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El Gobierno vasco cifra en 25 las competencias por transferir que aún le adeuda Sánchez

El Ejecutivo de Urkullu reitera que en el plazo de un mes se debería contituir la comisión prevista en el Estatuto. Desde enero no ha recibido respuesta de ninguno de los seis borradores de competencias remitidos.

El tiempo se agota y el Gobierno vasco lo sabe. También que si con este Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos está siendo complicado, peor será si tras las elecciones generales se produce un relevo en Moncloa en favor del PP. Por eso ha elevado la voz y ha imprimido carácter de urgencia para que el mayor compromiso adquirido por Pedro Sánchez con el PNV y la Administración vasca que gobierna, el cumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979, se intensifique en este inicio de curso. El Ejecutivo de Urkullu cifra en 25 las materias comprometidas hace dos años en un calendario y aún pendientes de transferir, entre ellas aspectos como el régimen económico de la Seguridad Social.

Ante lo que consideran una “inacción” incomprensible del Gobierno central, el Ejecutivo vasco ha iniciado la remisión de propuestas de transferencia que permitan avanzar en el proceso de las materias pendientes. Hasta ahora ha enviado seis documentos trabajados con posibles procedimientos y liquidaciones económicas y a partir de los cuales se podrían iniciar las negociaciones inexistentes para su transferencia a la mayor brevedad. Por ahora, la única respuesta es el silencio por parte del ministerio de Política Territorial: “Si ellos no avanzan, que no sea por no haber trabajado las materias”, aseguran desde el departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

El portavoz del Gobierno de Urkullu recordaba ayer que la disposición transitoria segunda del Estatuto vasco ya establecía que en el plazo de un mes se debía constituir una comisión permanente para negociar el traspaso de las materias incluidas en él. Por ello, el lehendakari reclamó la conformación de esta comisión mixta, «y si ya en 1979 los legisladores consideraron que un mes de plazo era suficiente para constituir esa comisión, el lehendakari también cree que ahora sería suficiente.

Y a la presión gubernamental se sumará la que ejercerá el PNV para que la situación cambie. Lo hará a través de la negociación presupuestaria en marcha. El presidente de la formación recordó el domingo que ellos están cumpliendo el pacto acordado con Sánchez, “lo hacemos cada semana de modo responsable en las votaciones del Congreso y Senado”: “Pero la pregunta es, ¿Sánchez puede decir lo mismo? Todos sabemos la respuesta, un no rotundo”. Durante su intervención ante la militancia con motivo del ‘Alderdi Eguna’, Ortuzar fue más allá y “exigió” a Sánchez “voluntad política para cumplir la palabra dada, como hace el PNV”.

Desde enero, se han remitido al Gobierno documentos con bases suficientes para abordar la negociación técnica del procedimiento y condiciones en las que se podría llevar a cabo la transferencia de seis materias. La última propuesta de transferencia enviada a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, es la referida al traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, en el que se aborda la seguridad de las máquinas y equipos de trabajo, riesgos físicos, químicos y psicosociales, además de los ruidos o vibraciones de las maquinas en el entorno laboral. Antes, el Ejecutivo vasco remitió propuestas similares sobre competencias como la gestión del litoral, la inmigración, el servicio de meteorología, el de salvamento marítimo y la titularidad de la competencia sobre el fondo de protección a la cinematografía.

«Hechos, no palabras»

Desde que se envió el primer borrador, el Gobierno vasco no ha recibido ninguna respuesta ni disposición a iniciar procesos de negociación sobre estas materias. Todas ellas están recogidas en el cronograma acordado en noviembre de 2018 entre ambos Ejecutivos y que, pese a plantear un calendario de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika para 2020, hoy sigue con 25 materias pendientes, según recuerda el Gobierno vasco. Un número importante de materias pendientes de las 144 que recoge el Estatuto aprobado hace ya 43 años.

El pasado 29 de julio, con motivo de una visita de la ministra Isabel Rodríguez a Bilbao para asistir a un acto institucional, se celebró una reunión en la que la consejera Garmendia volvió a reiterar la petición de acelerar el proceso de cumplimiento de traspasos, enfriado desde hace meses. Aseguró que hacen flata «hechos» y no palabras para salir de la «paralisis» en la que está este proceso.

El último traspaso de este año es el correspondiente al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya acumulaba muchos meses de retraso y que supuso un ultimátum del PNV para el apoyo de los presupuestos generales del Estado. Ahora, el siguiente proceso que Euskadi reclama con urgencia es el relativo a la recaudación de los nuevos tributos aprobados por el Gobierno para las energéticas, las entidades financieras y las grandes fortunas y que se deberían concertar con las haciendas vascas.

Por ahora, de las 25 materias que quedarían por completar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika de 1979, tan sólo se negocia entre ambas administraciones la relativa a la cesión de la gestión de los trenes de cercanías que circulan por Euskadi. La negociación, iniciada hace años, parece avanzada y el acuerdo, según afirmó Urkullu durante el Pleno de Política General de la semana pasada, debería formalizarse en octubre como muy tarde. Sobre otras materias “que nos corresponden”, como recordó el lehendakari, no hay mayores avances. En lo relativo al régimen económico de la Seguridad Social, desde el Gobierno vasco se ha comenzado a trabajar documentos pero por el momento sin intención de remitirlos al Gobierno Central, “aún no le hemos hincado el diente, hay algunos documentos pero por el momento sin cerrar nada. La idea sí es remitirlos más adelante”, aseguran fuentes del departamento de Garamendi.

En los meses que restan de legislatura parece complicado que se pueda proceder a la cesión de todas las transferencias pendientes. En el Gobierno vasco no ocultan la dificultad aunque reiteran que, en gran medida, depende de la “voluntad política” del Gobierno. Una voluntad que sembró de dudas el propio presidente del Gobierno cuando durante un pleno de control aseguró que varias de las transferencias incluidas en el calendario le suscitaban dudas legales sobre su viabilidad legal.

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