este contexto que Casado vuelva a proponer un acuerdo para reformar la ley de Salud Pública, convencidos los populares de que hay plazo suficiente para su aprobación antes del 9-M.

Sin embargo, ya tiene el no del Gobierno por adelantado. Este mismo miércoles, la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo, subrayó su negativa a modificar ninguna legislación para afrontar la nueva desescalada por entender que no es necesario. Aduce Calvo que son las competencias autonómicas en materia de salud, las que "permiten muchas respuestas", informa Europa Press.

También comentó que las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud son de "obligado cumplimiento", según han avalado los tribunales. Por ello, "no hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el Gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir".