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Corinna Larsen denuncia a Juan Carlos I y al CNI por "vigilancia encubierta" en Londres

La examante del rey emérito pide una indemnización y la prohibición de que tanto él como agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se acerquen a menos de 150 metros de sus domicilios, según publica este martes 'Financial Times'

Corinna Larsen

EUROPA PRESS

La empresaria germano-danesa Corinna Larsen presentó hace medio año una denuncia contra Juan Carlos I y contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante la justicia inglesa por supuesta «vigilancia encubierta» y «hostigamiento» que, según asegura, sufrió desde 2012 hasta el momento en que su defensa decidió emprender acciones legales contra el emérito y los servicios secretos españoles, según publica este martes Financial Times.

La examante del exjefe de Estado español ya avanzó durante una entrevista en la cadena británica BBC en agosto del año pasado que podía tener documentación para acreditar «acoso y amenazas» por parte del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, con el conocimiento de Juan Carlos I. Hizo estas declaraciones después de que el emérito comunicara que había trasladado su residencia a Emiratos Árabes tras salir a la luz que era el beneficiario de una cuenta en Suiza a nombre de fundaciones que no declaró a Hacienda y de que la Fiscalía española abriera una investigación para ver si cometió irregularidades fiscales con la gestión de los 100 millones de dólares que le entregó el rey saudí Abdul Aziz Al Saud en 2009, según la versión de la propia Larsen, como una comisión por mediar en la adjudicación de la obra de ampliación del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas.

De éstos, los gestores del emérito movieron 65 millones de la cuenta suiza en el banco Mirabaud a nombre de la fundación de la que era beneficiario a una cuenta en Bahamas de Larsen. En la citada entrevista en la BBC, la examiga íntima del rey Juan Carlos aseguró que esa entrega fue un regalo, un «reconocimiento por todo lo que signifiqué para él».

La grabación de Villarejo y el juicio del CNI

Después de que Okdiario y El Español publicaran en 2018 el audio de una conversación en Londres entre el comisario José Manuel Villarejo (enemigo de Félix Sanz Roldán) y Corinna Larsen en el que éste aseguró haber estado espiada y amenazada por el CNI para que no contara lo que sabía sobre la supuesta comisión del AVE a la Meca, la Fiscalía suiza comenzó a investigarla a ella y los gestores de las fundaciones Lucum y Zagatka de las que el emérito fue beneficiario por presunto blanqueo agravado.

La investigación del fiscal suizo Yves Bertossa ha sacado a la luz ingresos millonarios de Juan Carlos I que no declaró a Hacienda y por los que ya ha presentado dos regularizaciones, pagando al erario público más de cinco millones de euros para evitar ser investigado por delitos fiscales. La Fiscalía española todavía analiza si dichas regularizaciones fueron «veraces y totales».

En dicha conversación con Villarejo, Larsen aseguró, igual que confirmó como testigo en el juicio del exdirector del CNI contra el comisario y en la BBC que después del accidentado viaje que hicieron juntos a Botswana en 2012, en el que el emérito se rompió la cadera y por el que pidió perdón públicamente, quedó bajo una «vigilancia total» y recibió una «atención no deseada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)» con supuestas amenazas por parte de su exdirector Sanz Roldán, que fue a visitarla a Londres.

También que su apartamento de Mónaco fue «ocupado mientras yo estaba de viaje». Fue en ese punto de la entrevista donde la mujer trasladó que el rey emérito habría tenido constancia de la «ocupación» de su casa y de quién estaba detrás de ella, insinuando que tenía documentación suficiente para denunciar un supuesto acoso, como finalmente ha hecho ante la justicia británica según ha confirmado a Financial Times el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

Según dicha publicación, Larsen reclama una indemnización económica por los perjuicios sufridos y pide una orden de alejamiento de sus domicilios para el emérito y los agentes del CNI que, asegura, han seguido vigilándola hasta «la actualidad», se decía en la denuncia presentada en diciembre de 2020.

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