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Las vías de la Junta para tratar de recuperar el dinero de los ERE tras la sentencia del Supremo

La Administración andaluza, en la etapa de Susana Díaz, rechazó acusar a los ex altos cargos pero se reservó la acción civil para ejercitarla tras el juicio | Un procedimiento de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, una de las opciones

Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una de las sesiones del juicio.

Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una de las sesiones del juicio. EP

La Junta de Andalucía, principal perjudicada por el fraude de los ERE, tiene la posibilidad de reclamar la devolución del dinero tras la sentencia confirmatoria del Tribunal Supremo que condena a una decena de ex altos cargos -entre ellos el ex presidente Griñán y cuatro ex consejeros- como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

En octubre de 2016, los servicios jurídicos de la Administración autonómica -entonces gobernada por la socialista Susana Díaz- pidieron el sobreseimiento de la pieza política de esta macrocausa al considerar que ni se implantó un procedimiento específico para la concesión de ayudas a prejubilados y empresas en crisis con «una finalidad ilegítima» ni había quedado demostrado durante la instrucción la existencia de una «trama criminal». Sólo reconocía indicios de «patentes irregularidades» en el otorgamiento de las subvenciones con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles.

De esta forma, la Junta de Andalucía rechazó ejercer la acusación en la vista oral si bien anunció reserva expresa de la acción civil «para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar». Expresado en otras palabras, que ejercitaría las responsabilidades civiles en caso de que fueran los supuestos responsables fueran condenados.

Ello llevó meses después a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a dictar un auto revocando las fianzas civiles que se habían impuesto anteriormente a los encausados. En el caso de Griñán, aquélla se fijó en 4.214.702 euros, idéntica cantidad que la establecida para su sucesora -Carmen Martínez Aguayo, también condenada por malversación- en la Consejería de Economía y Hacienda.

Si bien la acusación popular que ejerce el PP solicitó sin éxito al tribunal que se pidiera responsabilidad civil a los encausados tras la maniobra procesal de la Junta de Andalucía, la Audiencia de Sevilla rechazó esa posibilidad invocando el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim): «La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables».

Dinero de los «contribuyentes»

A finales de noviembre de 2019, una semana después de que se dictara la sentencia ahora confirmada por el Supremo, el bipartito PP-CS acordó iniciar los procedimientos con vistas a exigir dicha responsabilidad a los 19 condenados en primera instancia. Ese fallo no será firme hasta que en las próximas semanas se notifique a las partes. De momento, ha avanzado el sentido de la Sala, claramente dividida: dos magistradas han anunciado que formularán voto particular al entender que Griñán y otros cuatro acusados más (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano) deberían haber sido absueltos del delito de malversación.

Cuando este martes se le ha pedido su valoración sobre la sentencia del Supremo, el presidente Moreno Bonilla ha expresado que ello forma parte de «un tiempo pasado que no va a volver a Andalucía» y se ha comprometido a «trabajar todos los días para que eso jamás vuelva a suceder en nuestra comunidad y podamos recuperar el dinero que es de todos y cada uno de los contribuyentes andaluces, y que se merece que sea devuelto».

Juanma Moreno ha vuelto a insistir en que trabajará para que se pueda «recuperar el dinero de todos los andaluces»

La Administración andaluza tiene que determinar ahora qué vía utiliza para reclamar la devolución de los fondos, después de que dos órganos jurisdiccionales hayan concluido que se utilizó un procedimiento al margen de la legalidad a fin de repartir el dinero eludiendo los controles y evitando la fiscalización de la Intervención.

La Junta tiene varias opciones. De un lado, puede plantear en el Tribunal de Cuentas -máximo órgano de fiscalización de las administraciones con potestad enjuiciadora- la apertura de un procedimiento por responsabilidad contable contra los ex altos cargos condenados por malversación, como está haciendo en otras piezas de esta misma macrocausa aún sin sentencia firme.

En su calidad de acusación particular, también puede ejercitar la responsabilidad civil en las piezas separadas en las que se enjuiciarán cada una de las ayudas que se concedieron con cargo al fondo de reptiles, la mayoría todavía a la espera de la vista oral. A petición de la Fiscalía en las cuestiones previas al inicio de la vista oral, la Audiencia de Sevilla aclaró que las ayudas individuales no formaban parte del objeto del enjuiciamiento, sino el procedimiento utilizado para el reparto de los fondos.

Sea como fuere, otras fuentes consideran escasas las posibilidades de que el erario andaluz recupere una parte importante del dinero. Sin contar con las cantidades depositadas en el Tribunal de Cuentas, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública -con el PSOE aún en el Gobierno autonómico- reconoció en el Parlamento andaluz en julio de 2018 que el dinero recuperado de los ERE ascendía a 6,7 millones.

¿Cuánto dinero se ha malversado?

Ésta es la gran interrogante. En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla cifró en más de 680 millones de euros el montante global que suma la partida presupuestaria 31.L, con la que la Junta de Andalucía financió las ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis entre 2000 y 2009.

El tribunal sentenció que el mecanismo presupuestario utilizado para abonar el dinero -las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo enviaba al extinto Instituto de Fomento de Andalucía o a su sucesora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que actuaban de ‘caja pagadora’- es inadecuado, dado que esa herramienta sólo puede emplearse para cubrir las pérdidas de una entidad pública. En sentido estricto, toda la gestión de dicha partida es irregular.

Ahora bien, la mayor parte de ese dinero se ha destinado a pagar las prejubilaciones a trabajadores ‘legales’, descartando la instrucción en todo momento la posibilidad de reclamarles las rentas siquiera como beneficiarios a título lucrativo. Sí están imputados en piezas separadas los intrusos, empleados que no tenían ninguna vinculación con la empresa a la que se concedió la ayuda pero que se colaron indebidamente para cobrar una prejubilación. Ello se vislumbra en otra rama del caso.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran que la cantidad realmente malversada no se conocerá hasta que haya sentencia firme en todas las piezas separadas, puesto que hay ayudas prescritas por el tiempo transcurrido desde que se concedieron hasta que se inició la investigación judicial (ello ha obligado ya a archivar algunos procedimientos) y porque previsiblemente se producirán absoluciones en las que quedan por sustanciarse.

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