España

Moncloa controla directamente la seguridad de los móviles del presidente y de los ministros

El complejo donde se encuentra la Presidencia del Gobierno cuenta con un departamento de seguridad propio, dirigido desde 2018 por una comisaria principal | Interior le tiene que proveer "de la infraestructura y medios precisos" para realizar su función

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la escalinata de acceso al edificio principal de La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la escalinata de acceso al edificio principal de La Moncloa. EP

El agujero que habría permitido infectar los teléfonos oficiales de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles (Defensa) sin que saltaran las alarmas en su momento pone en cuestión la actuación del Departamento de Seguridad de Moncloa, el área que se encarga directamente de proteger al jefe del Ejecutivo y todo el complejo donde tiene su sede la Presidencia del Gobierno. Esa función incluye la vigilancia de los terminales móviles, tanto del jefe del Ejecutivo como de ministros.

El juzgado de guardia de la Audiencia Nacional ha recibido este lunes una denuncia de la Abogacía del Estado para se que investigue quién está detrás de la intrusión a los terminales de Sánchez y Robles a través de Pegasus, el programa desarrollado por el grupo israelí NSO y que maneja una veintena de países de todo el mundo. El software sólo se vende a instituciones estatales y su uso se circunscribe teóricamente a la prevención de actos terroristas y a la persecución de delitos bajo control judicial.

Diversas fuentes consultadas por El Independiente coinciden en que la responsabilidad por la no detección de esta intervención ilegal de los citados teléfonos correspondería al Departamento de Seguridad de Moncloa, al que está asignada «la protección del personal, edificios e instalaciones» del complejo, «la seguridad integral del presidente del Gobierno» y la de otras personas que determine de forma expresa el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ese cargo lo ostenta Óscar López desde el pasado 14 de julio, cuando relevó a Iván Redondo.

Las fuentes aseguran que es Moncloa quien facilita los teléfonos móviles cifrados a los titulares ministeriales y quien se encarga específicamente de revisar su seguridad al objeto de que no puedan sufrir sabotajes por la importancia de la información que pueden albergar.

El Departamento de Seguridad está adscrito funcionalmente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y cuenta con efectivos policiales de libre designación cuya adscripción efectúa el Ministerio de Interior «de acuerdo con la persona titular de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno».

Según se detalla en el real decreto por el que se reestructuró la Presidencia del Gobierno tras el nombramiento el verano pasado de Óscar López, Interior «proveerá de la infraestructura y medios precisos para el desarrollo de su función» a dicho departamento, al que corresponde la dirección operativa de los servicios que se le encomienden.

Detalle de las funciones asignadas al Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Desde septiembre de 2018, la directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno es María Marcos, comisaria principal zamorana que ocupaba la jefatura de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) tras haber estado al frente de la comisaría provincial de León. Fue la persona elegida por Pedro Sánchez para que se hiciera cargo de su seguridad, convirtiéndose así en la primera mujer en desempeñar tal responsabilidad en los más de 40 años en que llevaba funcionando este departamento. Hasta ese momento se encargaba de esa función el coronel de la Guardia Civil Alejandro Hernández Mosquera.

Según el Gobierno, la detección de la intrusión la ha realizado el Centro Criptológico tras analizar los móviles

Según ha explicado este lunes en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es un hecho «contrastado y fehaciente» que un agente exterior accedió de forma ilegal a los móviles de al menos dos integrantes del Gobierno entre mayo y julio de 2021. Esa fecha coincide con dos hechos clave que han marcado el debate político en España.

De un lado, la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados en el juicio del procés: Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En concreto, la medida de gracia se concedió en el curso de la reunión que el Consejo de Ministros celebró el 22 de junio de 2021.

Y, de otro, la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos -uno de los países que tienen el programa Pegasus– a raíz de que España decidiera acoger por razones humanitarias al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital público de Logroño para que fuera atendido tras infectarse por covid-19. Esa decisión llevó al reino alauí a retirar a su embajadora en Madrid (Karima Benyaich), quien ha vuelto diez meses después una vez materializado el giro de Pedro Sánchez a la postura de España sobre el Sáhara Occidental al avalar como una «base seria y creíble» el plan de autonomía de Rabat para encontrar una solución al conflicto.

Verificación del Centro Criptológico Nacional

Según ha informado Bolaños, la constatación de la intervención ilegal de los terminales móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles la ha tenido el Gobierno en el curso de los trabajos de verificación al que está sometiendo los teléfonos de todos los integrantes del gabinete el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el CNI volvió a estar adscrito a Defensa y no a la Vicepresidencia del Gobierno, como ocurrió en la etapa de Soraya Sáenz de Santamaría.

Entre las funciones que la ley asigna al Centro Criptológico Nacional figura la de «contribuir a la mejora de la ciberseguridad española» y afrontar activamente «las amenazas que afecten a sistemas del sector público, a empresas y organizaciones de interés estratégico para el país». También la de elaborar y difundir guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de las tecnologías de la información.

El episodio del espionaje a Sánchez y Robles se produce en plena ofensiva del independentismo catalán después de que una investigación realizada por Citizen Lab (Universidad de Toronto, Canadá) haya revelado que presuntamente fueron hackeados los móviles de más de 60 personas por medio del programa Pegasus. Ello ha llevado a ERC y Junts a exigir al Gobierno que investigue los hechos a fondo y que depure responsabilidades, retirando de momento su apoyo a iniciativas como el decreto-ley de medidas anticrisis para amortiguar el impacto del encarecimiento de las materias primas provocado por la guerra de Ucrania.

Te puede interesar

Comentar ()