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Vox recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto energético del Gobierno

El partido de Santiago Abascal sigue los pasos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y busca que el Alto Tribunal resuelva por sentencia que lo aprobado por el Gobierno no se ajusta al marco constitucional | Vox considera que parte del texto va en contra de los derechos y las libertades del título I de la Constitución

(I-D) El vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith; la vicesecretaria jurídica Marta Castro y el secretario general del Grupo José María Figaredo, tras presentar un recurso de inconstitucionalidad en el TC

(I-D) El vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith; la vicesecretaria jurídica Marta Castro y el secretario general del Grupo José María Figaredo, tras presentar un recurso de inconstitucionalidad en el TC EP

Vox ha recurrido el real decreto energético aprobado por el Gobierno a principios de agosto y convalidado a final de ese mes por el Congreso de los Diputados. Un decreto vigente que lleva de la mano las medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como medidas para la eficiencia energética y la reducción de la dependencia del gas. Una reclamación de inconstitucionalidad que supone la número 42 de la formación ultraconservadora en esta legislatura. Los encargados de presentar este recurso han sido el vicepresidente del partido y responsable jurídico del grupo en el Congreso de los Diputados Javier Ortega Smith, el secretario general parlamentario José María Figaredo, y la vicesecretaria nacional jurídica Marta Castro.

La postura de Vox, contraria a esta legislación, radica en que «adopta un conjunto de medidas inconstitucionales referidos a la regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías, otros relativos a las medidas extraordinarias a adoptar en materia aeroportuaria, y finalmente parte de los dedicados a las medidas de ahorro energético». Concretamente, Vox entiende que este decreto ley va en contra de «la libertad de empresa». También rechaza que, en vistas de la situación sanitaria de agosto, que entiende como mejor, el Ejecutivo pueda «elevar las recomendaciones a obligatorias a través de un procedimiento de urgencia».

Como ejemplos pone «la realización de controles sanitarios, la denegación de embarque o el desalojo» en aeropuertos o puertos. Ello, entiende la agrupación de Santiago Abascal, «afecta a los derechos y libertades fundamentales consagrados en el título I de la Constitución, como la libertad de circulación, y la entrada y salida de España». La única vía legal para hacerlo, entienden, es a través de «un estado de alarma, excepción y sitio».

Al mismo título constitucional hace alusión el equipo jurídico de Vox para referirse al artículo 29 del decreto, que regula las temperaturas de los recintos calefactados -a 19 grados- como refrigerados -27 grados-; el acondicionamiento de espacios o puertas con cierre automático que den al exterior, así como la limitación de horarios para el apagado de escaparates comerciales y edificios públicos a partir de las 22:00 horas. Ante esta exposición de motivos, Vox considera que es «improcedente que el Gobierno pueda obligar a particulares a reducir su consumo energético». Destaca, entre otros, que las regulaciones climáticas en interior no están sujetas a otros factores como pueden ser las peculiaridades de los inmuebles o locales, o la zona geográfica.

Sigue el paso a la Comunidad de Madrid

El 25 de agosto, durante los momentos previos a la votación para convalidar el decreto energético, Vox anunció que como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurriría al TC esta ley. El Alto Tribunal admitió a trámite esa apelación el martes 11 de octubre, justo hace un mes, lo que implicaba que el tribunal resolverá por sentencia si lo aprobado por los socios del Gobierno se ajusta al marco constitucional. Frente a Díaz Ayuso, que entiende que el texto invade las competencias autonómicas y va en contra del comercio, el resto de barones populares no ha tomado ninguna decisión por el momento. Tampoco los de otro signo político. En Génova, pese a todo, han fomentado que cualquier gobierno del PP es libre de tomar esta vía legal.

La iniciativa de Vox, que estaba ya fijada en el calendario, ha coincidido con el anuncio del Gobierno para suprimir el delito de sedición y su «reemplazo» por el delito de desorden público agravado. Uno de los elementos más polémicos de esta proposición de ley orgánica que se tramitará con urgencia en las Cortes, es la reducción de 15 a cinco años las penas de cárcel máximas. Ortega Smith, que ha asumido las funciones de responsable jurídico en la cámara baja en suplencia de Macarena Olona, ya ha anunciado que cuando alcancen el Gobierno reformarán «el delito de alta traición» y sentarán a Pedro Sánchez en el banquillo «por colaborar con golpistas».

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