España

Así distribuirá la Policía Nacional las 150 primeras pistolas 'Taser' entre sus jefaturas

El Cuerpo repartirá de momento a su plantilla tan solo una cuarta parte de los 600 inmovilizadores electrónicos que tiene desde el pasado mes de julio | El número coincide con las cámaras corporales con las que cuenta en la actualidad

'Taser 7', el dispositivo electrónico de control adquirido por la Policía Nacional.

'Taser 7', el dispositivo electrónico de control adquirido por la Policía Nacional.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid recibirá 30 de los 150 primeros dispositivos electrónicos de control -conocidos coloquialmente como pistolas ‘Taser’– que la dirección del Cuerpo empezará a repartir en próximas fechas, una vez completada la formación teórico-práctica de los funcionarios uniformados a los que se asignarán como parte de su dotación.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez, ha enviado este miércoles un oficio a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, las jefaturas superiores y el Grupo Especial de Operaciones (GEO) en el que les anuncia que se va a proceder «a una primera distribución» de estos inmovilizadores y cómo queda el reparto entre las plantillas. De momento, se entregará sólo una cuarta parte de las unidades que el Cuerpo tiene desde el pasado verano.

Según se detalla en el listado, al que ha tenido acceso El Independiente, será Madrid la que reciba un mayor número: 30. Le siguen la Jefatura Superior de Valencia con 18 (nueve en Valencia, siete en Alicante y dos en Castellón), la de Andalucía Occidental con 17 (ocho en Sevilla y tres en Huelva, La Línea de la Concepción y Algeciras) y la de Andalucía Oriental con 14 (ocho en Málaga y seis en Granada).

Por su parte, a Castilla y León se enviarán 9 (tres a Valladolid y dos a Burgos, Salamanca y León) y siete a Aragón, todas a Zaragoza. Seis a Canarias (tres a Las Palmas e idéntico número a Tenerife), cinco a Baleares (tres a Mallorca y dos a Ibiza), cuatro a Galicia (todas a A Coruña) y Extremadura (dos a Badajoz y dos a Cáceres), tres a Murcia y a Asturias (Oviedo), y dos a Castilla-La Mancha (Toledo), Cantabria (Santander), La Rioja (Logroño), Ceuta y Melilla. Cataluña y el País Vasco, donde las competencias en materia de seguridad ciudadana están en manos de sus respectivas policías autonómicas, quedan fuera de este primer envío.

Las pistolas ‘Taser’ que la Policía repartirá representan tan sólo una cuarta parte de las unidades que tiene desde el pasado verano

El reparto se completa con cinco pistolas ‘Taser’ para el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y seis para el GEO -unidades de élite de la Policía que dependen directamente de la DAO- y otras cinco para la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Las unidades y servicios que lo recibirán serán «principalmente uniformados», según detalla la Dirección General.

Desde el pasado mes de julio, el Cuerpo Nacional cuenta con 600 dispositivos eléctricos de control, un tipo de arma que ya tienen Mossos d’Esquadra y policías municipales como la de Madrid. A final del próximo mes de febrero recibirá otras 400 unidades, completando así el distribuidor -la UTE formada por Axon Public Safety Germany SL y Nidec Defense Group- la entrega de las mil que se le encargaron en mayo de 2020, ascendiendo el importe a 2.099.350 euros. En este tiempo ha estado formando a 103 instructores, según ha informado este miércoles la Dirección General a los sindicatos en la comisión de seguridad y salud laboral.

Las 150 unidades que se repartirán en próximas fechas coincide en su número con las cámaras corporales con las que se cuenta en este momento. El pliego de condiciones que reguló el concurso para la adquisición de los inmovilizadores electrónicos no incluía el suministro de equipos de grabación, sino que fue el proveedor que terminó adjudicándose el contrato el que ofreció un centenar y medio de cámaras como mejora de la oferta para hacer ésta más atractiva y tener más opciones de llevarse el encargo.

Un agente empuñando una taser y, arriba, la cámara corporal.

Sobre una dotación de 1.000 dispositivos ‘Taser’, sería preciso contar con 2.000 cámaras para tener completamente cubierta una jornada de trabajo, toda vez que éstas tienen una autonomía estimada de 12 horas (se tarda unas seis horas en recargar una batería totalmente agotada).

Cuando el director general de la Policía compareció el 30 de diciembre de 2020 ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu le preguntó que por qué se habían comprado «menos cámaras que pistolas». «Hemos adquirido inicialmente 150, pero no se preocupe su señoría. Va a haber cámara para todo ‘Taser’, para cada inmovilizador eléctrico va a haber ese dispositivo de grabación», le respondió Pardo Piqueras. De momento, el Ministerio del Interior no ha sacado a licitación la adquisición de nuevos equipos de grabación.

Prohibido usar la cámara sin la ‘Taser’

Junto con el anuncio del reparto del primer lote y cómo será la distribución territorialmente, el número dos de la Policía Nacional ha enviado esta semana otro oficio a los servicios centrales y a las jefaturas superiores con instrucciones sobre la utilización de este tipo de arma, eminentemente disuasoria y demandada desde hace años por los sindicatos policiales al considerarla idónea para determinadas situaciones -como reducir a un atacante- en las que se podría evitar el uso de fuego real.

El escrito detalla cuándo se podrá activar el equipo de grabación, que puede captar imágenes incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial y que son presentables como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables. «Quedará terminantemente prohibido accionar la cámara si no es con el uso exclusivo del inmovilizador eléctrico», especifica el escrito, que advierte de que el incumplimiento de esta orden podrá dar lugar a «responsabilidad disciplinaria».

En su artículo 17, la ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales prevé la utilización de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, supeditado «a la concurrencia de un peligro o evento concreto». Su uso debe autorizarlo previamente el delegado o subdelegado del Gobierno, ostentando esta facultad el responsable operativo en situaciones «de urgencia o necesidad inaplazable». En estos casos, el mando dispondrá de 24 horas para comunicar la actuación a la autoridad gubernativa.

El 21 de diciembre de 2021, la Policía ya dictó una resolución sobre la utilización del inmovilizador eléctrico. De entrada, es necesario que el agente supere un proceso de formación en el que se le adiestra en la manipulación, mantenimiento y uso correcto de este arma, al tiempo que se incide en las normas deontológicas. Esa preparación se acreditará con la expedición de un certificado.

Reducir, inmovilizar o detener

El dispositivo electrónico de control está diseñado específicamente para actuar sobre personas, reservándose su uso a situaciones en las que haya que reducir, inmovilizar o detener a quien presente una actitud violenta hacia el agente o terceras personas o cuya resistencia activa ponga en riesgo la integridad física del policía o de otros ciudadanos. Igualmente, está prevista su utilización en caso de que una persona ponga en riesgo su propia vida o integridad física, en situaciones de «extrema y urgente necesidad» para evitar «daños inminentes» o cuando se amenace al personal policial o a terceras personas con armas blancas u otros objetos peligrosos.

En cualquier caso, aunque se trate de un disparo fallido, el funcionario tendrá la obligación de comunicarlo a la autoridad judicial mediante la instrucción del correspondiente atestado. En éste se deberá hacer constar los datos técnicos e identificativos del dispositivo, el cartucho utilizado, el resultado de la aplicación, las imágenes grabadas y si la persona implicada ha requerido asistencia médica o no ha querido ser atendido.

Con carácter general, no se podrá hacer uso de este recurso con mujeres embarazadas ni con menores de 14 años, con personas de edad avanzada o de débil salud, en centros penitenciarios salvo en caso de motín o de toma de rehenes, en manifestaciones o concentraciones que congreguen a multitudes y cerca de sustancias y gases inflamables.

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