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Jucil calcula que, al ritmo actual, Interior tardará 10 meses en blindar la valla de Melilla

La asociación mayoritaria en la Guardia Civil asegura que se avanza a una cadencia "irrisoria de 12 metros al día" en la zona más vulnerable | El tramo del perímetro en el que se han de colocar los 'peines invertidos' es de unos 3,8 kilómetros

Policías nacionales, en el CETI de Melilla junto a migrantes que lograron saltar la valla el pasado 2 de marzo.

Policías nacionales, en el CETI de Melilla junto a migrantes que lograron saltar la valla el 2 de marzo. EP

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) calcula que, al ritmo al que se se ejecutan actualmente los trabajos, el Ministerio del Interior tardará al menos de diez meses en terminar de blindar el perímetro fronterizo de Melilla con la colocación de ‘peines invertidos’ encima del vallado en los tramos que no cuentan todavía con este tipo de protección.

Representantes de esta organización se han reunido este lunes con la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, para entregarle un informe en el que detallan el número de guardias civiles y policías nacionales que resultaron heridos a principios de marzo en el curso de varios intentos masivos de salto a la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Con su dosier, Jucil -mayoritaria en el Cuerpo- quiere que se «valoren» las condiciones en que se trabaja en el marco de la investigación que el alto comisionado de las Cortes inició de oficio tras difundirse las imágenes en las que se ve a varios agentes golpeando a un migrante que acababa de superar el obstáculo.

Entre las medidas que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen demandando al Ministerio del Interior figura la terminación del refuerzo de seguridad en la valla de Melilla, dado que existe una zona que no cuenta aún con la estructura tubular con forma de ‘peine invertido’ que dificulta el acceso. Es el tramo comprendido entre el paso de Barrio Chino y el de Beni Enzar, por donde trataron de acceder miles de subsaharianos los días 2 y 3 de marzo.

Según los datos de Jucil, los trabajos –iniciados a finales de 2019 y adjudicados a la empresa pública Tragsa por 9,5 millones de euros- se desarrollan «a un ritmo irrisorio de unos 12 metros al día», por lo que, teniendo en cuenta que la extensión a cubrir es de 3,8 kilómetros, se necesitarían unos diez meses en total. Esta asociación de guardias civiles asegura que tan sólo se ha avanzado «unos 200 metros».

El cálculo choca con las previsiones que el ministro Grande-Marlaska aireó cuando se desplazó a Melilla a principios de marzo para interesarse por el estado de salud de los agentes que resultaron heridos ante los intentos masivos de salto y reunirse con mandos operativos. El titular de Interior cifró en unos tres meses el tiempo que se requería para completar la protección en la «pequeña zona de la valla» que quedaba pendiente.

«Efectivos necesarios»

«Tan importante es el refuerzo de esta valla como que ésta esté vigilada por los efectivos necesarios para garantizar la impermeabilidad de esta y garantizar tanto la no violación de la frontera como garantizar la seguridad ciudadana dentro de las ciudades autónomas», expone Jucil en el informe entregado a la número dos de la Oficina del Defensor del Pueblo.

Según sus estimaciones, la plantilla de la Guardia Civil en Melilla tiene 79 vacantes, lo que representa el 12,4 % del catálogo de puestos de trabajo (634). En Ceuta, las plazas sin cubrir son 35, el 5,4 % (608). Esta asociación profesional reclama no sólo que se cubran los huecos existentes sino que aumente la dotación de cada comandancia, de modo que cada una cuente de manera estable con unos 800 efectivos.

El refuerzo de personal es una de las medidas que Jucil plantea para garantizar la seguridad de los perímetros fronterizos. En concreto, propone la creación de equipos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) en ambas ciudades autónomas con una plantilla de 60 agentes cada una, en lugar de movilizar desde otros puntos del país a otras unidades o del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) cuando hay un incidente de calado.

Jucil entrega a la oficina del Defensor del Pueblo un informe en el que abogan por reforzar la plantilla y más medios materiales

De igual forma, abogan por establecer «puestos avanzados a lo largo del perímetro», el uso de drones para reforzar el campo de visión y dotar a los funcionarios con más medios materiales, como cascos que soporten el lanzamiento de piedras y las embestidas con los tornillos que los migrantes se colocan en las suelas de los zapatos, armas largas no letales para el lanzamiento de botes lacrimógenos a corta distancia, máscaras con filtro y botas para evitar torceduras de tobillo.

En relación con la actuación que investiga el Defensor del Pueblo, Jucil lamenta la difusión de «noticias falsas» que ponen «en tela de juicio la profesionalidad y respeto de los guardias civiles hacia la dignidad e integridad de las personas», al tiempo que subraya el «malestar» de los agentes destacados en la frontera por «al ver que no tienen el apoyo desde la Administración». En su opinión, se ha tratado de proyectar una actuación desproporcionada de los agentes soslayando que instantes antes el migrante se había negado a soltar los garfios que empuñaba con ambas manos y se había «abalanzado de manera violenta contra uno de nuestros compañeros».

«Como guardias civiles y servidores públicos siempre estaremos al lado de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho (no se entendería que fuese de otra manera). Y por supuesto entendemos y acatamos que se evalúen nuestras intervenciones. Es nuestra obligación y nuestro deber», apostilla la asociación.

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