Lo que no consiguió Pablo Iglesias en el seno del Gobierno de coalición -a pesar de que se mantiene la negociación abierta- lo propone ahora para la Comunidad de Madrid, esto es, el control de los precios del alquiler, la cesión obligatoria de la vivienda vacía y como añadido más regional cancelar «el pelotazo» de la Operación Chamartín, bendecida en época en que Manuela Carmena era alcaldesa de la ciudad.

Las dos primeras medidas estarían contenidas en la primera Ley de de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid «porque hay que empezar a tratar la vivienda como el derecho que es, y no como un privilegio», dice el argumentario morado, que agrega que dicho derecho ha sido «pisoteado» por el PP durante años.

Para empezar, está el tan controvertido control de los precios del alquiler que que resulta el gran escollo de la negociación de los socios de Gobierno. El precio de ese alquiler estará vinculado, según la propuesta de Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid, a los ingresos medios de los hogares en las zonas tensionadas y no podrá superar el 30 por ciento de dicho promedio.

Los fondos buitre y los bancos deberán ceder obligatoriamente su vivienda vacía

Además, los fondos de inversión, bancos, Socimis y grandes tenedores de más de 10 viviendas deberán ceder obligatoriamente sus viviendas vacías para incorporarlas a un parque público de alquiler destinado a jóvenes, parados de larga duración mayores de 50 años familias monomarentales (sic) y otros colectivos vulnerables. Además, en este caso el precio no superará el 15 por ciento de los ingresos medios de la zona donde está el inmueble.

También se creará un nuevo impuesto para gravar a los «grandes especuladores», no a los pequeños propietarios, que son los que impiden «que baje el precio del alquiler», afirma en un vídeo Alejandra Jacinto, abogada y activista experta en desahucios y número cuatro de la candidatura de Iglesias. Además, Jacinto anuncia que «acabaremos con los grandes pelotazos urbanísticos como la Operación Charmartin», un proyecto que se ha ido retrasando en el tiempo y que terminó de ser aprobado en época de Carmena ya entonces con la oposición de un sector de los morados.