España Los socialistas justifican el cambio por la necesidad de seguir construyendo "convivencia" en Cataluña

El Gobierno reduce de 15 a 5 años de cárcel la pena máxima con el cambio del delito de sedición

El nuevo delito de desórdenes públicos agravados será castigado con entre tres y cinco años de prisión, y con entre seis y ocho años de inhabilitación absoluta si quien lo comete es una autoridad | La tramitación será de urgencia para que la iniciativa esté aprobada antes de final de año, lo más separada posible de los comicios de mayo | No se toca la rebelión, penada con hasta 30 años de reclusión

GRAF9301. MADRID, 11/11/2022.- El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens (d), registran una proposición de ley junto a Unidas Podemos para rebajar la pena máxima del delito de sedición en el Congreso de los Diputados, este viernes. Según la propuesta de reforma del Código Penal, la pena será de tres a cinco años e inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando el delito se cometa por una multitud "cuyo número, organización y propósito sera idóneo para afectar gravemente el orden público"; si los autores son autoridad, la pena de inhabilitación será de seis a ocho años. EFE/ Chema Moya

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, se dirigen al registro de la Cámara baja para presentar su proposición de ley conjunta de reforma del Código Penal, este 11 de noviembre de 2022. EFE / CHEMA MOYA

La pena máxima que se aplicará por el delito de sedición, que como tal desaparece y pasará a llamarse desorden público agravado, se reducirá de 15 a 5 años de prisión, con un máximo de ocho años de inhabilitación absoluta. El Gobierno de Pedro Sánchez promueve una rebaja de la condena, por tanto, a más de la mitad respecto al Código Penal actual, que prevé penas de entre ocho y diez años a los que cometan sedición y de entre 10 y 15 si los autores están «constituidos en autoridad». A partir de ahora, el castigo será muy inferior: de tres años de cárcel a un máximo de cinco.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, presentó en rueda de prensa este viernes a primera hora la modificación del Código Penal que anoche adelantó el presidente en una entrevista en La Sexta, celebrada por ERC y criticada durísimamente por la derecha. Y explicó las claves de una proposición de ley, de 22 páginas [aquí en PDF], que registraron a continuación los grupos de PSOE y Unidas Podemos en la Cámara baja. La iniciativa se tramitará de urgencia, y estará previsiblemente lista antes de fin de año, para que quede lo más lejos posible de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. El bipartito no encontrará problemas, porque el acuerdo que garantiza al Ejecutivo el disponer de una mayoría absoluta para llevarlo a cabo está trabado. Además, al optar Sánchez por el camino de la proposición de ley de los grupos se garantía la vía exprés y se ahorra el recabar informes del Poder Judicial —en funciones desde hace cuatro años y de mayoría conservadora, al no haber sido renovado— o del Consejo de Estado, informes que serían preceptivos si fuese una iniciativa del Gobierno (proyecto de ley).

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El texto supone la supresión del delito de sedición del Código Penal —se elimina por completo el capítulo I del Título XXII—, un tipo cuya redacción original, recordaba Sánchez durante su entrevista y reiteró Lopez este viernes, procede de hace 200 años, de 1822, cuando en España se sucedían los pronunciamientos militares, y se ha mantenido «prácticamente inalterada». Se modifica a continuación primero el artículo 557, el que detalla el delito de desórdenes públicos, aquellos que cometen actuando en grupo «y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación»: se perfila la definición pero se mantiene la pena prevista, de seis meses a tres años.

López subraya que con la nueva redacción se facilitarán las extradiciones y no habrá «santuarios» para quienes cometen el delito

El castigo será mayor, de tres a cinco años (e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo) cuando los hechos se cometan por una multitud «cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público». Si los autores se hallan «constituidos en autoridad» —como ocurrió con los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo—, la pena de inhabilitación será «absoluta por tiempo de seis a ocho años». Además, se detallan los agravantes, como que se produzcan actos de pillaje o se porten armas de fuego. El cambio respecto a la sentencia del TS es muy significativo: Oriol Junqueras fue castigado a 13 años por sedición y malversación, aunque fue indultado por la pena de cárcel en junio de 2021 por el Gobierno (no la de inhabilitación), como a sus otros ocho compañeros. PSOE y Unidas Podemos no tocan el delito de rebelión, penado con hasta 30 años.

Puigdemont, si regresa, «será juzgado»

Según insistió López, la revisión persigue «armonizar, adecuar la regulación» española a la «realidad histórica actual y clarificar la estructura de los tipos penales afectados». Se trata, dijo, de «europeizar» el Código Penal en este punto. Una reforma de «sentido común» que ayudará a los jueces, entre quienes se abrió, en 2017, un «enorme debate jurídico» en torno a qué delito aplicar a los líderes independentistas. Los socialistas defienden que la nueva redacción contribuirá igualmente a la cooperación judicial internacional, ya que al fijarse un tipo homologable a otros existentes en la legislación de nuestro entorno, «no volverá a haber santuarios» para quienes atenten contra el orden público. Es decir, que con esta legislación, cuando esté en vigor, será más fácil extraditar a Carles Puigdemont, ya que los jueces de otros países no veían la equiparación del delito por el que les perseguía España al que tenían ellos en sus leyes. López, en línea con lo afirmado ayer por el presidente, recalcó que si el expresident regresa a España «será juzgado«.

Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos»

PATXI LÓPEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO

En suma, el objetivo de los dos grupos es corregir tipos penales «inexistentes en la mayoría de los países de la Unión Europea así como penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos y que generan disfunciones a la hora de cooperar judicialmente».

López precisó más tarde en La Sexta que la iniciativa se tramitará de urgencia, a fin de que esté aprobada para finales de año. Justo en línea de lo afirmado por el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens. Pero el portavoz socialista sobre todo enhebró una defensa política de una medida que marca otro punto crucial de la legislatura y que está destinada, tal y como subrayó Sánchez en La Sexta, a seguir construyendo «convivencia», y que esto sea una seña de identidad de su mandato.

«Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos», esgrimió. Y a los que les acusan de haberse «vendido a los independentistas», les recalcó que Cataluña está hoy «infinitamente mejor que en 2017», cuando estalló el procés, que ahora la Generalitat se compromete «por escrito» a cumplir el ordenamiento jurídico —lo hizo en la mesa de diálogo del pasado julio— y a que las soluciones sean «amplias y transversales» para toda la sociedad catalana.

Ahora, agregó, hay una mayoría de catalanes que no quieren salirse de España, razonó, ni hay una unidad de acción del soberanismo (Junts, de hecho, está fuera del Govern), «ha desaparecido el victimismo independentista, que es lo que más les aglutina», y «la convivencia en Cataluña no está fracturada«. Por tanto, el PSOE defiende que, con movimientos dentro de la Constitución y el Estado de derecho, la «traición estaría en no intentarlo».

No se suprimen las penas, defiende el PSOE

Esta es una decisión de altísimo riesgo para el presidente, sobre todo porque en mayo de 2023 hay comicios autonómicos y municipales. Pero la aprobación, probablemente, quedará aún algo lejana a las urnas. López argumentó que su partido hace política «independientemente del coste electoral» y sus votantes sabrán entender «lo que se está haciendo, el porqué y los resultados». «No solo cambiamos la definición del delito de sedición sino que hacemos política por la convivencia en Cataluña».

Sobre esa tontería que dice Feijóo de que con otro PSOE esto no pasaría, le digo que lo deje ya: este es el PSOE de siempre, el que no se esconde cuando hay un problema, el que arriesga para buscar soluciones»

PATXI LÓPEZ, PORTAVOZ DEL PSOE EN EL CONGRESO

López confirmó que se han mantenido conversaciones con los socios de investidura y que la proposición tiene la vocación «de ser mejorada». El motor para lanzar ya la reforma es que ERC se aviene no a suprimir el delito, sino a «europeizarlo«, lo que coincidió en el tiempo con la ruptura de las negociaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Con esta redacción, recordó, el delito por el que fueron condenados Junqueras y los otros líderes del procés no queda eliminado, ya que siguen existiendo las penas «y quien cometa un delito de orden público tendrá que ser juzgado«.

El PP volvió a apelar en esta ocasión al «otro PSOE», el más moderado, para que no calle ante esta modificación del Código Penal que concibe como una «humillación» a España. «Sobre esa tontería que dice [Alberto Núñez] Feijóo de que con otro PSOE esto no pasaría, le digo que lo deje ya, que no se equivoque más, que este es el PSOE de siempre, que no se esconde cuando hay un problema, el que arriesga para buscar soluciones, el que sabe que por encima de sus siglas está la convivencia en nuestro país, y que por eso ni enfrenta ciudadanos ni enfrenta territorios, como hacen ellos», alegó, adelantándose, por cierto, a un eventual malestar interno.

El primer barón en pronunciarse tras el registro de la iniciativa en el Congreso fue el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien aun reconociendo que no le satisface nada que contente al independentismo, sí puso el acento en que con el actual Código Penal al Gobierno de Mariano Rajoy los separatistas le montaron dos referendos y una declaración unilateral de independencia.

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