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Vocales del CGPJ avisan de que echar a los monjes del Valle de los Caídos iría contra el Concordato

Tres juristas ven “probable” que el Gobierno trate de expulsar a la orden benedictina de Cuelgamuros con la futura Ley de Memoria Democrática / Pedro Sánchez mantiene congelada la asignación económica anual a los frailes desde que llegó

Un monje benedictino, en una de las galerías situadas junto a la abadía del Valle de los Caídos.

Un monje benedictino, en una de las galerías junto a la abadía del Valle de los Caídos. G. M. PIANTADOSI

Tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran «probable» que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos con la nueva Ley de Memoria Democrática y advierten de que esa medida supondría una vulneración del actual Concordato, el acuerdo que regula las relaciones Iglesia-Estado desde enero de 1979.

Así lo exponen la abogada del Estado Nuria Díaz Abad y los magistrados Juan Manuel Fernández Martínez y Juan Martínez Moya en el voto particular que han formulado contra el acuerdo por el que el pleno del CGPJ respaldó este lunes el informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que sustituiría la norma aprobada en la etapa de Rodríguez Zapatero. El órgano de gobierno de los jueces ha censurado varias de las disposiciones del texto, entre otros motivos por vulnerar la libertad ideológica.

De forma explícita, el anteproyecto redactado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no establece en ninguno de sus 66 artículos ni en sus 21 disposiciones -diez adicionales, nueve finales, una transitoria y otra derogatoria- la expulsión de la citada comunidad religiosa de Cuelgamuros, pero abre la puerta a la salida de los frailes después de casi 63 años o al menos a limitar su acción en el recinto.

«Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales», prevé el artículo 55.5 del texto elaborado por el Gobierno. De aprobarse en su redacción actual, se establecería mediante real decreto un nuevo marco jurídico para la organización, el funcionamiento y el régimen patrimonial.

El 23 de agosto de 1957, Franco acordó crear la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -a la que atribuyó la titularidad y administración del conjunto- para «rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana».

Los monjes, desde 1958 en Cuelgamuros

Dichas tareas fueron confiadas a la abadía benedictina de la Santa Cruz en virtud del convenio que Luis Carrero Blanco -en representación del Estado- y el abad de Silos, Isaac María Toribios, firmaron el 29 de mayo de 1958. Justo 49 días después llegaron veinte monjes del monasterio burgalés para establecerse en el Valle de los Caídos -al menos cuatro continúan, entre ellos el abad emérito Anselmo Álvarez Navarrete- y cumplir los fines fundacionales. Éstos eran «mantener el culto con todo el esplendor que la Iglesia recomienda»; «dirigir y adiestrar una escolanía que contribuya a la mayor solemnidad de las funciones litúrgicas», «dirigir el Centro de Estudios Sociales», «seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, su legislación y realizaciones»; «recopilar la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia» y «mantener al día una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social».

De no sufrir modificaciones y salir adelante con la redacción del anteproyecto, la futura Ley de Memoria Democrática incluiría una novedad jurídica de calado en lo concerniente a las relaciones entre la comunidad benedictina y Patrimonio Nacional, el organismo público que administra la Fundación del Valle de los Caídos a través de su consejo de administración. El convenio con el monasterio de Silos quedaría en papel mojado y, a partir de ahora, dichas relaciones se regirían por la nueva norma y por el Reglamento de Fundaciones.

El Gobierno mantiene congelada la asignación anual a los monjes para cubrir los gastos de funcionamiento desde su llegada

«Esto significa que, no es descartable sino probable, que se quiera prescindir de la comunidad benedictina, cuando su presencia en la basílica está anclada en el acta de erección pontificia de la Abadía, como se ha explicado, y no puede modificarse sin con ello vulnerar el Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, que declara la inviolabilidad de los lugares de culto», plantean en su voto particular los citados vocales del CGPJ.

A la luz de lo que señalan estos juristas, la salida de los frailes de Cuelgamuros sólo podría llevarse a cabo con el beneplácito del Vaticano o incumpliendo el Concordato, dado que el convenio firmado por el Estado con la abadía de Silos para el establecimiento de una comunidad religiosa en el Valle de los Caídos tiene duración indefinida. Los frailes tienen derecho a permanecer en la fundación mientras cumplan las obligaciones a las que se comprometieron en 1958.

El Gobierno mantuvo una posición enconada con los monjes benedictinos durante los preparativos para exhumar los restos de Franco, enterrado en la basílica del Valle de los Caídos desde el 23 de noviembre de 1975 y reinhumado en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo el 24 de octubre de 2019. Los religiosos se oponían al no contar el Ejecutivo el permiso de los nietos del dictador y llegaron a interponer recurso ante el Tribunal Supremo, que no vio conculcado el Concordato y dio luz verde al traslado a otra sepultura.

Pulso de Carmen Calvo con el prior

De hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo llegó a escribirle al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para poner en su conocimiento que el máximo responsable de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, había rechazado el permiso para acceder al templo y pedirle que tomara las decisiones oportunas «a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión» y evitar «un conflicto jurídico y político» indeseado. La misiva se envió el 14 de febrero de 2019, ocho meses antes de que se consumara la exhumación.

Si no la expulsión, el Gobierno sí limitaría de forma notable con la nueva disposición normativa la acción de los monjes en Cuelgamuros, a los que mantiene bloqueado el pago de la asignación que se le concede anualmente a la abadía -unos 340.000 euros- para el mantenimiento del culto y poder atender la escolanía. El último cobro fue el correspondiente al ejercicio 2017, funcionando desde entonces con recursos propios, donaciones y los ingresos de la explotación de la hospedería.

Los herederos de los donantes podrían reclamar indemnización si se extingue la Fundación del Valle de los Caídos al decaer la finalidad

El Ejecutivo de Pedro Sánchez justificó su decisión en las conclusiones del informe de fiscalización al consejo de administración de Patrimonio Nacional correspondiente a 2013 y conocido en 2016. El Tribunal de Cuentas detectó que no se había rendido «nunca» cuenta justificativa de dicha ayuda ni se había ofrecido «una explicación» sobre la relación de dichos gastos con las obligaciones asumidas por la orden religiosa en virtud del convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos firmó con la abadía benedictina de Silos el 29 de mayo de 1958.

Los tres vocales del CGPJ que han firmado el voto particular aprecian otras «circunstancias» que hacen «difícil» la proyectada disolución de la fundación. La extinción podría abrir la puerta a «multitud de reclamaciones ante los tribunales» toda vez que las donaciones de joyas con las que se estableció el capital de la Fundación del Valle de los Caídos -valoradas en unos 100 millones de pesetas- habría «perdido su finalidad» y los donantes o herederos podrían solicitar su reversión. «Ello podría ocasionar una masiva petición de miles y miles de personas, que, si su donación no pudiera ser identificada, tendría derecho a una indemnización», añaden.

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es la propietaria de 58 inmuebles, diez de naturaleza urbana -entre ellas la basílica-abadía-hospedería- y 47 rústicas, todas ellas en Cuelgamuros. También es titular de la concesión administrativa del embalse en el río Arroyo Boquerón, con una capacidad de cuenca de un kilómetro cuadrado.

El patrimonio de la Fundación

A ello se suman 624 bienes muebles repartidos por los edificios del conjunto -entre ellos 167 muebles, 127 luminarias, 79 esculturas, 66 textiles litúrgicos, 64 artículos de plata y 33 de metal, 19 obras de decoración arquitectónica y 15 retablos- y un saldo en cuentas bancarias que a finales del pasado año ascendía a 339.719,85 euros, según se detalla en la respuesta ofrecida por Patrimonio Nacional a este diario en respuesta a una petición formulada a través del portal de la transparencia. La explicación a este importe es que seguía pendiente la justificación de la subvención a la abadía.

Consumada la exhumación de los restos del dictador y su traslado desde la basílica de Cuelgamuros al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, el Gobierno de coalición pretende ahora resignificar el Valle de los Caídos para «dar a conocer «las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos». De momento, no ha trascendido cómo piensa llevarlo a cabo.

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