El 5 de octubre de 1983 Alberto salió de casa camino del trabajo. Lo hizo en su coche, como siempre. Cuando llegara a su mesa, en la delegación del Gobierno Militar, llamaría a María Ángeles, su mujer. Aquella mañana el teléfono no sonó en casa. Era extraño. No solía fallar. Esta vez fue ella quien marcó el número de la delegación preguntando por su marido. El capitán de Farmacia Martín Barrios no había llegado aún, le dijeron. No lo haría nunca. Sus compañeros no tardaron en localizar el vehículo, con las llaves y un arma en la guantera. Poco después, ETA reivindicó su secuestro.
En la delegación del Gobierno en Bizkaia hacía meses que el malestar por el acoso incesante de ETA se había instalado, como en otros muchos lugares. Un reducido grupo de policías, militares y dirigentes políticos optó por saltarse la ley y devolver con la misma moneda los crímenes de la banda. La ‘guerra’ de ETA la librarían saltándose la ley que juraron cumplir y aplicando el ‘ojo por ojo’. José Barrionuevo era entonces el ministro del Interior. Ni siquiera llevaba un año en el cargo. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) lo prepararon todo para forzar a la banda a poner en libertad a Martín Barrios. No aplicarían la ley sino el terrorismo de Estado.
La ‘guerra’ que libraron, según el domingo recordaba Barrionuevo en El País, activó la batalla a doscientos kilómetros de allí, en la Bayona francesa. Antes, los GAL actuaron con otra operación. Ocurrió cuando Martín Barrios cumplía su décimo día de cautiverio. La ‘batalla’ de la ‘guerra sucia’ del Estado contra ETA sería una de las operaciones más crueles: el secuestro, tortura y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Los restos de los dos jóvenes militantes de ETA fueron enterrados lejos de San Sebastián, en Aguas de Busot, en Alicante. Eso se sabría mucho después. En 1985 los restos fueron localizados pero no fue hasta 1995 cuando se identificaron.
En esas dos semanas oscuras de ‘guerra’, otro episodio se encaminaba a prolongar la historia negra de las cloacas del Estado. Habían pasado trece días desde el secuestro de Martín Barrios -y tres desde el caso ‘Lasa y Zabala’-. La respuesta de ‘guerra sucia’ incluía un plan sencillo que el propio Barrionuevo ha reconocido ahora que ordenó directamente: “Yo lo mandé que detuvieran y trajeran al que sabíamos que era el jefe de esa operación (el secuestro de Martín Barrios)”. En su entrevista incluso recuerda cómo la corpulencia de Larretxea Goñi y el forcejeó al resistirse a ser secuestrado desbarató la operación, “eso lo asumí”.
'Trincheras' y 'disparos equivocados'
El objetivo era secuestrar e intercambiar a Larretxea por Martín Barrios. Todo salió mal. El día señalado, el 18 de octubre, el operativo conformado por tres agentes de élite intentó ocultarlo en el maletero de un coche. El forcejeo alertó a la policía francesa y Larretxea Goñi, refugiado en Francia, huyó. Un año después formó parte del primer grupo de etarras que fueron deportados a Cuba, donde murió en 1996.
Sólo horas después de fracasar la operación de intercambio ideadas por las cloacas del Estado, ETA PM asesinó a Martín Barrios. Su cuerpo apareció maniatado y con un tiro en la sien en un descampado de 'El Gallo', en la localidad vizcaína de Galdakao.
Barrionuevo afirma ahora que pese a saber que se cometieron ilegalidades aquello era una ‘guerra’ y en las guerras “yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado”. Incluso llega a asegurar que en aquellos años en los que se cometieron acciones a cargo de los GAL contra militantes de ETA refugiados en Francia, “los atentados en Francia no todos fueron acertados, muchos fueron desacertados”.
En las dos semanas que se prolongó el secuestro de Martín Barrios ETA PM había presionado para que se suspendiera el juicio contra nueve militantes de la organización que se iba celebrar por asaltar un cuartel militar en Berga, Cataluña. Su reclamación era el pago por la libertad de Martín Barrios. Mientras en la sombra una parte del Estado libraba la ‘guerra sucia’, en público se guardaban las formas.
Al día siguiente del secuestro ETA lo reivindica y un día más tarde da un plazo de 36 horas a TVE para que emita un comunicado de la organización con sus peticiones en sus principales informativos. El Ente público se resiste a acceder a las exigencias de ETA pero accede a leer sólo una parte. La presión de la familia finalmente logra que se emite el comunicado completo. María Angeles, la mujer y madre de los tres hijos de la familia, suplica por la vida de su esposo hasta el punto de ofrecerse para intercambiarse como secuestrada. Nada de todo ello impidió que el capitán fuera asesinado por ETA PM.
Palabras "repugnantes" e "inaceptables"
Las palabras de Barrionuevo publicadas este domingo han provocado un profundo malestar en las filas no sólo del nacionalismo vasco sino también del socialismo en Euskadi y Navarra. El secretario general del PSE, Eneko Andueza calificó ayer de “inaceptables” y “muy graves” las manifestaciones de quien fuera ministro de Interior con Felipe González: “Son repugnantes y van contra la democracia y el Estado de Derecho”. Andueza reprochó sus manifestaciones por ser “injustas con las víctimas”. Aseguró incluso que la Justicia deberá determinar si constituyen “algún tipo de responsabilidad”.
Tanto el PNV como EH Bildu ha reclamado explicaciones al Gobierno. En ambas formaciones quieren que el ministro de la Presidencia, Félix Boláños, comparezca en la Cámara. El PNV quiere saber si el Ejecutivo de Sánchez considera las manifestaciones de Barrionuevo “legítimas y democráticas” y si son merecedoras de investigación por parte de la comisión que contempla la Ley de Memoria Democrática. Bildu va más allá y reclama la comparecencia de Barrionuevo.
En Navarra, la izquierda abertzale se enfangó en el eterno debate terminológico en el que se escuda para no condenar la violencia terrorista. El parlamento foral debatía una declaración institucional presentada por el PSN, Geroa Bai e I-E en la que se muestra un “rechazo rotundo” a las declaraciones de Barrionuevo “en las que se justifica el terrorismo de Estado” y una “condena de todas las violencias”. EH Bildu reclamó modificar el término condena por “rechazo” e incluir un punto en el que se expresara la “solidaridad con las víctimas de la violencia del Estado”. Unas reclamaciones que NA+ se negó a aceptar y por tanto, al requerirse unanimidad, la declaración institucional no pudo salir adelante.
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