Sentencia del procés

Agentes de la Policía Nacional, a las puertas de un establecimiento comercial durante los disturbios registrados en la barcelonesa Plaza de Urquinaona el 18 de octubre de 2019.

Agentes de la Policía Nacional, durante los disturbios registrados en la barcelonesa Plaza de Urquinaona el 18 de octubre de 2019. EP

España

Un policía imputado por el 1-O: "Si me condenan, ¿me indultará también el Gobierno?"

"Indignación" por la concesión de la media de gracia a los líderes independentistas entre los agentes movilizados en Cataluña tanto por el 1-O como por los graves disturbios registrados tras dictar la sentencia el Supremo: "Se nos queda cara de tontos"

«Si me condenan y me expulsan del Cuerpo, ¿me indultará también el Gobierno? Seguramente no. Somos peones y ya sabemos que esta pieza no es fundamental y se puede sacrificar». Dentro de unos días, Antonio (nombre ficticio utilizado para este reportaje) tendrá que declarar como imputado ante el juez de Barcelona que investiga las cargas policiales registradas en varios centros de votación durante la mañana del 1-O. Él fue uno de los antidisturbios enviados por el Ministerio del Interior a Cataluña desde otras provincias para hacer cumplir el mandato judicial e impedir el referéndum unilateral que llevó a la cárcel a los líderes independentistas.

La estancia en prisión de los cabecillas del procés condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición terminó el pasado miércoles, justo al día siguiente de que el Consejo de Ministros concediera los indultos invocando razones de «utilidad pública» a fin de favorecer la convivencia. Quedaba así extinguido el resto de las penas que les quedaba por cumplir a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Joaquim Forn.

«Es una auténtica vergüenza, un despropósito y una injerencia de la política en la justicia. Se les ha indultado pese a no pedir perdón y no cambiar de opinión». El testimonio de Antonio refleja la «indignación» que la concesión de la medida de gracia ha causado a muchos de los policías nacionales a los que se encomendó la misión de impedir que se llevara a cabo la votación ilegal aquel domingo del otoño de 2017 y que, dos años después, tuvieron que repeler los graves disturbios que se registraron en las calles de Barcelona tras dictar el Supremo la sentencia condenatoria.

Aquel ‘viernes negro’ en Barcelona -18 de octubre de 2019 en el almanaque- no lo olvidará nunca Antonio, un policía que lleva en los antidisturbios nueve de los 15 años que lleva enrolado en el Cuerpo. Él había participado en operativos sensibles, como los desplegados con motivo de las manifestaciones de los trabajadores de Astilleros en Cádiz y del 15-M. Nada como lo que vivió aquella tarde-noche en la Ciudad Condal, donde llovían los adoquines. «Recibimos de todo: cócteles molotov, ácido, piedras… A dos o tres metros nos tiraron un bordillo de una acera de un metro de largo y descolgó la puerta del copiloto del furgón policial. Tuvimos que parapetarnos en un lugar seguro para colocarla como pudimos», rememora el policía, uno de los seis con los que ha conversado este diario.

Contingente por el 1-O

Él también había formado parte del contingente movilizado con motivo del 1-O (Operación Copérnico). Su grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) intervino aquella mañana en tres puntos de votación de Barcelona, donde centenares de personas se congregaban para tratar de que pudiera desarrollarse la votación ilegal obstaculizando el trabajo de los agentes para que éstos no pudieran intervenir las urnas. Tres años y medio después ha sido llamado en calidad de investigado al procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona por la actuación desplegada por la Policía Nacional aquella jornada.

«Un chico que dice que estaba sentado en primera fila en un centro de votación de Barcelona capital ha denunciado que se le agarró del cuello, se le tiró de las orejas, se le arrastró y se le ocasionaron lesiones. Él ha dado mi número de identificación orgánica [la del chaleco antibalas], por eso me imputan. Ya hemos aportado vídeos en los que se me ve en ese momento en otro lado», explica Antonio, defendido por los servicios jurídicos del sindicato Justicia Policial (Jupol) en Cataluña.

«Indignación» entre los policías por los indultos a los líderes secesionistas: «Se nos queda cara de tontos»

Cuando compareció en enero de 2018 ante la Comisión de Interior del Senado, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), cifró en 6.000 los policías nacionales y guardias civiles que se enviaron a Cataluña para evitar la celebración del referéndum. Ese contingente se sumó a los 6.000 agentes que ambos Cuerpos tienen destinados en dicha comunidad de forma estable.

«Los que han promovido, ejecutado y vulnerado la ley están ya en libertad. Muchos de los que defendieron la ley y garantizaron el estado de derecho están hoy encausados y pendientes de juicio», declara a El Independiente bajo condición de anonimato otro agente de la UIP, abiertamente en contra de la concesión de los indultos a los dirigentes secesionistas. «¿De qué ha servido jugarse la vida en una situación tan tensa y peligrosa si luego el presidente del Gobierno dice que está todo olvidado? Estamos indignados», añade.

«Se nos queda cara de auténticos tontos», describe otro veterano agente de los antidisturbios, que estuvo «56 días» en el Piolín -el barco fletado por el Ministerio del Interior para alojar a parte de los policías y guardias civiles que se desplazaron a Barcelona desde otras bases del país- con motivo del operativo del 1-O y que dos años después participó en el dispositivo de protección de infraestructuras críticas tras dictarse la sentencia del procés. «Mi sensación es que se nos mandó a los leones en un momento políticamente complejo en este país. Hicimos lo que nos mandaron y muchos compañeros han sido expedientados mientras los Mossos d’Esquadra no hicieron su trabajo y la causa del señor Trapero ha quedado en nada», indica en alusión a la absolución del mayor de la Policía Autonómica. Éste fue cesado tras aplicar el Gobierno de Rajoy el artículo 155 y restituido en su puesto después de que la Audiencia Nacional rechazara que hubiera cometido un delito de sedición, como sí apreciaba la Fiscalía.

Jubilación por «enfermedad común»

Este agente lamenta que el Gobierno haya perdonado a los dirigentes independentistas sin que éstos hayan mostrado públicamente su arrepentimiento -«han manifestado que lo volverán a hacer y que el objetivo es el referéndum de autodeterminación y la independencia», enfatiza- y vincula el otorgamiento de los indultos a una estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para «poder agotar la legislatura». «Al compañero de Galicia lo acaban de jubilar por las lesiones sufridas y, a pesar de que fue el ministro a visitarlo al hospital, no tienen narices de reconocerle la jubilación como acto de servicio y darle lo que le corresponde. ¿Lo va a tener que pelear en los juzgados?», censura el funcionario.

Como desveló este periódico, uno de los tres policías nacionales que resultaron con lesiones más graves por los disturbios de octubre de 2019 recibió a finales de mayo la notificación oficial de su jubilación por no reunir ya las condiciones físicas necesarias para poder seguir ejerciendo como policía, debido a las secuelas de la fractura abierta del radio de su brazo derecho que sufrió en Barcelona por el impacto de un adoquín y de la que ha sido operado en dos ocasiones. Su sorpresa fue que se ha tramitado «por enfermedad común» y no en acto de servicio, lo que le provoca un importante perjuicio económico al ser de menor cuantía la pensión que percibirá al no poder volver a vestir el uniforme. El agente gallego ya ha anunciado que acudirá a los tribunales si la Dirección General, como se ha comprometido, no corrige esta situación.

Esta cuestión se la afeó este viernes la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, al ministro Grande-Marlaska durante su comparecencia. «¿De qué sirvió que Iván, Álvaro y Ángel estuvieran a punto de perder la vida si usted ahora indulta a los culpables y ni siquiera declara las lesiones en acto de servicio?», le preguntó retóricamente la parlamentaria.

«La sensación es que al final ha sido un trabajo inútil», destaca otro policía con el que ha hablado este diario para la elaboración de este reportaje. «Fuimos a Cataluña por el 1-O y estuvimos metidos en barcos de mala manera durante un montón de días para nada. En octubre de 2019 pusimos en riesgo nuestras vidas para nada, para que ahora los perdonen y los manden a sus casas como si no hubiera pasado nada», se queja.

Se me ponen los pelos de punta al pensar que, en dos meses, esté por aquí Puigdemont recibido como un héroe», dice un antidisturbios

En esta línea se expresa otro antidisturbios, que también pide al periodista mantener su identidad bajo secreto. «Si iban a darle el perdón a esta gente y a los que apoyan ese movimiento, que hubieran ido los políticos a disolver los disturbios, que se la hubieran jugado ellos», comenta. En su opinión, la medida «ha generado más división» y no responde a un gesto de «magnanimidad» de Pedro Sánchez sino a que «lo necesita para seguir gobernando».

No menos indignado, otro de los agentes que participó en los dos operativos lamenta que a los condenados por sedición «les salga gratis» la comisión del delito por la «tomadura de pelo» de los indultos y que el independentismo haya logrado imponer una visión «distorsionada» de lo que pasó en el 1-O durante el desalojo de los puntos de votación. «Se me ponen los pelos de punta al pensar que, dentro de dos meses, esté por aquí Puigdemont recibido como un héroe», conjetura.

Por los grupos de whatsaap de los policías circulan estos días infinidad de mensajes y carteles alusivos a los indultos y al trabajo desarrollado en Cataluña tanto en el otoño de 2107 como de 2019. «Al final, como siempre, solos. A los pies de los caballos. Frenar cada adoquín lanzado con nuestros escudos y con nuestros cuerpos fue un orgullo. ¿De qué ha servido?», reza el texto de uno de ellos, ilustrado con una fotografía en la que se ve a un grupo de antidisturbios parapetados tras cinco contenedores y ante un mar de piedras y objetos junto a la plaza barcelonesa de Urquinaona.

«Nuestra función era defender los derechos y libertades de todos los españoles. Había unas resoluciones judiciales y nosotros hicimos el trabajo que se nos encomendó, ni más ni menos», apostilla un policía, que difícilmente olvidará la «agresividad» y el «odio» que exhibieron radicales independentistas cuando se conoció la sentencia que dictó el Tribunal Supremo y que ahora ha quedado anulada en el despacho del Consejo de Ministros.

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