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El goteo de sentencias por la 'Gürtel' amenaza las expectativas electorales del PP

Los tribunales deben resolver en los próximos meses diversos procedimientos por casos de corrupción del pasado que pueden suponer un desgaste electoral para el partido | La dirección actual da “por superada” esa etapa y confía en que no le pase factura

El líder del PP, Pablo Casado, en su escaño del Congreso de los Diputados.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, en su escaño del Congreso de los Diputados. EP

El éxito de Pablo Casado y de varios barones del PP en próximas citas electorales no dependerá exclusivamente del mensaje que logren hacer llegar al votante, de la efectividad de sus campañas o del éxito de su estrategia de erosión al adversario. Seguramente estará también condicionado por el impacto de eventuales sentencias condenatorias por hechos vinculados a episodios de corrupción en los que los actuales dirigentes populares no tienen responsabilidad directa, pero que pueden terminar perjudicando sus expectativas en las urnas.

La condena por la primera pieza del caso Gürtel no sólo desencadenó el desalojo en 2018 de Mariano Rajoy de La Moncloa tras prosperar la moción de censura promovida por Pedro Sánchez, que en los anteriores comicios -celebrados dos años antes de que se conociera el fallo judicial- había obtenido los peores resultados de la historia del PSOE al lograr 85 diputados (35 menos que en la actualidad). También precipitó un relevo generacional en la dirección del PP con la marcha del político gallego y la llegada a Génova 13 de Casado, que trata de pasar página con la corrupción del pasado en su carrera por derrotar a Sánchez y recuperar el poder para su formación.

La cuestión es cuánto pesará la losa de las causas judiciales pendientes de resolverse -algunos de cuyos fallos se conocerán previsiblemente en vísperas de alguna convocatoria electoral- para la actual dirigencia del PP. La dificultad de Moreno Bonilla para sacar adelante el presupuesto de 2022 -Vox, su socio de investidura, está decidido a presentar enmienda a la totalidad- acerca el adelanto en Andalucía, donde en teoría no habría que desempolvar las urnas hasta noviembre. El runrún también se escucha en Castilla y León, donde Fernández Mañueco gobierna en coalición con Ciudadanos. Si PSOE y Unidas agotan la legislatura, las próximas generales se celebrarían en la segunda mitad de 2023.

«Esta dirección no dedicará un segundo a casos que pertenecen al pasado», insisten desde el PP. Ésta es la estrategia que trazó la cúpula que encabeza Pablo Casado el pasado mes de febrero tras el batacazo sufrido por la formación en Cataluña -los populares obtuvieron tres diputados en las últimas autonómicas, ni un tercio de la representación obtenida por Vox (11)- y el anuncio del abandono de la sede madrileña de Génova en un intento simbólico de romper definitivamente amarras con el pasado.

Desde la planta noble del Partido Popular insisten en el compromiso de «regeneración política» que abandera Casado y confían en que ese mensaje haya calado ya en la sociedad. En este contexto, las fuentes ponen como ejemplo la ‘escasa’ repercusión mediática que -en su opinión- ha tenido la reciente sentencia sobre la financiación de la reforma de la sede nacional.

Partícipe a título lucrativo

El pasado 28 de octubre, el PP recibió la segunda condena como partícipe a título lucrativo (beneficiado por irregularidades aunque no tuviera conocimiento de ellas ni se beneficiara) por las actuaciones del ex tesorero Luis Bárcenas. La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró probado que parte de la sede central del partido se pagó con dinero negro, considerando a la formación responsable civil subsidiaria de 123.669 euros del delito de impuesto de Sociedades de 2007 cometido por Bárcenas en relación con la contratación y pagos a la empresa que hizo la obra, Unifica.

Ha sido el último golpe judicial a la formación de Pablo Casado, pero probablemente no será el último. El Supremo debe ratificar o descartar este fallo, así como la sentencia en la que se condenó al líder del Grupo Correa, Francisco Correa, y a su número dos por la adjudicación ilegal de contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama para el montaje de su expositor en Fitur 2004. Falta también que el alto tribunal ratifique la sentencia contra los cabecillas de Gürtel por conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros para la visita del Papa Benedicto XVI en 2006 a Valencia.

Las sentencias por casos de corrupción del pasado pueden suponer un desgaste electoral para la dirección actual

Asimismo, el próximo 16 de noviembre arranca en la Audiencia Nacional el juicio de la pieza separada Gürtel-Boadilla, en la que el ex alcalde popular de este municipio madrileño Arturo González Panero reconocerá -como ha trasladado ya a la Fiscalía Anticorrupción- los sobornos que la red de Correa le habría entregado para quedarse con la mayoría de las adjudicaciones de contratos del municipio entre 2001 y 2009. La mayoría de investigados ha reconocido también los hechos en la búsqueda de una rebaja de la pena.

Además de esta vista oral, todavía queda también por celebrarse el juicio del pelotazo en Arganda del Rey (Madrid). El ex alcalde popular Ginés López se habría llevado parte de una mordida de 25 millones de euros -repartidos con miembros de la trama Gürtel, según los investigadores- por intervenir en favor de Martinsa, la compañía a la que se adjudicaron las parcelas municipales.

Para comienzos del próximo año se espera que Anticorrupción presente su escrito de acusación en la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en Madrid. La incógnita es si el Ministerio Público presenta finalmente acusación contra la ex presidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre, a la que el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y las fiscales del caso Púnica consideraron responsable de financiar al partido en la comunidad de manera irregular para enaltecer su figura política. 

El peaje de la corrupción en las urnas

A la espera del pronunciamiento de los tribunales, el PP da «por superada» esa etapa y por ello descarta que las sentencias que quedan por dictarse en los casos Gürtel, Púnica o Kitchen tengan consecuencias electorales para una dirección «renovada» y desvinculada del pasado. Ése es el mensaje que repiten para marcar distancias y zafarse de la historia reciente de la formación, escrita en parte en sumarios judiciales.

«De un tiempo a esta parte estamos viendo que la corrupción, o la sospecha de corrupción, no es algo que pase factura en las urnas. Esto es lo que provocó en 2015 la aparición de nuevos partidos políticos que tenían la bandera de la regeneración y que atrajeron a otros electorados cuya motivación por esa regeneración era importante», reflexiona Verónica Fumanal, presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP).

Fumanal se apresura a señalar que la corrupción que ahora se dilucida en los tribunales de justicia «no pertenece a las actuales direcciones de los partidos» y considera que ello «es sabido ver por el elector», por lo que minimiza el peaje que pueda pagar el equipo de Casado por casos de otra época. «Electoralmente no parece que haya correlación directa sino desgaste de las estructuras que hace que los partidos se vean obligados a regenerarse de manera interna», observa.

Politólogos advierten de que las causas de corrupción y la crisis abierta en Madrid representan la «tormenta perfecta»

Gabriel Colomé, politólogo y profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), sí aprecia que los casos pendientes pueden pasar factura al PP en las urnas. «Quedan 16 causas y el goteo de sentencias va a ser un castigo electoral seguro que puede favorecer a Vox en aquellos territorios donde este partido tenga una buena implantación. La gente decepcionada con el PP no se va a ir a la abstención. Ante el impacto que pueda tener en el ánimo del elector del PP no moderado, Vox puede ser una alternativa», argumenta.

Con independencia de la corrupción, Colomé también aprecia otro «elemento de desgaste electoral» para Casado: la «guerra civil» que la dirección nacional libra desde hace semanas con Isabel Díaz Ayuso por el control de la formación en Madrid cuando se convoque el congreso regional. «Hay una vieja máxima que dice: ‘Partido dividido, partido derrotado’. Esta batalla tampoco favorece las expectativas», añade.

En esta idea abunda el análisis de Mireia Castelló, politóloga y subdirectora de la plataforma Beers and Politics. Castelló considera que el «esfuerzo» que viene haciendo la dirección del PP en favor de la renovación -«tanto a nivel de liderazgo como de mensaje», precisa- puede verse «dañado» por la «tormenta perfecta» que representa el recuerdo al elector de episodios de corrupción y la crisis en Madrid por el control del partido.

«La combinación de los dos factores puede ser un cóctel explosivo, por lo que entiendo que la maquinaria del PP se estará preparando para lo que viene. Será interesante conocer la magnitud de las sentencias que van a salir y hasta qué punto la organización queda señalada. La tormenta perfecta para el PP. Tenían todos los vientos a favor y le vienen meses complicados», concluye.

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