La Fiscalía motivó este miércoles la decisión de archivar sus diligencias de investigación sobre la fortuna en el extranjero no declarada por el rey emérito, según denuncia la defensa de Jordi Pujol i Soley, en unos argumentos contrarios a los que expuso en 2014 para que avanzara la investigación judicial sobre la fortuna de la familia Pujol en Andorra por la que el expresidente catalán y sus siete hijos se sentarán previsiblemente en el banquillo como "organización criminal enriquecida por la corrupción".

En los decretos de archivo de las diligencias alrededor de Juan Carlos I firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se expusieron como razones del archivo la inviolabilidad que protege al emérito y la prescripción de los delitos, además de las regularizaciones que su defensa ha presentado ante Hacienda. El fiscal concluyó que éstas últimas "gozan de eficacia exoneradora de la responsabilidad penal" puesto que "el investigado no tuvo el conocimiento formal previo" de las diligencias antes de la regularización.

Sin embargo, en septiembre de 2014, nada más iniciarse en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona la investigación a los Pujol, precisamente también Luzón se refirió así al pago de 2,3 millones de euros que hicieron la esposa del expresident, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta Pujol Ferrusola, Pere Pujol Ferrusola y Mireia Pujol Ferrusola para evitar que se les investigara por delitos fiscales: "La regularización, aun correctamente realizada, no implica que queden vedadas las posibilidades de investigación de la licitud de los fondos con que se satisface la deuda tributaria y, mucho menos, que se produzca una legalización automática del origen de los fondos. Y en tal sentido no puede desconocerse que sí existe una sospecha sobre la ilicitud de los fondos habida cuenta de que la vaga explicación de la procedencia de una herencia no resulta del todo plausible al presentar tanto lagunas como contradicciones", se puede leer en el escrito ante el Juzgado al que ha tenido acceso este diario.

Fragmento del escrito de la Fiscalía Anticorrupción de 2014

En éste, el fiscal Anticorrupción instaba a continuar con la investigación considerando que "no es exigible que al inicio de la instrucción los contornos de los hechos punibles aparezcan nítidamente perfilados".

El abogado Alberto Carrillo que defenderá a Pujol en el juicio, en conversación con El Independiente, se muestra sorprendido de que Luzón utilice unos argumentos para no presentar querella contra Juan Carlos I contrarios a los que usó en 2014 para instar a que se investigara a los Pujol, algo que podría utilizar para fortalecer sus argumentos de defensa en el juicio de la Audiencia Nacional, al que todavía no se ha puesto fecha.

En el documento citado, Luzón instaba al Juzgado a remitir comisiones rogatorias a las autoridades judiciales de Andorra y Suiza a pesar de que los Pujol se oponían al considerar que estas peticiones de información para la causa "presentan un marcado carácter prospectivo y constituyen una desproporcionada intromisión en sus derechos fundamentales, pues no aparecen delimitados los hechos constitutivos de delito que permitirían habilitar las diligencias acordadas", viendo que "lo único hasta el momento acreditado sería la regularización fiscal con unos fondos procedentes de Andorra, regularización que impediría el nacimiento del delito contra la Hacienda Pública".

Instó a averigüar el origen de los fondos

En un sucesivo escrito de enero de 2015, el fiscal Luzón instó a continuar con las diligencias para averiguar cuál era el verdadero origen de los fondos que la familia Pujol tuvo en Andorra viendo que la explicación que siempre ha dado el expresident de que se trataba de una herencia de su padre, el abuelo Florenci Pujol Brugat, presentaba "tanto lagunas como contradicciones".

Fragmento del escrito de la Fiscalía Anticorrupción de 2015

En este segundo escrito, el fiscal no descartaba la comisión de un "delito de blanqueo sin la oportuna información bancaria, pues el delito antecedente puede ser otro distinto al delito fiscal. No se trata, por tanto, como apunta el recurrente, de que se pretenda introducir un precepto penal inexistente en el Código Penal -el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos- sino de que, detectando un enriquecimiento sospechoso por ser difícilmente compatible con las fuentes declaradas de renta de los querellados, se hace imprescindible investigar el origen de esos fondos", afirmaba.

Ve injusto que sea la Fiscalía quien decida si debe abrirse o no una investigación y no un juez

El defensor de Pujol ve contradictorio este criterio con el de descartar aclarar el origen de los fondos que el emérito atesoró en el extranjero. Compartiendo que posiblemente ni uno ni otro caso -el de Pujol y el del emérito- tiene base indiciaria para abrir una investigación, ve injusto que sea la Fiscalía quien decida si debe abrirse o no y no un juez.

En los decretos de archivo de este miércoles, la Fiscalía evidenciaba que los fondos en un trust de Jersey (que llegó a tener más de 10 millones) "tienen una indudable conexión con quien fuera Jefe del Estado español" pero "lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho trust en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación entre los fondos del mismo y S.M.D. Juan Carlos de Borbón". "No existiendo actualmente documentación soporte disponible, probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados. Desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M.D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", concluía el fiscal descartando indicios que permitan dirigir reproche penal contra Juan Carlos de Borbón.