España

Recurren el "traje a medida" para nombrar a la directora y a su adjunto en Protección de Datos

La Fundación Hay Derecho denuncia que las bases del proceso selectivo "incurren en diversas irregularidades" y sólo buscan amoldarse al perfil profesional de los dos candidatos pactados por el PSOE y el PP

Belén Cardona, la propuesta por el PSOE para dirigir la Agencia Española de Protección de Datos.

Belén Cardona, la propuesta por el PSOE para dirigir la Agencia Española de Protección de Datos. ISMSFORUM

La Fundación Hay Derecho ha recurrido la orden por la que el Ministerio de Justicia ha convocado el proceso para la designación de los dos principales directivos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al entender que es un 'traje a medida' para nombrar a los candidatos pactados por PSOE y PP en el marco del acuerdo conjunto para la renovación de varios órganos constitucionales.

El pasado 21 de octubre, socialistas y populares anunciaron un pacto para poner fin a la interinidad en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Oficina del Defensor del Pueblo y la AEPD. En este último caso, los nombres propuestos para ocupar la dirección y el puesto de adjunto son los de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Belén Cardona -hoy alto cargo del Gobierno valenciano- y el del abogado y consultor en derecho digital Borja Adsuara.

Hay Derecho considera que las bases que regulan el procedimiento para la selección de estos dos puestos directivos "incurren en diversas irregularidades" y en la práctica constituye un "reparto de cromos" incompatible tanto con la Ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el propio estatuto de la AEPD. La norma exige un proceso abierto y transparente con la finalidad de proponer a los mejores candidatos al Consejo de Ministros para su posterior aprobación por parte del Congreso de los Diputados.

En su recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia, la fundación llama la atención sobre el hecho de que se exija una experiencia profesional en el ámbito de la protección de datos de tan solo dos años -"muy por debajo de lo que es habitual en otros puestos de similar relevancia e inferior en ocho años a la que se exige a los juristas expertos en el ámbito de la protección de datos para formar parte del comité de selección", resalta- o que se incluya como mérito valorable la experiencia en el ámbito de la transparencia, lo que favorecería la baremación de la persona elegida para que desempeñe la dirección.

Así, la catedrática Cardona estuvo al frente de la Secretaría de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en el Gobierno valenciano entre el 11 de septiembre de 2018 y el 26 de junio de 2019, ocupando desde octubre de 2020 la Subsecretaría de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública.

Sistema de baremación de méritos

De igual manera, muestra su extrañeza por el hecho de que no se detalle ningún sistema de baremación de los méritos, lo que -en su opinión- dificulta la comparación entre los aspirantes que opten a los cargos, y que se permita una terna de candidatos cuando el propio estatuto de la AEPD habla de uno solo por puesto.

"Habiendo sido pactados y anunciados por PSOE y PP las personas que van a ocupar dichos cargos directivos antes de la apertura del concurso público cabe plantearse qué posibilidades reales tienen los demás candidatos presentados al proceso selectivo de que sus nombres sean propuestos al Consejo de Ministros. También es obvio el desgaste al que se somete a los candidatos pactados por los dos partidos que también tienen que someterse al proceso de selección bajo la sospecha de que puede estar sesgado en su favor confeccionándoles una especie de "traje a medida", denuncia Hay Derecho en una nota.

Igualmente, la fundación también advierte de que esta forma de actuar "puede ser contraria a la legalidad europea en la medida", toda vez que el Reglamento General de Protección de Datos exige que el nombramiento de los responsables de las autoridades nacionales "sea conforme a un procedimiento transparente y con respeto a lo establecido en la ley nacional".

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