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Un rey en Emiratos y pocos avances en el primer año de la investigación de la Fiscalía

El exjefe de Estado ha pagado más de 5 millones de euros a Hacienda para evitar dos investigaciones por delito fiscal

Juan Carlos I de Borbón, rey emérito tras abdicar en 2014 en favor de su hijo.

Juan Carlos I, en el Congreso de los Diputados. EP

El 8 de junio de 2020 la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación que afectaba directamente al rey emérito, Juan Carlos I, en la que se volcarían los fiscales de Sala del Supremo de la más alta «cualificación y experiencia». Se buscaba averiguar si el pago de 100 millones de dólares que el exjefe de Estado español recibió en 2008 del rey de Arabia Saudí en una cuenta suiza a través de la fundación Lucum escondía en realidad una comisión por mediar en la adjudicación de la obra de ampliación del AVE a la Meca a un grupo de empresas españolas.

Ha pasado un año desde que el Ministerio Público comunicó las diligencias para «delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos» al frente de las que se encuentra el experto penalista Juan Ignacio Campos y desde entonces éstas se han desgajado en tres vías de investigación alrededor de cuentas y gastos del emérito en el extranjero. La primera, por el supuesto cobro de comisiones del AVE a la Meca; la segunda, por los fondos que le entregó entre 2016 y 2018 el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause para pagar viajes y otros gastos a través de una cuenta en la que estaba como titular su ayudante de campo, el coronel del Ejército Nicolás Murga, que no fueron declarados a Hacienda y la última, por si ocultó fondos millonarios a través de sociedades opacas en paraísos fiscales.

Todavía sin haber ofrecido una declaración institucional sobre los hechos objeto de investigación en España, Juan Carlos I también recibe desde Emiratos Árabes los avances de la investigación de la Fiscalía suiza que va haciendo aflorar la información que más le compromete a él y daña la imagen de la Casa Real. «Su Majestad el rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad». Con ese escueto comunicado se confirmó, dos semanas después de que saliera de España el 3 de agosto de 2020, que el padre de Felipe VI permanecería en Abu Dabi hasta fecha no conocida.

Yves Bertossa y la ruptura con Felipe VI

Meses antes, en marzo, Felipe VI renunció por medio de un extenso comunicado a cualquier herencia que le pudiera corresponder de una fundación adscrita a una cuenta suiza en la que tanto él como su padre figuraban como beneficiarios. También trasladó que retiraba la asignación de algo más de 190.000 euros anuales de la Casa Real al emérito. Un gesto con el que escenificó la ruptura con su padre y la etapa que representa, y que se confirmó con la marcha a Emiratos de Juan Carlos I. Unos acontecimientos que provocó la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa iniciada en 2018.

Éste abrió unas diligencias por blanqueo contra la examante del rey emérito, Corinna Larsen -a quien el emérito transmitió una buena parte del dinero recibido de Arabia Sudí a través de una cuenta en Bahamas- el asesor fiscal Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica, quienes estuvieron detrás de la constitución de las fundaciones Lucum y Zagatka en las que Juan Carlos I figuraba como beneficiario. En la segunda también lo hacía Felipe VI hasta noviembre del año pasado, cuando su nombre y el de sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, desapareció de sus estatutos, según publicó El País.

A través de Lucum, según la investigación de la Fiscalía suiza, el emérito recibió el pago multimillonario saudí que la propia Corinna relacionó con el AVE a La Meca en una conversación con el comisario investigado José Manuel Villarejo que dio origen a una breve investigación en la Audiencia Nacional archivada por la inviolabilidad del emérito. La investigación que sí continuó después de que la grabación de dicho encuentro saliera a la luz fue la del fiscal suizo Bertossa.

Por medio de Zagatka, constituida en Liechtenstein en 2003 para reconocer a Juan Carlos I su labor para la democracia española (según sus estatutos) que tenía a su primo lejano Álvaro de Orleans como primer beneficiario y al emérito como tercero, se pagaron vuelos privados del exjefe de Estado hasta 2018 por un valor superior a los ocho millones de euros. Unos pagos en especie con un valor muy superior al que Hacienda exige que se tribute como IRPF y que el emérito tampoco declaró.

Dos regularizaciones en pocos meses

Precisamente la información que fue aflorando en la investigación del fiscal suizo -y que en parte se comparte por medio de comisiones rogatorias con el equipo de fiscales del Supremo y el fiscal jefe Anticorrupción que abordan las pesquisas alrededor del emérito en España- es la que más puede comprometerle al referirse a hechos ocurridos en los años posteriores a su abdicación.

Sin embargo, los indicios de supuestos delitos fiscales o de blanqueo que hubieran podido encontrarse contra el emérito tanto en la líneas de investigación sobre los viajes pagados desde la fundación Zagatka como los gastos costeados por el empresario mexicano Sanginés-Krause se han frenado con los pagos de más de cinco millones de euros con los que su abogado defensor, Javier Sánchez-Junco, se ha adelantado a los requerimientos de Hacienda. El pasado febrero, el rey consiguió reunir casi 4,4 millones de euros distintos amigos con los que cubrió la deuda que habría generado con el fisco por los pagos de vuelos de más de ocho millones con cargo a la fundación Zagatka. Su defensa especificó que lo hizo «sin requerimiento previo de clase alguna», lo que impide que se le persiga. Previamente, en diciembre de 2020, pagó otros casi 680.000 euros a Hacienda por los gastos en especie sufragados por Sanginés Krause no declarados.

Para distintos expertos en Derecho Penal Económico consultados, con la actuación se habría bloqueado prácticamente la posibilidad de que se presente querella por delito fiscal contra él por los ejercicios en los que no declaró dichos ingresos y acabe investigado por la Justicia española. Perseguirle por delito de blanqueo sería complicado sin contar con el delito antecedente. También habría que tener en cuenta que los letrados del Congreso de los Diputados ya consideraron que su inviolabilidad no se limita a los años en que fue jefe del Estado, sino que se extiende durante toda su vida, aspecto sobre el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se ha manifestado.

El futuro de las tres líneas de investigación

A la espera de saber si se haría una lectura más o menos restrictiva de la inviolabilidad, el estado de las diligencias de la Fiscalía no ha experimentado grandes avances desde junio de 2020. Sobre la primera de las investigaciones del AVE a la Meca, fuentes fiscales indicaron en noviembre de 2020 que estaba muy avanzada y pronto se presentarían conclusiones, aunque a día de hoy todavía no se conocen. Desde el principio se han visto «indicios débiles» de delito contra el emérito en esta parte porque los hechos objeto de investigación son anteriores a su abdicación y, por lo tanto, estaba protegido por la inviolabilidad como jefe de Estado sin ninguna duda.

En las otras dos vías sobre la disposición de fondos millonarios no declarados a Hacienda entre los años 2016, 2017 y 2018, las regularizaciones con Hacienda podrían bloquear cualquier investigación aunque la Fiscalía aclaró que valoraría la «veracidad y completitud» de éstas.

Un año después de que se anunciara la primera línea de investigación contra el exjefe de Estado español, la presentación de una querella contra él se vislumbra lejana. Lo que sí ha quedado dañada ha sido su trayectoria, provocando daño reputacional a la Casa Real.

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