El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado decretar la prisión provisional ni otro tipo de medidas cautelares, como habían pedido las acusaciones del activista saharaui Fadel Breica y de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), respecto a Brahim Ghali después de que el líder del Frente Polisario haya declarado por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño, donde está ingresado. España acogió "por razones humanitarias", según alegó el Ministerio de Exteriores, al también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que llegó a nuestro país el 18 de abril con un cuadro grave de Covid-19.
En sendos autos, que responden a la petición de medidas por los querellantes en las dos causas por las que ha declarado, el magistrado acuerda que Ghali debe aportar un domicilio y un número de teléfono en España con el objetivo de que pueda ser localizado. El fiscal y el abogado de la defensa, Manuel Ollé, se han opuesto a la adopción de medidas cautelares. «Nunca debió admitirse esta querella», ha afirmado el letrado a la salida de la declaración.
El juez señala que en el caso del líder polisario "no puede apreciarse riesgo de fuga alguno", por lo que descarta el decreto de prisión provisional. "No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa" y ha declarado ante la Audiencia Nacional de forma telemática, debido a su delicado estado de salud. De hecho, el magistrado ha resaltado este hecho y ha puesto en relieve que "le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración" hasta que el acusado se encontrase estable.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 recuerda que Ghali "no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento", más aún teniendo en cuenta la fecha en la que se produjeron los hechos que ahora se evalúan, cuando él no era el líder del Frente Polisario ni el presidente de la RASD, sino que ostentaba el cargo de ministro de Defensa de la autoproclamada República. "No se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo [Ghali] pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna", completa en el auto emitido por Santiago
Pedraz al respecto de las diligencias abiertas con la querella de Asadedh.
El juez indica que "el informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios", ya que los testigos preguntados en la causa no han presentado pruebas para corroborar que Ghali haya cometido los graves delitos por los que se le investiga, entre los que se encuentran genocidio, lesa humanidad y torturas en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).
Por último, Santiago Pedraz entiende que no bastan, "por obvio", para acordar medidas cautelares la afirmación de las acusaciones de que el líder del Frente Polisario entrase en España de manera ilícita. El abogado de la defensa, Manuel Ollé, ha señalado al respecto a la salida de la vista en la Audiencia Nacional que su cliente "no vino escondido, entró con su pasaporte y entró en un estado más cercano de la muerte que de la vida".
En el auto relativo a la querella interpuesta por el activista saharaui de origen español Fadel Breica, el magistrado ha desestimado también tomar medidas cautelares contra Ghali por las mismas razones que le ha dado a la asociación pro derechos humanos saharaui. No obstante, Santiago Pedraz ha añadido en este auto que la acusación no aportó elementos "siquiera indiciarios que avalen
la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno", dado que simplemente señaló había indicios de que el líder polisario hubiese cometido "delitos muy graves", pero sin indicar cuáles eran esos indicios.
Asimismo, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 mencionó las palabras de la acusación, que señaló que Brahim Ghali podría fugarse de España "porque ingresó en el hospital de forma 'extravagante' por la documentación aportada que afirma ser falsa (lo cual no consta)".
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