Un pequeño detalle de la tarjeta del móvil robado a la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, saca a la luz un cabo suelto más de los múltiples que aún quedan por resolver en el caso por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pidió al Tribunal Supremo investigar al vicepresidente segundo del Gobierno por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
Bousselham denunció que el móvil le fue robado el 1 de noviembre de 2015 en un centro comercial de Alcorcón (Madrid). Iglesias, entonces como secretario general de Podemos, fue avisado a principios de enero -según explicó él mismo cuando declaró en la Audiencia Nacional y el juez del caso Villarejo le ofreció figurar como perjudicado en la causa- de que una copia de la tarjeta del móvil de la mujer, con el volcado de todo su contenido, había llegado a la revista Interviú. El presidente del Grupo Zeta al que pertenecía la revista, Antonio Asensio Mosbah, trasladó a Iglesias que el dispositivo tenía contenido que le afectaba a él directamente, entregándoselo "con un lector que permitía ver las fotografías" y asegurándole que no publicarían nada al respecto. Para Iglesias, "se portó como un caballero".
Meses después, dos redactores de investigación de la mencionada revista imputados también en la causa por supuesto descubrimiento y revelación de secretos entregaron una copia de la tarjeta al comisario ahora investigado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. Lo hicieron, según han expuesto ante el juez, en respuesta a lo que entendieron como un requerimiento policial de información por el papel que el comisario Villarejo tenía entonces (adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional), con amplia influencia y relevancia.
El informe policial no especifica qué fotografía era
Pues bien, después del robo y antes de que el presidente del Grupo Zeta se la entregara a Iglesias, ésta habría sufrido una modificación. Se le habría incorporado una fotografía (archivo JPG) el día 8 de diciembre de 2015. Así se desprende de uno de los informes técnicos elaborados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional incorporado al sumario de la causa en marzo de 2019. En una carpeta denominada 'Edited' (editada) de la tarjeta SD del teléfono aparecen las imágenes que contenía el dispositivo con la supuesta fecha en la que éstas se crearon. Es decir, el nombre de cada archivo reflejaría el momento en que fueron tomadas las fotografías. Fuentes jurídicas alertan a El Independiente de que sólo una de ellas tiene una fecha posterior al robo. Entonces, ¿quien robó el dispositivo tomó una foto mientras el móvil estaba en sus manos? ¿Modificó la tarjeta incorporando una fotografía al dispositivo en tal fecha?
En el informe policial revisado por este diario no se puede visualizar la imagen. Sólo se recoge la fecha del archivo y una numeración con la que quedó registrada. Pablo Iglesias -según declaró ante el juez- sí pudo ver qué fotografías contenía el dispositivo gracias a la utilización de un lector de tarjetas, por lo que es posible que viera esa imagen junto a todas las demás.
Fuentes de la investigación -que ahora se encuentra en punto muerto a la espera de que el Tribunal Supremo decida si investiga al vicepresidente Iglesias como pidió el instructor del caso Villarejo o devuelve el caso a la Audiencia Nacional como interesó la Fiscalía considerando que la investigación no está acabada- reconocen que el detalle es importante y que cuanto menos, sorprende. Fuentes de la defensa de los investigados directamente consideran que podría ser una prueba de que el robo realmente no existió.
Debería investigarse en un juzgado madrileño
Antes de enviar la exposición razonada en la que pidió a la Sala Segunda investigar al vicepresidente Iglesias, el instructor del caso Villarejo tomó declaración como testigo al abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente que denunció al partido por distintas supuestas irregularidades, parte de los indicios sobre éstas ahora investigados en un juzgado madrileño.
Calvente sostuvo que el relato sobre el robo del móvil de Bousselham fue un "montaje" de la cúpula de Podemos para presentar a Iglesias como víctima de las cloacas policiales del Estado puesto que el volcado del móvil de la ex asesora de Iglesias apareció en casa del comisario Villarejo. Precisamente su declaración sirvió al juez para exponer indicios de un presunto delito de denuncia falsa contra el vicepresidente.
Cuando fue a declarar como testigo, Iglesias afirmó ante el juez que el comisario pudo filtrar a Okdiario los pantallazos entre miembros del partido contenidos en el móvil que el medio publicó el verano de 2016, cuando Podemos se perfilaba como segunda fuerza política, y le dejaban a él en un mal lugar. Cuando declaró, esa era la línea de investigación a la que también apuntaban el juez y los fiscales.
Pero después se supo que la propia Bousselham había compartido con terceras personas los pantallazos del móvil, por lo que la supuesta filtración de Villarejo no era la única vía para que hubieran llegado a Okdiario. El juez reparó después en que Iglesias recibió una copia de la tarjeta de Bousselham meses antes que Villarejo y no se la entregó a ella a pesar de que tenía contenido íntimo que le afectaba y que, además, cuando ella trató de acceder al dispositivo no pudo porque estaba dañado. Quiso dar mayor protección a Bousselham frente a su jefe y comenzó a reunir indicios de delitos de daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos contra Iglesias. Pero Bousselham rectificó y dijo que sí pudo acceder al dispositivo cuando se lo devolvió. No se sintió perjudicada por las decisiones de Iglesias.
Precisamente ese es el mayor escollo que encontró el juez García-Castellón para continuar con la causa de investigación a Iglesias. La Sala de lo Penal rectificó al instructor por quitar a Iglesias la condición de perjudicado -algo que también había pedido Anticorrupción- y le indicó que la única vía de investigación para la que hasta el momento había indicios sólidos era la que apuntaba a Villarejo por tener una copia del móvil de Bousselham en su domicilio. El resto eran "hipótesis alternativas" que además no debían investigarse en la Audiencia Nacional.
Quedan aspectos que investigar
En este sentido, los fiscales Anticorrupción también hicieron saber al juez durante la instrucción que él no podía investigar a Iglesias por estar aforado ante el Supremo ni a Dina Bousselham si sospechaba de ella. En el segundo caso, debía trasladar los indicios a un juzgado de Madrid o Alcorcón, donde se denunció el robo, para que continuara con la investigación si viera razones.
Con estos precedentes, fuentes de la investigación consultadas por este diario consideran que es muy posible que el Tribunal Supremo decida no investigar a Iglesias y devuelva la causa a García-Castellón que no podrá acordar la primera diligencia para continuar con la causa: volver a tomar declaración a Bousselham. Por lo tanto, lo más posible es que tenga que remitir el caso a un juzgado de Madrid.
Con todo, las mismas fuentes sí ven que hay recorrido para la investigación porque quedan muchas lagunas sobre hechos que podrían ser constitutivos de delito al menos de revelación de secretos y daños informáticos. Habría que estudiar, afirman, si de denuncia falsa por parte de los miembros de Podemos que decidieron denunciar el robo. Y, en ese caso, habría que volver al inicio para explorar la propia denuncia. Por eso, consideran que si el caso continúa en 2021, lo más probable es que lo haga en el ámbito de la Justicia madrileña.
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