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Tebas pide que la RFEF responda de ocho millones por el posible desvío de fondos para los árbitros

LaLiga solicita al juez del 'caso Villar' que declare responsable civil subsidiaria a la Federación Española de Fútbol por destinarse a otros fines parte del dinero que le entregó | La patronal defiende que se amplíe tres meses más la investigación

Luis Rubiales (RFEF) y Javier Tebas (LaLiga), en un encuentro.

Luis Rubiales (RFEF) y Javier Tebas (LaLiga), en un encuentro. EFE

La acusación particular que ejerce LaLiga en el caso Villar ha pedido al juez que declare responsable civil subsidiaria a la Federación Española de Fútbol (RFEF) por al menos ocho millones de euros al destinarse presuntamente a otros fines parte de los fondos que le entregó entre los años 2009 y 2016 para el pago de viajes, alojamiento y dietas de los árbitros.

Así lo plantea la patronal del fútbol en un escrito presentado el pasado 12 de abril en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, que la próxima semana tendrá que decidir necesariamente si da ya por terminada la investigación después de cinco años o prorroga las pesquisas varios meses más para que se terminen de practicar las diligencias pendientes.

LaLiga viene manteniendo desde hace un año que, «sin su conocimiento» ni su «consentimiento», la Federación -en la etapa de Ángel María Villar como presidente- destinó parte de esos fondos finalistas «al beneficio de terceros y de la propia RFEF» en lugar de reintegrarle los remanentes que se fueron generando en dicho periodo. Sólo le devolvieron el dinero no gastado en dos temporadas: 861.395,08 euros en la 2018/2019 y 910.879,90 euros en la 2019/2020.

En un informe pericial aportado a las actuaciones, esta acusación cifra en al menos 8.071.240 euros los fondos que se habrían desviado de su finalidad -viajes, alojamientos, dietas y suplidos del colectivo arbitral y, desde 2014, acciones de formación- para sufragar gastos no previstos en los convenios de coordinación firmados entre las dos partes como desplazamientos y estancias de la junta directiva del CTA, trajes para los árbitros de Segunda División A y B, el mantenimiento de intercomunicadores, el abono de honorarios de un coach profesional, la manutención de la mujer e hija de un directivo arbitral, comidas y cenas atribuidas al fútbol playa, y hasta las costas de un procedimiento judicial.

«Facturas improcedentes»

La entidad que preside Javier Tebas señala como responsables de este presunto desvío a Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó -ex presidente y ex secretario general del CTA, respectivamente- y por ello solicita al juez que los llame a declarar en calidad de imputados. En su opinión, fueron ellos quienes «visaron, validaron y ordenaron el abono de las distintas facturas improcedentes plenamente conscientes de su naturaleza indebida».

Igualmente, LaLiga atribuye responsabilidad por estos hechos a Ángel María Villar con el argumento de que Sánchez Arminio y Massó eran «subordinados» suyos y éstos dependían de él «tanto jerárquica como funcionalmente». Es por ello por lo que pide al juez que llame también a declarar al ex presidente de la RFEF, principal investigado en esta causa.

En un escrito fechado este jueves, la defensa de Villar mantiene que los hechos que le atribuye esta acusación «le son absolutamente ajenos» a su representado, quien «no ha tenido ningún conocimiento» ni «participación alguna». La abogada Paola Úbeda atribuye la petición a las «claras desavenencias» existentes entre Javier Tebas y Ángel María Villar, por lo que pide al instructor que desestime la pretensión de LaLiga.

LaLiga ve necesario que se amplíe tres meses la instrucción, cuya última prórroga expira a finales de la próxima semana

A mayor abundamiento, la letrada sostiene que el ex presidente de la RFEF «no tenía competencias en materia económica» y que la organización económica del Comité Técnico de Árbitros dependía «única y exclusivamente de este órgano», por lo que «ninguna responsabilidad podría atribuírsele» en caso de existir irregularidad. «Entendemos que tampoco se ha producido», dice.

En otro escrito presentado también el pasado 12 de abril, la patronal del fútbol ha solicitado al juez que alargue la instrucción del procedimiento otros tres meses -la prórroga vigente expira el próximo 29 de abril- para que se puedan practicar diligencias, entre ellas las declaraciones de Sánchez Arminio, Massó y Villar en caso de que el magistrado que se encuentra al frente del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional acceda a esta petición.

LaLiga recuerda que falta también el informe que el juez encargó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en mayo de 2018 sobre el destino dado a los fondos que le entregó a la RFEF en el periodo investigado (más de 344,13 millones de euros entre 2008 y 2017), su adecuación a los fines previstos en los convenios y la corrección en su contabilización. 

‘Pinchazos’ telefónicos

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que el juzgado tampoco ha dado traslado a las partes que lo han solicitado ni de las grabaciones de las intervenciones telefónicas, ni de la documentación obrante en los dispositivos informáticos que se intervinieron en los registros domiciliarios que se llevaron a cabo en su momento. «La no prórroga de dicho plazo supondría un patente impacto en el derecho de defensa de esta parte, que no ha tenido acceso hasta el momento a un soporte probatorio que se supone básico para la instrucción», alega.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario dan por seguro que el magistrado no ampliará el periodo de investigación -a finales de enero accedió a prolongarlo tres meses a petición de la Fiscalía- y dará ya por concluida la instrucción, iniciada el 18 de abril de 2017 tras la denuncia presentada días antes por Anticorrupción. En ese caso, el siguiente paso sería transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y pedir a las partes que presenten escrito de acusación o pidan el sobreseimiento.

En este procedimiento se investiga la posible comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental, estafa y corrupción entre particulares, figurando con la condición de imputados más de una treintena de personas físicas -entre ellas Ángel María Villar y su vicepresidente económico, Juan Padrón- y una veintena de empresas.

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