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La Fiscalía deja vía libre al emérito para volver a España al no querellarse contra él

La investigación aflora que Juan Carlos I traspasó los fondos millonarios de un trust en Jersey al historiador Joaquín Romero Maura porque "de ser conocida su existencia por la opinión pública española resultaría embarazoso para la monarquía"

Ilustración del rey emérito Juan Carlos I junto a Dolores Delgado, Fiscal General del Estado

Carmen Vivas

La decisión de la Fiscalía de no presentar querella contra el rey emérito deja vía libre a Juan Carlos I para regresar a España año y medio después de instalarse en Emiratos Árabes. El Ministerio Público ha confirmado este miércoles el archivo de las diligencias de investigación abiertas en junio de 2020 al entender que los delitos que habría cometido el ex jefe del Estado están prescritos o no son perseguibles por la inviolabilidad de la que aquél gozaba hasta que abdicó la Corona en favor de su hijo.

Las pesquisas se iniciaron tras conocerse que el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz le hizo en 2008 una donación de 65 millones, no declarada en España. Entre otras líneas, la investigación ha tratado de acreditar si dicho pago fue en verdad una comisión por la mediación del monarca español en la adjudicación del contrato de ampliación del AVE de Medina a La Meca a un consorcio hispano-saudí. La Fiscalía ha decretado el archivo sin reunir indicios suficientemente sólidos que acrediten dicha hipótesis.

Desde enero se daba ya por hecho que el Ministerio Público no presentaría querella contra él. Eso llevó al emérito a confesarle al periodista Carlos Herrera, en una visita que éste le hizo, su intención de volver a España en el momento que menos perjudicara a su hijo. Este miércoles, tras conocerse el archivo de las diligencias, el abogado del ex jefe del Estado (Javier Sánchez-Junco) ha avanzado que la próxima semana aclarará si su intención es volver a España o no. La decisión del Ministerio Público se ha tomado cuando el foco mediático está puesto en la invasión de Rusia en Ucrania.

En los decretos de archivo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, hace un minucioso recorrido sobre las diligencias que se han venido practicando durante los últimos 21 meses y que arrojan luz sobre aspectos someramente conocidos hasta ahora.

  • La Fundación Lucum y la cuenta en un banco suizo. Las pesquisas que ha llevado a cabo en el último año y medio la Fiscalía han permitido constatar que Juan Carlos I era el «verdadero titular» de la cuenta que la Fundación Lucum -constituida en Ciudad de Panamá el 31 de julio de 2008 por los testaferros Arturo Fasana y Dante Canónica- tenía en el banco suizo Mirabaud. Dicha cuenta se abrió el 8 de agosto de 2008 con la transferencia de 100 millones de dólares estadounidenses (64.884.405 euros al cambio) que hizo el Ministerio de Hacienda del Reino de Arabia Saudí. «Importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo, según la tradición saudí de cara a otras monarquías», describía. Dicha fundación llegó a tercer otras tres cuentas, que el entonces jefe del Estado utilizó para realizar inversiones y en una de las que ingresó en efectivo 1.895.250 dólares estadounidenses (equivalentes a 1.419.065,50 euros) procedentes de una entrega realizada por el sultán de Bahrein. Mientras que mantuvo estos activos no presentó ante la Agencia Tributaria la entonces obligatoria declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero. Se trata del modelo 720, tumbado el pasado mes de enero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por ser contrario al derecho comunitario.
  • Indicios débiles de la comisión del AVE a La Meca. «No existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente el pago de comisiones cuyo destino último haya sido retribuir a las autoridades o funcionarios públicos responsables del proyecto de construcción del AVE para conseguir su adjudicación», concluye el fiscal. La sospecha de que Juan Carlos I cobró una comisión por su intermediación para la obtención del megacontrato se alimentó a raíz del testimonio de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante del rey emérito. Ésta dijo tener un conocimiento «de referencia», sin que se hayan recabado otros indicios que hayan permitido sustentar una acusación. La única correspondencia temporal existente es la que puede establecerse entre el inicio del concurso para la adjudicación (septiembre de 2008) y el referido ingreso en la cuenta de la Fundación Lucum (agosto de 2008). «En lo atinente a la participación del entonces rey Juan Carlos I, los indicios son extraordinariamente débiles, de tal modo que los hechos que podrían atribuírsele no llegan a rebasar la condición de meramente sospechosos y, por lo tanto, del todo inidóneos para el ejercicio de una acción penal», zanja.
  • La comisionista Zanganeh. La iraní Shahpari Azzamy Zanganeh firmó el 18 de mayo de 2011 firmó un contrato con las empresas hispano-saudíes que formaban el consorcio que aspiraban entonces a adjudicarse el contrato del AVE a La Meca por el que esta consultora percibiría el equivalente al 2 % del valor contractual del proyecto, posteriormente sustituida por una comisión de 95.788.435,97 euros. Como publicó El Independiente, la lobista ha cobrado tan sólo una parte: 34.808.810 euros y 46.172.927 ryales saudíes. A la Fiscalía tampoco le consta que la agrupación de empresas haya pagado los 120 millones de euros pactados con el príncipe Abdulaziz bin Mishal en otro contrato de consultoría.
  • «Donación irrevocable» a Corinna. La investigación ha reconstruido las transferencias que se hicieron desde la citada cuenta en el banco Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum. Una de ellas fue la que, por importe de 384.411,20 francos suizos, recibió Corinna zu Sayn-Wittgenstein el 12 de junio de 2012 en una cuenta que tenía en la entidad Gonet Bank Trust Ltd de Nassau (Bahamas). En una «donación irrevocable» por parte del hoy emérito, la entonces amante del rey fue la receptora 13 días después de todos los activos que tenía la Fundación Lucum, entre ellos una cartera de valores con el siguiente saldo: 52.749.390 euros, 3.778.983 francos suizos y 14.493.993,26 dólares estadounidenses.
  • Las transferencias del amigo mexicano. Entre los años 2016 y 2019,  el empresario británico y mexicano Allen Sanginés Krause hizo donaciones a Juan Carlos I por importe de 1.083.645,66 euros. De esta cantidad, 516.606,32 euros fueron transferencias a cuentas en Ibercaja y Banco Caminos a nombre del coronel Nicolás Murga -al que el rey nombró ayudante de campo en 2007 y hoy ya jubilado- y 471.673,59 euros a El Corte Inglés por viajes realizados por el monarca y su familia, correspondiendo los 95.365,75 euros restantes a un tratamiento al que el padre de Felipe VI se sometió en la clínica de la Sociedad de Medicina Antiaging y Longevidad Saludable SL. «No hay constancia de contraprestación alguna a estas transferencias», concluye Anticorrupción, que vincula los pagos a una relación de amistad. El 9 de diciembre de 2020, meses después de que el Ministerio Público comunicara que había abierto diligencias, el abogado de Juan Carlos I presentó en Hacienda la autoliquidación de estas donaciones. Éstas no habían sido declaradas inicialmente.
  • Los viajes a cargo de la Fundación Zagatka. La documentación aportada por la Fiscalía del cantón de Ginebra ha permitido conocer a los fiscales españoles cómo la Fundación Zagatka -constituida el 1 de octubre de 2003 en Liechtenstein por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del rey emérito- abonó entre 2014 y 2018 «cuantiosos gastos» por el uso que Juan Carlos I y familiares hicieron de aviones privados y servicios de alojamiento. «No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la Fundación Zagatka ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad», detalla uno de los decretos de archivo. Estas rentas tampoco fueron declaradas por el ex jefe del Estado en su momento, sino cuando la investigación ya estaba en marcha.
  • Pagos a Hacienda ‘a posteriori’. Las autoliquidaciones complementarias presentadas ante la Agencia Tributaria, tanto por el impuesto de donaciones como por el de la renta de las personas físicas, ha supuesto el pago por parte del rey emérito de cuotas por importe de 4.416.757,46 euros. Se trata de impuestos que no había abonado en su momento, sin que concurriera causa para no hacerlo. Ese dinero lo abonó con los préstamos recibidos de 12 personas físicas y jurídicas «debidamente documentados». La Fiscalía concluye que no cabe reproche penal pese a este incumplimiento tributario por el hecho de que Juan Carlos I «no tuvo el conocimiento formal previo a la presentación de las declaraciones tributarias complementarias» antes de que se incoaran las diligencias de investigación. El Ministerio Público resalta que, si bien no se han podido depurar responsabilidades penales por prescripción de los delitos o la inviolabilidad de la que gozaba el monarca mientras ocupó la jefatura del Estado, las arcas públicas han podido recuperar 5.095.148 euros de las cuotas tributarias que ha abonado el emérito (incluyendo recargos e intereses de demora) merced a las pesquisas realizadas.
  • La prescripción de los delitos. A pesar de que en la investigación queda claro que «la cuota defraudada» por el emérito «supera con creces» el importe de 120.000 euros que se establece como umbral para la perpetración del delito de fraude contra la Hacienda Pública, la responsabilidad de los posibles delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I en 2008, 2009, 2010 y 2011 ha prescrito al haber transcurrido más de cinco años. Aunque se diera por bueno que la donación del rey saudí fue una comisión, tampoco podría perseguirse un eventual delito de cohecho pasivo impropio por la misma razón temporal: habrían transcurrido 12 años desde que ingresó el dinero hasta que se abrieron las diligencias de investigación. En cuanto al supuesto blanqueo de capitales por las operaciones financieras y societarias llevadas a cabo para transferir el dinero desde la Fundación Lucum a la cuenta de Corinna Larsen en un banco de Bahamas, no estaría prescrito pero sí cubierto por la inviolabilidad: el traspaso de fondos lo hizo en junio de 2012, dos años antes de ceder la corona a su hijo.
  • Inviolabilidad para todas sus acciones hasta que abdicó. El decreto de la Fiscalía resuelve las dudas sobre hasta dónde llega la inviolabilidad del ex jefe del Estado. En este sentido, el Ministerio Público recuerda que la posibilidad de limitar la proyección de la inviolabilidad exclusivamente a los actos ejecutados en el ejercicio de su cargo de jefe del Estado ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, lo que impide formular reproche penal contra Juan Carlos I por cualquier delito -incluidos los de su esfera privada- que hubiera cometido antes de que abdicara el 19 de junio de 2014.
  • Un trust «embarazoso para la monarquía». Las pesquisas han girado también en torno a un producto financiero (trust) en la isla de Jersey que llegó a acumular más de 10 millones de euros, del que se tuvo conocimiento a partir de un aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Según se considera acreditado, en ese fondo se depositaron aportaciones realizadas en los años 50, 60 y 70 por donantes en apoyo a Juan Carlos I durante el franquismo. Los fiscales no han podido demostrar que el rey emérito llegara a disfrutar de dicho dinero en algún momento. Los fondos originales quedaron en poder del historiador Joaquín Romero Maura -según confirmó por escrito en 2006-, a quien se ha señalado como posible testaferro del ex jefe del Estado. Romero Maura ha declarado en el procedimiento que «en diciembre de 2003 se reunió con el entonces Rey de España, quien le explicó que el propósito inicial de los trusts Tartessos y Hereu [que se fusionaron en el trust investigado] había devenido innecesario y que, por el contrario, de ser conocida su existencia por la opinión pública española resultaría embarazoso para la monarquía». Según el historiador, el entonces rey le explicó que «por eso había decidido entregarle todos sus fondos, en atención a su amistad de muchos años y a los servicios prestados por su familia a la monarquía durante generaciones. En la certeza del monarca de que D. Joaquín Romero Maura vivía de acuerdo a unos códigos éticos que no iban a cambiar por recibir ese dinero, fue expresamente autorizado a emplearlo como estimara más conveniente, incluyendo destinarlo a otras personas que pudieran necesitarlo, en las mismas circunstancias que concurrieron en el propio Rey D. Juan Carlos en el pasado», se lee en el decreto. Por eso, según su versión, en febrero de 2004 canceló sendos trusts y dejó a Romero Maura como receptor.
  • La actuación de las autoridades judiciales suizas. Gran parte de los papeles que han manejado los fiscales fueron aportados por sus colegas de Ginebra. Con todo, las autoridades suizas han denegado la práctica de solicitudes de asistencia y no han llegado a cumplimentar en su totalidad la comisión rogatoria cursada el 10 de mayo de 2021, en la que se solicitaba toda la documentación acreditativa de las cuentas bancarias a nombre de la Fundación Zagatka y los movimientos efectuados desde la misma entre los años 2014 y 2019. Sólo cuando se le reiteró el requerimiento entregó a la Fiscalía del Tribunal Supremo los extractos, correspondientes tan sólo a los ejercicios 2014 y 2015.

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