España | Tribunales Caso Villarejo

El juez insiste en que la "única explicación" sobre la tarjeta de Dina es que se dañó "en poder de Iglesias"

Manuel García-Castellón se muestra sorprendido de que la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo Dina Bousselham, acusación en el 'caso Tándem', "quiera evitar el esclarecimiento de hechos con apariencia delictiva"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que pidió al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno viendo indicios de que cometió hasta tres delitos en el manejo de un volcado del móvil de su colaboradora Dina Bousselham, insiste en que «la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias».

El juez vuelve a trasladar así los indicios que sigue viendo contra Iglesias (que ya no es aforado y al que puede citar como investigado) en un auto de este lunes con el que rechaza la pretensión de Bousselham de que la Policía Científica no analice la tarjeta móvil objeto de la investigación alegando que la diligencia es «inútil» por medio de un recurso de reforma.

«Resulta llamativo constatar que el recurso se interpone por quien, a priori, se encuentra en una posición de acusación particular, y pues, en esencia, mediante la interposición del recurso lo que se pretende es evitar toda posibilidad de esclarecimiento de unos hechos con apariencia delictiva», considera el juez en referencia a Bousselham, que a finales de 2015 denunció el robo de su móvil y figura como perjudicada en el caso Tándem desde que se conoció que una copia del volcado de su móvil apareció en casa del comisario investigado José Manuel Villarejo.

Sabía que compartió los pantallazos

Tanto Bousselham como Iglesias declararon como perjudicados ante el instructor García-Castellón al conocer la aparición de una copia del móvil en casa de Villarejo y sostuvieron el relato de que las cloacas policiales del Estado pudieron estar tras el robo de éste y la filtración de mensajes de miembros de Podemos contenidos en su interior a la prensa para perjudicar al partido y al propio Iglesias en el momento en que las encuestas les situaban como segunda fuerza política.

Iglesias explicó que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, le llamó un día para dejarle ver el contenido de la copia de la tarjeta móvil que había llegado por medio de un anónimo a la revista Interviú del grupo. Se la entregó por contener información íntima de su asesora y del partido e Iglesias la conservó durante al menos seis meses sin entregársela a Bousselham.

Dos periodistas de la revista Interviú hicieron llegar una copia de la tarjeta a Villarejo, como ellos mismos reconocieron, al entender que se trataba de un requerimiento policial.

Sin embargo, el juez percibió mientras se fueron practicando diligencias que Villarejo tuvo la copia después que Iglesias y que la propia Bousselham envió a terceras personas los pantallazos de conversaciones de miembros de Podemos que acabaron publicados en el digital Okdiario el verano de 2016.

«La devolución de la tarjeta inservible, por parte del aforado a Dina Bousselham, resulta coherente con la observación de las capturas de pantalla de los mensajes en los que había intervenido el Sr. Iglesias, y con la publicación de estas mismas imágenes en el medio de comunicación Okdiario, y a juicio de este magistrado evidenciarían que el aforado, Sr. Iglesias, sabía que las imágenes que aparecían publicadas en el digital las envió la Sra. Bousselham», repara el juez en su auto, trasladando que Iglesias pudo inutilizar el dispositivo y quedárselo durante meses una vez que comprobó, en 2016, que la propia Bousselham había compartido esos datos que acabaron publicados en la prensa.

Aún así, cuando años más tarde fue a declarar como perjudicado de la trama de Villarejo ante el instructor García-Castellón, se presentó como una víctima de los manejos del comisario y de las cloacas del Estado, que habrían montado una campaña mediática en su contra.

Después de que el abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente declarase como testigo ante el juez que el robo del móvil de Bousselham fue «un montaje» porque la cúpula de la formación sabía que ella misma compartió las conversaciones que se publicaron en prensa, el juez elevó al Supremo los indicios de un presunto delito de denuncia falsa contra Iglesias, así como de supuestos delitos de daños informáticos y revelación de secretos.

En el auto de este lunes, el juez insiste en los indicios que le llevaron a elevar una exposición razonada ante el alto tribunal. Rechaza el recurso de Bousselham contra su decisión de pedir un nuevo estudio a la Policía Científica para ver si puede acceder al contenido de la tarjeta móvil. Una vez se conozca el resultado de dicho estudio, se espera que el instructor decida si cita como investigado a Iglesias.

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