Pere Aragonès sufrió dos ataques informáticos en su teléfono móvil con el programa Pegasus. El primero, en octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés independentista. El segundo se produjo en enero de 2020, "cuando se estaban llevando a cabo las conversaciones para investidura Pedro Sánchez". Así lo relató el propio Aragonès en la comparecencia en la que este martes ha dado por congeladas las relaciones con el Gobierno hasta que no se "asuma responsabilidades hasta las últimas consecuencias".

Aragonès señala así la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en la operación de espionaje al independentismo catalán, que afecta a 65 miembros del movimiento entre dirigentes políticos, de entidades, periodistas y abogados, según una investigación de la entidad canadiense Citizen Lab.

Por el lapso temporal de la operación, que duró al menos hasta 2020, dos años después de que Sánchez llegara a la Moncloa. Y también por los intereses que podrían haber movido a ese segundo ataque informático contra Aragonès, que entonces dirigía ERC, con Oriol Junqueras en prisión.

Sanz Roldán en la diana

Ni Esquerra ni, sobre todo, Junts están dispuestos a dejar que el PSOE diluya la responsabilidad de la supuesta operación de espionaje orquestada desde los servicios de inteligencia en el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Pese a los esfuerzos vertidos por los republicanos en trabar una relación privilegiada con el PSOE, han dejado claro que en este caso esperan una "asunción de responsabilidades" en toda regla por parte del Gobierno socialista.

No aceptarán, por tanto, que el Gobierno se limite a señalar al anterior director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, al que se había atribuido inicialmente la operación. Así lo hicieron Roger Torrent y Ernest Maragall en la querella presentada hace un año por las primeras escuchas descubiertas.

La investigación abierta por el Juzgado de instrucción 32 de Barcelona se dirige contra Sanz Roldán, pero desde el independentismo recuerdan que el Gobierno Sánchez lo mantuvo al frente del CNI durante un año. Y el último hackeo a Aragonès tuvo lugar cuando ya había sido sustituido por Paz Esteban.

Y entre medias, se queda colgada mesa de diálogo con la Generalitat. Moncloa nunca tuvo prisa y menos en mitad de un escenario electoral como el castellanoleonés y el que se avecina en unos pocos meses, esto es, el andaluz. La mesa duerme el sueño de los justos tras un primer encuentro en un ya lejano mes de septiembre del año pasado. Ha sido todo un arrastrar de pies por mucho que desde Moncloa afirmen que “se avanza en sus trabajos” sobre cuestiones que no concretan.

Moncloa asegura que, pese a las críticas de Echenique, "el Gobierno está unido en esto"

Lo cierto es que siguen sin poner fecha a una cita para la que “se mantienen líneas de interlocución”, pero el tema no aclarado del espionaje a más de sesenta dirigentes del procés mediante el uso de la tecnología Pegasus no ha hecho más que dificultar una cumbre para la que ERC tiene serias dificultades de índole interna con sus socios de Junts, mientras el Gobierno prefiere no avanzar en ningún contenido más allá de la mesa de transferencias que va por otro lado.

“No hay fecha pero podría haberla, hay avances y habrá que ver si esto (el espionaje) lo complica o puede ser motivo de distensión”, afirman los mismos medios de forma harto críptica aunque todo apunta a que la confianza de ERC se ha quebrado. Lo que sí aseguran es que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, no han hablado de este delicado asunto sobre el que Moncloa intenta extender un cortafuegos como hizo ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Rodríguez aseveró que el Gobierno “no tiene nada que ver ni ocultar” y que colaborará con la Justicia para “el esclarecimiento de los hechos”. Apeló a que en un país democrático, este tipo de interferencias en los derechos y libertades individuales solo se pueden hacer al amparo de un mandato judicial, aunque no fue más allá cuando se le interrogó explícitamente por una hipotética actuación del CNI apelando a cuestiones de seguridad nacional.

Comparecencia de Robles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió este lunes comparecer en comisión en el Congreso, después de que los socios de Gobierno recriminaran la tibieza de la respuesta tanto del ministerio de Defensa como del Interior. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha exigido que “rueden cabezas” al tiempo que ha urgido a Robles y Grande Marlaska a investigar “si ha habido ilícitos por parte de las estructuras del Estado”.

A pesar de esta discrepancia de fondo, Moncloa aduce que una cosa son “las declaraciones del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y otra el Gobierno, y en esto estamos unidos”.