De izquierda a derecha: Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo.

De izquierda a derecha: Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo. CV

España | Tribunales

'Gürtel': los juicios por corrupción que aún acechan al PP

La Audiencia Nacional ha dado un impulso a la investigación de la presunta 'caja B' del partido basándose en la contabilidad de Luis Bárcenas para ver si administraciones otorgaron adjudicaciones a empresarios a cambio de donaciones

La connivencia entre empresarios y políticos del Partido Popular marca parte de la agenda pasada, presente y futura de los tribunales españoles. La trama Gürtel, que va camino de cumplir 12 años en los juzgados, continúa trastocando el intento de la formación conservadora de enterrar este periodo de corrupción. Pero en la memoria colectiva y en la judicial siempre quedarán los nombres de altos cargos del partido condenados: la exministra de Sanidad con Rajoy Ana Mato; dos extesoreros, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -fallecido en 2018-, o un exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo. El PP fue también condenado como partícipe a título lucrativo en una de las ramas del caso.

El inicio de la trama se remonta a los años 90, cuando Francisco Correa, el hombre que le da nombre a la trama -en alemán, correa es gürtel-, entabló contactos de negocios en el curso de su actividad empresarial con el Partido Popular por medio del entonces gerente de la formación, Luis Bárcenas, y de otras personas «encargadas de diversas áreas de actividad», como el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, tal y como reflejaba la sentencia de la primera época de Gürtel (1999-2005). 

Pero aún quedan piezas pendientes. Este año se celebrarán dos juicios importantes –Gürtel Época II y el relacionado con la reforma de la sede del partido en la céntrica calle madrileña de Génova-, pero también se seguirán investigando los actos presuntamente delictivos que miembros del partido cometieron hace 19 años, en el marco de la pieza separada UDEF-Bla.

  • Edificio de la sede del PP, situado en la calle Génova, en Madrid.
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    EP

    Reforma de la sede de Génova

    Entre el 8 de febrero de 2021 y finales de mayo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prevé celebrar más de 40 sesiones para comprobar si la reforma de la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova se financió con dinero de la caja B. Asimismo, comprobará si se repartieron sobresueldos en negro a destacados miembros del partido. El tribunal admitió una larga lista de testigos propuestos por las acusaciones y las defensas, entre los que se encuentran los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, cuatro ex secretarios generales del PP y el presidente de Mercadona, Juan Roig.

    En el banquillo de los acusados se sentarán, entre otros, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y también el ex gerente Cristóbal Páez, que se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación. El juez instructor del caso Gürtel, José de la Mata, envió a su vez al banquillo al propio PP por considerarlo responsable civil subsidiario de los supuestos delitos que los demás acusados habrían cometido.

  • El exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tras su declaración.
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    EFE

    ‘Gürtel Boadilla’

    La conocida como Gürtel Época II, que va desde 2006 hasta que estalló el caso en 2009, llegará a los juzgados en septiembre de 2021. En esta pieza separada se investigan los presuntos sobornos que las empresas de Correa entregaron a autoridades y funcionarios del municipio madrileño de Boadilla del Monte para obtener licitaciones. La trama Gürtel «llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública» en este histórico feudo del PP, según indicó De la Mata en uno de sus autos.

    El instructor considera que el Partido Popular fue partícipe entre 2001 y 2009 de estas operaciones a título lucrativo, algo por lo que ya fue condenado en la pieza principal, referente a la primera época de la trama. La Fiscalía Anticorrupción pidió para Correa 76 años y medio de prisión, mientras que el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero ‘El Albondiguilla’, se enfrenta a 40 años y nueve meses de cárcel. Por su parte, Pablo Crespo podría ser condenado a otros 64 años y siete meses de prisión.

Actualmente, la principal causa en fase de investigación es la llamada UDEF-Bla, que podría determinar si el Partido Popular se financió con donaciones de empresarios a los que posteriormente benefició con adjudicaciones públicas.

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    EFE

    ‘UDEF-Bla’

    La Policía solicitó al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que instruye la causa de la caja B del PP que revisase hasta 23 contratos concedidos por ministerios del Gobierno de José María Aznar entre los años 2002 y 2004, ya que podrían tener relación con la causa UDEF-Bla. Para la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional resulta necesario recopilar más material sobre una adjudicación del Ministerio de Fomento para la «construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de una estación depuradora en Casarrubios del Monte (Toledo) en 2003»; y acerca del contrato del Canal de Isabel II para el «servicio de explotación» de varias estaciones depuradoras de aguas residuales de Madrid en 2006, tal y como informó El País.

    Las acusaciones populares personadas en esta pieza consideran que los indicios a los que apuntan los agentes pueden investigarse porque los delitos en los que habrían incurrido los implicados no habrían prescrito, a pesar de que han pasado 19 años desde la concesión de dichos contratos. Luis Bárcenas, encargado de la contabilidad paralela del PP entre 1990 y 2008, podría aportar documentos que acrediten si las donaciones de empresarios de la construcción al partido fueron a cambio de adjudicaciones públicas. El extesorero del PP ya dejó entrever en algunas de sus declaraciones en sede judicial que todavía no ha entregado todas las anotaciones de entradas y salidas de dinero de la caja B de la formación, por lo que el nuevo material podría ser decisivo en las causas aún pendientes.

Todas estas piezas separadas están de una u otra forma relacionadas con las que ya han recibido sentencias firmes en los tribunales. Todo empezó en febrero de 2009, cuando la investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF desencadenó la desarticulación de la mayor trama de corrupción asociada al Partido Popular, que ha culminado en grandes fallos judiciales contra la formación política y algunos de sus representantes.

‘Gürtel Fitur’

Álvaro Pérez 'El Bigotes' comparece en la Comisión de Investigación sobre el PP en el Congreso.
Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ comparece en la Comisión de Investigación sobre el PP en el Congreso. EP

La primera sentencia firme relacionada con la Gürtel la emitió el Tribunal Supremo en mayo de 2018. La sala de lo Penal del alto tribunal confirmó íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que inculpaba a 11 acusados de haber amañado contratos entre el Gobierno valenciano y las empresas de la trama para financiar el expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) entre las ediciones de 2005 a 2009.

Francisco Correa y Pablo Crespo fueron condenados a 13 años de prisión, mientras que a Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ se le impuso una pena de 12 años y 3 meses, todos ellos por malversación de caudales públicos, cohecho activo, asociación ilícita y tráfico de influencias -por el que cada uno debía abonar multas por valor de 3,9 millones de euros-, a los que se suma, en el caso de Crespo, un delito de falsedad documental. Además, la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez fue condenada a 9 años de cárcel por haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y prevaricación administrativa y el TS penó a otros siete acusados. 

La sentencia del Supremo confirmaba que la Gürtel era una asociación ilícita y acreditó que la constitución de la empresa Orange Market, vinculada a la trama en Valencia, era a la que se designaban las adjudicaciones directamente desde la Consejería de Turismo.

‘Gürtel Época I’

El exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda.
El exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda. EP

El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2018 dio por acreditada la caja B del PP madrileño. Al menos desde 1996, «estos contactos comerciales de Correa con el Partido Popular fructificaron y fueron paulatinamente intensificándose hasta el punto de terminar  convirtiéndose, a partir de un determinado momento, en la actividad negocial prácticamente principal y única del entramado empresarial creado ad hoc por Correa con sus colaboradores», que fue conformando su estructura a partir de «las características de la actividad desarrollada en torno al Partido Popular y a una buscada opacidad», establece la sentencia.

Fue el juez Pablo Ruz quien le dio el nombre de «Época I», quien llevó a juicio a los cabecillas del entramado y quien concluyó que «entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura de colaboración estable», que consistía, por una parte, en «la prestación de múltiples y continuos servicios», mientras que, por otra, se creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local», gracias a «su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido». De esta forma demostró este tribunal la culpabilidad no sólo de 29 de los 37 acusados, entre ellos el propio Correa, el matrimonio Bárcenas-Iglesias y Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama, sino también del Partido Popular a título lucrativo por la primera época de la Gürtel (1999-2005).

Esta sentencia, con penas que sumaban más de 350 años de cárcel, fue la gasolina que utilizó Pedro Sánchez para hacer saltar por los aires el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la primera -y hasta el momento única- moción de censura que ha triunfado en el periodo democrático. Tras una revisión en octubre de este año, el Tribunal Supremo ha ratificado el fallo del primer dictamen, aunque con ligeros ajustes en las penas y multas, como consecuencia de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del PP. El alto tribunal condenó a esta formación política a pagar 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que se celebraron en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, eran candidatos a esas alcaldías, y que fueron sufragados por las empresas del grupo Correa.

La credibilidad del ex presidente Rajoy, que declaró como testigo en el juicio del caso, fue puesta «en cuestión», ya que sus palabras, así como las de otros testigos, no le resultaron a la Audiencia Nacional suficientemente verosímiles como «para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido». No obstante, Rajoy afirmó que la nueva sentencia del Supremo supuso para él una «reparación moral».

‘Gürtel Valencia’: Orange Market

Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, en el Congreso de los Diputados.
Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, en el Congreso de los Diputados. EP

Tres semanas después de que se hiciese pública la sentencia de la primera época de la Gürtel, la Audiencia Nacional publicó la resolución sobre la pieza relacionada con la rama valenciana del caso. El juzgado consideró probada la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat, a través de la compañía Orange Market. «El PP CV financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva», señalaba el juez en la resolución.

El magistrado José María Vázquez Honrubia expresó en la sentencia que existía «una inveracidad total» en la documentación enviada por los representantes populares a los órganos fiscalizadores públicos. Los investigadores probaron que sólo en los comicios de 2008, la formación había pagado 2,03 millones de euros con fondos de la caja B para la organización de decenas de actos y la contratación de publicidad electoral. Según el texto de la resolución, varios de los 18 condenados apuntaban a Camps como pieza clave del entramado, aunque éste no estaba procesado. ‘El Bigotes’, por ejemplo, expresó que creía que había sido el expresidente valenciano quien había ideado el sistema corrupto, «pues éste era el que le daba el trabajo, a éste le suplicaba para cobrar y él era quien en definitiva le daba la campaña». 

Ricardo Costa, exsecretario general de los populares valencianos, fue condenado a cuatro años de prisión, al igual que Yolanda García, extesorera del PP en la región, Cristina Ibáñez, exgerente -a tres años y cuatro meses- y el exdiputado David Serra a tres años y ocho meses.

  • María José García Pelayo, en el Congreso de los Diputados.
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    EP

    ‘Gürtel Jerez de la Frontera’

    Los hechos en cuestión se remontan a 2004, cuando el consistorio de Jerez de la Frontera (Cádiz) firmó una serie de contratos administrativos a través del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC) con empresas relacionadas con la trama Gürtel para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). María José García-Pelayo, exalcaldesa de la ciudad y diputada del PP por la provincia de Cádiz, fue investigada por la pieza separada del caso Gürtel, en la que se le atribuían presuntos delitos de prevaricación y falsificación en documentos oficiales.

    En abril de 2016, el magistrado instructor del Tribunal Supremo encargado de la causa, Antonio del Moral, sentenció el sobreseimiento y el archivo de las diligencias al considerar que no se podía atribuir a García-Pelayo una conducta dolosa en relación a esos contratos y descartó que los avalara a sabiendas de su arbitrariedad. El tribunal consideró «creíble» la declaración de la entonces senadora popular, que aseguró haber firmado acuerdos confiando en que su equipo técnico habían realizado «las comprobaciones precisas» para no caer en la irregularidad. No obstante, el Supremo expresó que de «toda esa trastienda» emanaba «un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles».

    Ya en noviembre de 2019, la Audiencia Nacional absolvió a los cinco técnicos del Ayuntamiento investigados por esta causa por haber prescrito el delito, pero condenó a los cabecillas de la trama, entre ellos a Correa y Crespo a tres años de cárcel. La última sentencia de la pieza se emitió en mayo de este año, tras los recursos interpuestos, entre otros, por el Ministerio Fiscal. En ella, el Tribunal Supremo rechazó finalmente reabrir la causa por la condición de aforada de la diputada popular y se adhirió a las razones que habían dado meses antes la Audiencia Nacional para no condenarla y a su propia sentencia de 2016.

  • El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su llegada esta tarde de la Audiencia Nacional.
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    EFE

    ‘Gürtel Aena’

    La Audiencia Nacional condenó de nuevo en mayo del año pasado al líder de la trama, Francisco Correa, a otros seis años y nueve meses de prisión por haberse beneficiado del amaño de contratos de Aena, gestor público de los aeropuertos, entre los años 2000 y 2002.

    Correa fue declarado culpable por un delito continuado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho activo continuado y falsedad en documento mercantil. El tribunal acordó así el comiso del beneficio obtenido por los contratos adjudicados de manera irregular por Aena a las empresas de la Gürtel por una cantidad que ascendió a 2.283.033,78 euros.

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