La cifra no deja de aumentar. El último informe de las autoridades sanitarias vascas reveló ayer que la incidencia acumulada en Euskadi es ya de 509 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el país y el doble de la media nacional. En este contexto, por ahora el Gobierno vasco ha decidido no endurecer las restricciones, pese a que la 'ley antipandemia' que los dos partidos que sustentan el Ejecutivo tramitan por la vía de urgencia en el Parlamento Vasco sí lo haría. En este contexto establecería "dentro de nuestras competencias" la implantación más restrictiva recogida en la ley.

La norma que PNV y PSE quieren aprobar, y con la que se quiere reforzar, al menos parcialmente, el paraguas normativo ante una derogación del Estado de Alarma a partir el 9 de mayo, situaría el actual escenario pandémico en el nivel 5, el máximo previsto. Es el que se aplicaría a partir de una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, como la actual.

De tener aprobada la ley planteada por el Ejecutivo Urkullu, el Gobierno podría intensificar medidas de “confinamiento individual o para colectivos específicos”, implantar un adelanto del horario de cierre de toda actividad económica y social no esencial o incluso llegar a forzar su suspensión. Junto a ello, tendría la facultad para decretar la suspensión de toda actividad sociales y culturales presenciales. Además, valoraría pasar la actividad escolar a un formato on line. Las decisiones que recoge la ley vasca para un escenario como el actual incluye en muchos casos el aval previo de las autoridades judiciales.  

La limitación de la movilidad nocturna también se contempla como una de las medidas a adoptar en este nivel máximo de “transmisión muy alta”. Desde esta semana en Euskadi no sólo las tres capitales vascas están perimetralmente cerradas –está prohibido, salvo causas justificadas, salir de ellas- sino también los tres territorios históricos y 60 localidades más.

Con "ratificación judicial"

Los distintos niveles de incidencia de la pandemia se clasifican en función del impacto de la misma. El endurecimiento de las medidas se refuerza de modo especial a partir de una incidencia acumulada de 300 casos, a partir de cuando se entra en el nivel 4 de los 5 previstos. Actualmente 65 los municipios en Euskadi rebasan los 400 casos de incidencia acumulada. Ya en el nivel 4 previsto en esta ley se permite al Gobierno adoptar el cierre de toda actividad comercial no esencial o, en su defecto, limitarla a un 35% de aforo.

Con esta norma Urkullu pretende reforzar la viabilidad de su toma de decisiones y no chocar con el revés de los tribunales, como sucedió con la medida que decretó el cierre de la hostelería. Ahora la norma que ya tramita la Cámara vasca establece que en los casos en los que las restricciones puedan suponer una afección a derechos fundamentales deberán contar previamente con una “ratificación judicial”. Se determina que será el lehendakari quien vía decreto podrá acordar la adopción de las medidas.

A la ciudadanía se le obliga a colaborar con las autoridades sanitarias con la adopción de las medidas de protección establecidas. Así, la ley vasca establece el uso obligatorio de la mascarilla para mayores de 6 años y un uso obligatorio no sólo en espacios cerrados sino incluso durante los paseos en la playa. También se incluye la prohibición de fumar en una vía pública y en aquellos lugares donde no se puede respetar una distancia mínima de 2 metros entre personas. En el capítulo de sanciones, los incumplimientos más graves podrán ser castigados con multas de hasta 600.000 euros.  

Modificaciones legislativas

La ley vasca sólo podrá aplicarse previa declaración de la emergencia sanitaria. Prevé convertirse en una herramienta suficiente “dentro de nuestras competencias” para dar respuesta a la necesidad de abordar la lucha contra la pandemia. Se apunta sin embargo que esta norma en ningún caso sustituye a las “modificaciones legislativas” que se considera que se deben abordar a nivel nacional. En su preámbulo la ley reconoce que ante la previsible finalización del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo, y “ante la incertidumbre de su continuidad”, se hace evidente la necesidad de “contar con una ley que responda a las necesidades imperiosas y de contexto urgente”. “Necesitamos una ley concreta para una situación concreta”, se apunta.

La ley vasca establece cinco niveles de impacto de la pandemia de acuerdo a indicadores como el ratio de contagios, la ocupación de UCIs, la trazabilidad, la incidencia en franjas de edad o el R0 que mide la capacidad de contagio del virus. En cada nivel se fija un límite de medidas en torno a la movilidad, la actividad económica, los aforos o el agrupamiento de personas. Muchas de ellas se condicionan al mínimo previsto en el decreto de Estado de Alarma.

En apenas tres semanas el Estado de Alarma podría decaer si, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solicita su prórroga. Tanto Urkullu como la mayoría de partidos de la Cámara vasca han reclamado la continuidad de esta medida para no provocar un cierto desamparo normativo a los gobiernos autonómicos en la adopción de medidas en puertas del verano. Pese a que la tramitación de la ley vasca antipandemia se tramitará por la vía de urgencia y de que PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, la nueva ley no estará en vigor en ningún caso antes de finales del mes de junio.