El TC se dividirá en dos por el recurso de Junqueras contra la sentencia del 'procés'

El recurso de amparo del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 13 años de prisión y los mismos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación dividirán a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La sentencia para resolver el asunto podría acabar con cinco votos favorables a la confirmación del fallo del Supremo de los magistrados conservadores frente a cuatro de los progresistas, según calculan fuentes del Alto Tribunal consultadas por El Independiente.

Es una de las resoluciones sobre el proceso independentista más relevantes que queda por abordar al tribunal de garantías esta primavera, antes de que un tercio del órgano sea renovado por vencimiento de mandato. Y precisamente la ponencia le corresponde al presidente, Pedro González-Trevijano.

Junqueras fue indultado por el Gobierno, quedando libre de las penas de prisión, pero continuando inhabilitado para cargo público hasta 2031 por su responsabilidad en el proceso de independencia y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La inhabilitación, y la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas le exija un pago millonario por responsabilidad contable en el dinero destinado a la promoción del procés en las delegaciones de la Generalitat en el extranjero son los frentes de su intervención en la ruta independentista que todavía quedan pendientes al político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El recurso contra la sentencia de la Sala Segunda del Supremo ante el TC es visto por su defensa como la puerta a una posible victoria frente al Estado español en el Tribunal de Estrasburgo.

Ruptura de la unanimidad

Según las fuentes consultadas por este diario, mientras tanto el presidente como los magistrados Santiago Martínez-Vares, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel estarían por confirmar la sentencia del Supremo, el sector progresista compuesto por Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán podrían oponerse.

Tanto Xiol como Balaguer ya se negaron, en noviembre de 2019, a avalar la prisión provisional del líder de ERC que confirmó el Supremo después de haberlo acordado la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Fue la primera vez que el tribunal de garantías rompió su unanimidad sobre los asuntos del procés.

Posteriormente, los magistrados del Alto Tribunal fueron confirmando con amplia mayoría las sentencias condenatorias por el delito de desobediencia (Meritxell Borràs y Carles Mundó), pero la división llegó cuando hubo que abordar las sentencias por sedición, el delito junto con la malversación por el que fue condenado Junqueras.

Dos aspectos más dejan la decisión en un empate en el que será decisivo el voto del presidente. Dos magistrados del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, no pueden intervenir en la resolución del recurso al haberse apartado tras recusarles los políticos independentistas por manifestaciones públicas que hicieron sobre el procés.

Por otro lado, el magistrado Alfredo Montoya lleva meses de baja por haber sufrido un ictus. Así, son nueve magistrados -uno por encima del quorum exigido- los que pueden decidir al respecto.

Precisamente a Montoya le correspondía la ponencia de los recursos de los exconsejeros catalanes Joaquim Forn y Dolors Bassa, condenados por sedición y sedición y malversación, respectivamente, mientras que a González-Trevijano, los de Junqueras y el exconsejero Raül Romeva, condenados por sedición y malversación. Según adelantó La Razón, la intención es resolver los cuatro recursos esta primavera, para lo que otros magistrados asumirían las ponencias que corresponden a Montoya.

Pidió que se suspenda la condena

El recurso de Junqueras contra la sentencia de octubre de 2019 alberga aspectos jurídicos más complicados que los de otros políticos condenados. El ex vicepresidente catalán considera que el Supremo vulneró, además de otros derechos fundamentales, el de la participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española.

El pasado diciembre, se dirigió al Alto Tribunal pidiendo que suspenda los efectos de la sentencia del procés contra él por el auto de noviembre del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que entendió paralizadas las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont hasta que se resuelva la cuestión prejudicial que planteó el instructor del procés, Pablo Llarena, cuando Bélgica se negó a entregar al exconsejero Lluis Puig para saber si podía reclamar a los políticos independentistas huidos.

Puigdemont pidió que se le devolviera cautelarmente la inmunidad que le había retirado el Parlamento Europeo considerando que, puesto que las órdenes de detención europeas contra él seguían activas, si iba a las sesiones de la Cámara podía ser detenido. El vicepresidente del TGUE resolvió que el expresidente catalán no necesitaba la inmunidad de vuelta porque, hasta que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por Llarena, las eurooórdenes están suspendidas.

La defensa de Junqueras hace una interpretación extensiva de dicha resolución y entiende que la causa principal debió quedar en suspenso y, por lo tanto, también la condena contra él.