De aquí a final de año, Podemos se enfrenta a los meses más decisivos de toda su trayectoria política. La imputación de parte de la cúpula de la formación morada -entre ellos el secretario de Comunicación y responsable de las últimas campañas de Podemos, Juan Manuel del Olmo- y del propio partido por presunta malversación de fondos públicos y financiación irregular no sólo sitúa contra las cuerdas a Iglesias, adalid del discurso regeneracionista y depurador de las instituciones, sino que pone en jaque la estabilidad del propio Gobierno de coalición.

Septiembre arrancará con desafíos políticos vitales que marcarán el rumbo del resto de la legislatura. El primero y principal: la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con la crisis económica, los rebrotes de coronavirus y las ayudas del fondo europeo como telón de fondo. Los socios de Gobierno ya habían dejado patentes sus diferencias tras un inicio de mes agitado por el cortejo del PSOE a Ciudadanos y el veto a Podemos, denunciado en redes por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y obviado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Hace tan sólo una semana, Podemos lanzaba una dura advertencia al PSOE por "mirar a la derecha" y "no cuidar" el acuerdo de Gobierno, como citaba la propia Montero, y amenazaba con romper incluso los puentes con los socialistas en caso de que, tras el desplante de Calvo, estos mirasen a Ciudadanos en detrimento de la mayoría parlamentaria de investidura, según adelantó El Español.

Pero en política, y más en el marco de la geometría variable sobre la que se sustenta el Gobierno de Pedro Sánchez, todo puede cambiar en cuestión de horas. Si las diversas informaciones sobre el caso Dina ya hicieron mella en la credibilidad de Iglesias, las investigaciones judiciales, aún en fase preliminar, sobre las cuentas del partido morado que salpican directamente al vicepresidente segundo -y por ende al Ejecutivo de coalición- tensiona aún más la relación entre dos socios con desencuentros significativos prácticamente desde el principio de la legislatura.

Y la imputación de Podemos no sólo acerca a Sánchez aún más a Ciudadanos, sino que Iglesias, asfixiado por el frente de causas judiciales y devorado por el hundimiento territorial y por las crisis internas, podría verse obligado en esta coyuntura a firmar todo lo que acuerde el líder socialista con los naranjas a cambio de permanecer en Moncloa. Una legislatura larga daría tiempo a Iglesias para recomponerse. Y unas elecciones anticipadas podrían suponer una muerte prematura para la formación.

Moncloa ya no esconde que está más cerca de Ciudadanos que de ERC para tramitar las cuentas, a pesar de la presión de Podemos. Y los naranjas hace tiempo que se abrieron a pactar los Presupuestos con el Gobierno, dentro del pronunciado cambio de rumbo que marcó el partido bajo el liderazgo de Inés Arrimadas.

Los republicanos catalanes y socios de investidura de Sánchez condicionaban la negociación de los Presupuestos a que la mesa bilateral fuese "en paralelo", pero finalmente no se reunió en julio como estaba previsto, ni tampoco hay fecha para su celebración. No obstante, la comitiva gubernamental -sin Podemos- sí se ha reunido presencialmente hasta dos veces con una delegación de Ciudadanos y la interlocución ha sido "constante" durante los últimos meses.

Corona o República, el otro foco de tensión

Las discrepancias en el seno de la coalición gubernamental han sido una constante prácticamente durante todo el verano. A la retirada de la condición de perjudicado a Iglesias en el caso Dina -por el que Sánchez tuvo que responder- o la salida de tono del dirigente morado señalando a periodistas y medios de comunicación en el marco de la investigación del caso -el presidente del Gobierno se desmarcó de estas declaraciones- se sumó la salida de Juan Carlos I del país: mientras el PSOE cerraba filas con la monarquía porque "la Jefatura del Estado no está en cuestión", Podemos calificaba los acontecimientos de "huida indigna" mientras tanteaba el momento idóneo para plantear un referéndum sobre la Corona.

El partido liderado por Pablo Iglesias, centrado en marcar perfil propio para evitar quedar diluido en el PSOE, se ha desmarcado del Gobierno y ha llevado al Congreso la despenalización de las injurias contra la Corona y la tramitación de una ley para "controlar la figura del monarca", sin contar en este punto con el apoyo de sus socios socialistas.