Anticorrupción pide hasta 21 años de cárcel para ex dirigentes de Convergència por la trama del 3%

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al PDeCAT y a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) una multa de 3 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales en el marco del caso 3%, donde se ha investigado la presunta financiación ilegal de CDC.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, Anticorrupción dirige su acusación, además de contra CDC y PDeCAT, contra 30 personas y 14 empresas.

Entre ellos figuran los exgerentes de CDC Germá Gordó -que también ocupó la consejería de Justicia y la secretaría general del Govern- Andreu Viloca y Daniel Osácar, para quienes pide condenas de 18 años y diez meses, 21 años y cuatro meses y año y medio, respectivamente, por delitos como organización criminal o fraude.

En el caso de Osàcar el fiscal plantea sustituir su condena por trabajos en beneficio de la comunidad. Este acusado forma parte de la decena de investigados de quien Anticorrupción ha destacado su "comportamiento de activa y eficaz colaboración" por reconocer los hechos, motivo por el que solicita a la Audiencia Nacional que les aplique la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión. Osàcar ya fue condenado a prisión por el "Caso Palau", también de financiación ilegal de Convergència.

Estructura de financiación ilegal

Según el escrito del fiscal, entre 2008 y 2015 "altos cargos" de CDC, "en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña", y con los empresarios acusados, "pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

"Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para "CDC", sin la mácula de su origen ilícito", añade Anticorrupción.

Todos los hechos investigados en la instrucción del Caso 3% corresponden al periodo en el que Artur Mas lideraba CDC y el gobierno catalán, pero todos los acusados han evitado comprometer al ex president.

La estructura creada para financiar de forma ilícita contactaba con los contratistas de la Generalitat y otras administraciones públicas catalanas, que realizaban pagos a la fundación CatDem. Gordó era el responsable de conectar a los empresarios beneficiados por adjudicaciones de las administraciones gobernadas por CDC con el partido, mientras Viloca y Osácar controlaban las donaciones a CatDem y los pagos encubiertos recibidos finalmente por el partido.