España LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Fundación Franco avisa de una "batalla larga" en los tribunales si el Gobierno intenta extinguirla

La asociación que difunde la memoria del dictador niega que su actividad conlleve humillación a las víctimas, la condición legal para que se le pueda dar de baja: “¿Decir que construyó 600 embalses es hacer apología del franquismo? Los jueces dirán”

Una mujer deposita flores en el panteón de Franco, en el cementerio de Mingorrubio (Madrid).

Una mujer deposita flores en el panteón de Franco, en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid). EP

La Fundación Nacional Francisco Franco advierte de que planteará batalla «con todas las de la ley» si el Gobierno de coalición, con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, trata de promover su extinción por ensalzar el régimen franquista. «¿Decir que Franco construyó 600 embalses es hacer apología? Los jueces tendrán que pronunciarse», plantea el presidente ejecutivo, Juan Chicharro.

La nueva norma, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, incluye una disposición adicional -concretamente la quinta- que regula las circunstancias que deben concurrir para que pueda acordarse el cese de una fundación: cuando no persiga fines de interés general o lleven a cabo actividades contrarias a ese objetivo. «A estos efectos, se considera contrario al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales», aclara el citado precepto.

En declaraciones a este diario, Chicharro considera «evidente» la intención del Ejecutivo de ir contra la asociación que preside, creada en octubre de 1976 para difundir «la memoria y obra» del dictador y cuya ilegalización ya planteó el grupo socialista en el Senado dos meses antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa tras prosperar la moción de censura. Con todo, el presidente de la Fundación Francisco Franco defiende que el presupuesto habilitador que exige la ley no concurre en la actividad que ellos llevan a cabo.

En el informe que emitió sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática elaborado en la etapa de Carmen Calvo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió de que la apología del franquismo entra dentro de la libertad ideológica y de expresión siempre que no represente un menosprecio o humillación a las víctimas o suponga una incitación directa o indirecta al odio o la violencia hacia aquéllas. El Ejecutivo tuvo que modificar la redacción inicial de ese precepto tras la consideración expresada por el órgano de gobierno de los jueces, concretamente por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea.

La apología del franquismo no basta para poder extinguir una fundación: ha de haber menosprecio a las víctimas

«La norma dice algo muy importante: tiene que haber menosprecio, humillación a las víctimas o incitación directa al odio o la violencia y nosotros no hacemos nada de eso», sostiene el presidente de la Fundación Franco, que confía en que Vox presente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática como anunció cuando el texto salió del Congreso el pasado verano para continuar su tramitación parlamentaria en el Senado. El PSOE logró sacarlo adelante en la Cámara Baja con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís. En la Cámara Alta no ha aceptado ni una sola de las 521 enmiendas presentadas por la oposición.

Chicharro no tiene dudas de que el Protectorado de Fundaciones «instará judicialmente la extinción» de la asociación, si bien ve más factible de que inicialmente solicite la suspensión cautelar de las actividades y «no la ilegalización inmediata». «Es una batalla larga y nosotros la vamos a dar. Además, habría que modificar la Ley de Fundaciones y la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación», sostiene.

La disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática faculta al Protectorado de Fundaciones -órgano adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte y encargado de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación- a promover en los tribunales la extinción de una asociación que haga apología del franquismo con menosprecio o humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado o de la dictadura. En caso de que concurra tal causa, el órgano jurisdiccional puede acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación -de oficio o a instancia de parte- hasta que dicte sentencia y adoptar las medidas cautelares que considere oportunas para garantizar la eficacia de la interrupción.

El archivo, principal activo

El activo más importante que atesora la Fundación Francisco Franco es su archivo histórico, formado por 27.357 documentos que abarcan el periodo 1917-1976 y que proceden del despacho y de dependencias del jefe del Estado. Es una fuente de consulta de gran relevancia para los historiadores y los estudiosos del periodo que va desde el inicio de la Guerra Civil hasta el final de la dictadura: correspondencia con otros jefes de Estado, informes confidenciales del Estado Mayor, borradores de leyes con anotaciones manuscritas del propio Franco, discursos, artículos periodísticos…

También incluye una treintena de documentos relacionados con el Valle de los Caídos, entre ellos una nota sobre la construcción del monumento ordenado levantar por el dictador en Cuelgamuros (no fechada) y las actas de presencia de la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera en el monasterio de El Escorial (Madrid) y su posterior traslado hasta la basílica de Cuelgamuros. Los fondos se pueden consultar tanto en la sede madrileña de la fundación como en el Centro Documental de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte y con sede en Salamanca- tras la subvención de 150.843,82 euros que el Gobierno le concedió para microfilmarlos en la etapa de José María Aznar.

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