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"Muchos policías tienen la sensación de que van a ser condenados en Cataluña por el 1-O, sí o sí"

Decenas de agentes movilizados para evitar el referéndum siguen imputados cuando se cumplen cinco años de la consulta ilegal | El juez les imputa delitos de lesiones y contra la integridad de las personas por las cargas en colegios electorales

Antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores de un colegio electoral de Barcelona el pasado 1-O.

Antidisturbios de la Policía Nacional formando un cordón de seguridad junto a un colegio electoral de Barcelona el 1-O. EFE

«Puedo comprar el discurso de que hubo excesos muy particulares pero el hecho de que fuéramos unos 3.000 policías y otros 3.000 guardias civiles y que haya unos 150 imputados demuestra que la inmensa mayoría intervino correctamente, conforme a ley». Antonio (nombre ficticio para este reportaje) fue uno de los antidisturbios del Cuerpo Nacional que participó en la Operación Copérnico, el dispositivo desplegado por el Ministerio del Interior el 1-O de 2017 en Cataluña para evitar que se consumara el referéndum ilegal. Para él y para otros compañeros, aquel servicio sigue coleando pese al tiempo transcurrido.

Cinco años después del remedo de consulta independentista, un juzgado de Barcelona -concretamente Instrucción 7- mantiene con la condición de investigados a decenas de funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la intervención llevada a cabo aquel día en los puntos de votación a fin de intentar intervenir los efectos electorales y evitar que se consumara la votación, que había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En su caso, espera que el instructor acuerde el sobreseimiento de las actuaciones después de que la acusación que pidió su imputación haya reconocido que no fue él sino otro policía quien supuestamente había arrastrado por las piernas a un ciudadano para que la fuerza actuante pudiera acceder a uno de los colegios electorales.

De la causa abierta a raíz de las querellas presentadas por las asociaciones soberanistas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia se fueron desgajando casi una treintena de piezas separadas en las que, con los vídeos y fotografías tomados aquella mañana, trata de dilucidarse si en el desalojo de algunos colegios hubo un exceso de fuerza por parte de los agentes. El contingente formado por los policías nacionales y guardias civiles movilizados desde otras provincias y los funcionarios destinados en la comunidad tenían la orden de ejecutar el mandato dado en las vísperas tanto por la Fiscalía Superior de Cataluña como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): el referéndum no debía celebrarse.

Seis de la mañana, arranca la jornada

«La orden era acceder a los colegios e intervenir todo el material relacionado con la convocatoria: urnas, papeletas, propaganda, publicidad, acreditaciones de personal… En realidad, nosotros íbamos a prestar seguridad a los compañeros de Información para que pudieran salir de los colegios una vez que se hubieran incautado de los efectos», rememora Antonio en conversación telefónica con El Independiente.

La jornada había empezado a las seis de la mañana. El operativo había dividido la Ciudad Condal en núcleos de intervención, dentro de los cuales se encontraban los puntos de votación -alrededor de una veintena- que les correspondía cubrir a los diferentes grupos operativos. La planificación sólo la aguantó el papel.

Cuando declaró como testigo en el juicio celebrado en el Supremo contra los líderes del procés, el coordinador del dispositivo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, dijo que el dispositivo diseñado por los Mossos para cumplir la orden judicial fue «una estafa». En esta línea, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, defendió ante el mismo tribunal que la Policía de la Generalitat se dedicó a «legitimar» la consulta, no a impedirla.

Un juzgado barcelonés mantiene imputados a decenas de policías por delito de lesiones y contra la integridad de las personas

Los agentes pronto fueron conscientes de la dificultad de ejecutar el plan por la presencia de muchedumbres a las puertas de los centros para intentar evitar la actuación policial y que se pudiera celebrar la votación. «Ya en el primer colegio al que fuimos nos encontramos con una muralla humana, unas 200 o 300 personas parapetadas que no permitían el acceso a los compañeros de Información. Intentabas levantar a la gente como buenamente podías. La mayoría colaboraba, pero había pequeños grupos de resistencia que fueron los que nos dieron los problemas», recuerda.

En su caso, la intervención alcanzó tan sólo tres de los colegios que tenían asignado. A media mañana, cuando ya habían alcanzado amplio eco las imágenes de las cargas policiales a nivel nacional e internacional, se ordenó el repliegue. El plan quedaba abortado. Interior hizo primar la seguridad sobre el cumplimiento del mandato judicial a la vista de la resistencia ciudadana que habían encontrado en los puntos de votación, lo que en gran medida se achacaba desde Madrid a la «pasividad» de los Mossos.

Cuando Juan Ignacio Zoido compareció meses después ante la Comisión de Interior del Senado, el entonces máximo responsable del Ministerio cifró en «213» el número de centros electorales que llegaron a desactivar las fuerzas de seguridad del Estado el 1-O, bien porque se interrumpió la votación o porque no llegaron a abrir. Zoido insistió en que el plan coordinado en las vísperas entre los tres Cuerpos -Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra- atribuía a la Policía autonómica el precinto de los puntos designados por el Govern como lugares de votación y la incautación de efectos electorales para impedir que se consumara la consulta.

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, Antonio -con 11 años de experiencia en las Unidades de Intervención Policial (UIP) de los 16 que lleva en el Cuerpo- considera que las «prisas» por que se actuara en un colegio para poder desplazarse a otro y así sucesivamente «hizo cometer muchos errores de intervención básica». «Siempre suele haber un proceso dilatado de mediación y negociación, pero en este operativo no. Era llegar con los furgones a los colegios e intervención directa. Con un poco de insistencia, muchos de los ciudadanos que se resistían a levantarse hubieran terminado cumpliendo la orden. Creo que el Ministerio del Interior, y sobre todo nuestros jefes, no supieron ver la jugada de ajedrez de la otra parte. Y nos pusieron a los pies de los caballos», sostiene.

Imputado tres años después

A finales de 2020, cuando habían transcurrido ya más de tres años del 1-O, le notificaron a este antidisturbios la imputación en el marco de una de las múltiples piezas separadas -una por cada uno de los puntos de votación en los que se registraron incidentes- en las que se dilucida si la Policía se excedió en el uso de la fuerza ante los ciudadanos que trataban de evitar que no se llevara a cabo la consulta independentista. En junio de 2021 declaró como supuesto autor de delitos contra la integridad moral, contra las personas y por lesiones.

«El señor que me denuncia, cuando se levanta después de ser arrastrado por otros compañeros, al primer policía que ve es a mí y da el número de mi chaleco identificativo. Pero no fue yo el que lo cogió por las piernas porque estaba a varios metros», comenta este agente, que confía en que el juez archive las actuaciones contra él después de que la propia acusación haya reconocido el error. «He estado en intervenciones sensibles, como en manifestaciones de los trabajadores de Astilleros, y nunca me he visto en una situación como ésta. Considero que siempre intervengo ajustado a Derecho», resalta.

En su opinión, las asociaciones secesionistas que están personadas en la causa como acusación popular tratan de que el número de investigados sea el mayor posible para tratar de transmitir la idea de que la actuación de la Policía aquella mañana fue «agresiva» y «violenta» de manera generalizada y no en casos particulares. «Hay compañeros imputados por tirarle de la bufanda a una señora. Que sí, que no es el procedimiento más correcto, pero hay que verse ante una masa a la puerta de un colegio que tienes la orden de retirar», expone.

Interrogatorio del juez

A la espera de que el juzgado barcelonés dé por terminada la instrucción y decida si eleva las actuaciones para enjuiciamiento en caso de considerar acreditados los indicios de delito tras las diligencias practicadas, muchos de los policías investigados dan por seguro ya que se impondrán penas. «La sensación que tienen muchos compañeros es que van a salir condenados en Cataluña, sí o sí. Es verdad que es un partido de largo recorrido y que se podría recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el órgano que dictó la orden de que se evitara el referéndum…», indica.

Él alimenta esa percepción con la experiencia de su declaración: «Yo no pongo en duda la profesionalidad de los jueces, pero la forma que tuvo de interrogarme me transmitió la sensación de estar ya preconcebido hacia un lado de la balanza, la de la acusación. Era muy cortante en las preguntas y no dejaba acabar las respuestas. Parecía que estaba induciendo a lo que él quería escuchar», señala.

Lo que sí tiene claro es que, en el caso de que hubiera condena firme para alguno de los policías que participaron en el dispositivo del 1-O, «no habrá indulto» a diferencia del trato que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido con los líderes independentistas a los que se impuso pena de cárcel por sedición. «Me parece una vergüenza no por la ideología política sino por la sensación de impunidad que transmite a la sociedad», apostilla.

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