Sánchez lanza ya la supresión del delito de sedición y su "reemplazo" por el de desorden público agravado

Pedro Sánchez activa el "reemplazo" del delito de sedición, consumada hace 15 días la ruptura con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y promoverá la reforma legal ya mismo. Este viernes, 11 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos registran en el Congreso una proposición de ley conjunta para rebajar las penas del delito por el que fueron condenados los líderes del procés.

Lo anunció el propio presidente del Gobierno durante una entrevista en La Sexta con el periodista Antonio García Ferreras, en la noche de este jueves. El presidente avanzó que se creará un nuevo delito, el de desorden público agravado, que será "más o menos homologable" con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza. Las penas por ese delito será también semejante a la que rige en las legislaciones de esos países, señaló, aunque no dio más precisiones. Fuentes del Gobierno indicaron que lo que se hará es derogar directamente el delito actual de sedición para crear un nuevo tipo penal. Sánchez arguye que así su Ejecutivo sigue "construyendo convivencia" y cierra el círculo que comenzó con la aprobación de los indultos, en junio de 2021.

Explica que el Gobierno lleva desplegando medidas "audaces" y que quiere dar más "pasos"

El jefe del Ejecutivo ponía en marcha una maquinaria que de inmediato fue celebrada por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y criticada por el PP, y que supone otro punto de inflexión en la legislatura. Y llega ya, "cuanto antes", como querían en el Gobierno y en el PSOE, a suficiente distancia de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, aunque el anuncio no ahorrará, seguramente, cierta zozobra interna.

Sánchez alegó que su Ejecutivo ha tomado estos años decisiones "valientes, audaces, complejas" para disminuir la tensión en Cataluña, como los indultos. Medidas que, reconoció, pueden haber sido "puestas en duda por una mayoría de españoles", pero su Gobierno ha garantizado, dijo, el "respeto escrupuloso" de la legalidad democrática. Y ahora quiere "seguir dando pasos" en la distensión.

Ahí encaja su anuncio: procederá a "reemplazar" un delito que recordó que viene de muy atrás, nada más y nada menos que de 1822, cuando en España se sucedían los pronunciamientos militares, y lo sustituirá por el de desórdenes públicos agravados, que considera un "paso adelante" y definitivo para la modernización de estos tipos y para acompasarlos con Europa. De hecho, alegó que Alemania suprimió el delito de sedición en 1970 y lo renombró con otro tipo de terminología que será la que ahora promueva el Gobierno de coalición.

"En las últimas semanas" todo cambió

El líder socialista negó que la decisión sea una contraprestación a ERC para que apoye sus Presupuestos Generales del Estado para 2023. Recalcó que este es un compromiso (prácticamente) de investidura y cuya aprobación había supeditado a la articulación de una mayoría parlamentaria suficiente, ya que la reforma del Código Penal, una ley orgánica, requiere de mayoría absoluta en Congreso y Senado. Hasta ahora, justificó, no disponía de ella, pero "en las últimas semanas" ha visto que varios grupos —la clave ahí es el giro total de ERC— han mostrado su disposición a modificar el delito y "renombrarlo". Negó que con este cambio el Estado vaya a debilitarse. "Antes al contrario", explicó, porque se reconocerán penas por esos delitos, homologables al de los de democracias de nuestro entorno. Y no se reconoce la amnistía que pide el independentismo. Un dato más: el expresident Carles Puigdemont sí "tendrá que rendir cuentas" ante la Justicia española, no se librará de ello. "Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito", sostuvo.

Saca pecho de que la situación en Cataluña está mucho "mejor" que en 2017 y defiende que el 155 tendría que haberse aplicado antes

Si da este paso el presidente es porque cree que ayudará a continuar "distendiendo" la situación en Cataluña y a "superar" un conflicto "heredado", precisó, de Mariano Rajoy y del que "nunca" ha "rehuido", y al que debe dar "respuesta" aunque muchos españoles duden de ello. Pero la evidencia es que hoy está "infinitamente mejor" el escenario en Cataluña que en 2017, cuando estalló el procés, o en 2018, cuando aterrizó en la Moncloa. Ese será su argumento de fuerza de cara a los electores, incluso progresistas (y también barones y cuadros de su partido), que recelan de una decisión difícil, a la que el Ejecutivo ha dado muchas vueltas en estos años, y sobre la que ya comenzó a hacer pedagogía. Como ocurrió con los indultos.

Y para apuntalar sus razonamientos, recordó que el PSOE, con él al frente, dio apoyo a Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Durante su entrevista en La Sexta defendió incluso que debiera haberse desplegado antes, cuando el Parlament aprobó las leyes de desconexión, en septiembre de 2017.

No se hizo así, relató, y no se lo reprocha al expresidente porque era un momento "difícil y complejo". Pero con su política en Cataluña hoy se cumple allí la Carta Magna, el secesionismo no está entre las principales inquietudes de los españoles y la mayoría de la sociedad catalana, como demostró este miércoles el último barómetro del CIS de la Generalitat, no respalda independizarse de España.

Era previsible que el PP saliera en tromba contra la medida —minutos después lo hizo—, pero Sánchez ya le dio la réplica por anticipado: los populares, dijo, solo ponen las "excusas de siempre", y entiende que con su actitud se prueba que "el virus del trumpismo y del bolsonarismo circula en España y envenena la convivencia". Lo decía, claro, por Isabel Díaz Ayuso, aunque no la citó al asegurar que se están viendo estos días "declaraciones que se descalifican por sí solas". La presidenta madrileña advirtió esta semana de que el Ejecutivo de coalición busca "tener en la cárcel" a la oposición, "como en Nicaragua".

Confirma que no se cambiarán las mayorías para renovar el CGPJ: "No solucionaría nada"

El presidente avanzó, como ya estaba claro, que, pese a la presión de Unidas Podemos, no cambiará las mayorías reforzadas exigidas en la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. "No solucionaría nada", no se saldría del bloqueo, y se entraría "en una dinámica muy parecida a la del PP". Lo que se exige, añadió, es un "reproche político y social a un partido que incumple la Constitución" y que ha situado a las instituciones en una crisis "gravísima".

Puede prolongar la ayuda a las gasolinas

La entrevista con Ferreras en La Sexta pasará a las hemerotecas por el anuncio de la derogación del delito de sedición y su relevo por un nuevo tipo penal. Pero además de esa bomba informativa, cuyas consecuencias, incluso electorales, se irán viendo en los próximos días, semanas y meses, el presidente lanzó otros mensajes. Primero, de respaldo completo a su titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Dos, de lanzamiento casi ya definitivo de sus ministras de Industria y Sanidad, Reyes Maroto y Carolina Darias, para las candidaturas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas. Y tres, el avance de que el impuesto extraordinario a la banca podría convertirse en permanente, dirección en la que ha empujado Unidas Podemos.

No descarta que el impuesto a la banca sea permanente: "Tendremos que ir viendo en los próximos meses y años"

"En principio [el gravamen] es temporal. Tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años". El presidente insistió en que haya justicia social y fiscal, y ahí defendió la bajada de impuestos para la clase media y trabajadora. Esa apreciación le permitió poner distancia con la propuesta de deflactación de la tarifa de IRPF planteada por el PP. Así, puso como ejemplo, una familia que haga la declaración conjunta e ingrese al año 19.000 euros, se ahorrará unos 330 euros, mientras que con la deflactación del PP la rebaja sería de en torno a 25-30 euros.

De igual modo, con la subida impositiva para las rentas del capital de más de 200.000 euros, la recaudación subirá 175 millones de euros, los mismos recursos que el Ejecutivo está transfiriendo a las comunidades para fortalecer la atención primaria. "Cuando pagamos nuestros impuestos tenemos que ser conscientes de que recibimos mucho más de lo que pagamos", argumentó.

También está dispuesto a estudiar el Ejecutivo la prórroga de la bonificación a los carburantes a partir del 1 de enero. Sí reconoció que habrá una ralentización de la economía en 2023, pero cree que España puede sortear la recesión. A su favor el país tiene los datos de creación de empleo, que seguirán en noviembre, o un crecimiento por encima del 4% en este 2022. El presidente volvió a defender un pacto de rentas y prometió que seguirá adoptando medidas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania si son necesarias.

Vuelve a cargar muy duro contra De Guindos, por la reforma laboral y el rescate a la banca, que sí costó dinero a los contribuyentes

Y como hiciera hace una semana al término de la XXXIII Cumbre Hispano-Lusa de Viana do Castelo (Portugal), arremetió contra el exministro Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), quien aseguró que con el informe en contra del impuesto a la banca la institución de la que es parte pretende "ayudar" a los gobiernos. Sánchez recordó que De Guindos fue un alto consejero de Lehman Brothers, que quebró en 2008 y fue "uno de los detonantes" de la crisis financiera. Y con él en el Ejecutivo se aprobó una reforma laboral que "expulsó a millones de trabajadores al paro" y prometió que el rescate a la banca no costaría ni un céntimo a los contribuyentes y al final "ha costado 50.000 millones de euros".

"Agradecemos el informe y su disponibilidad para ayudar, pero todos sabemos de dónde viene cada cual y qué intereses ha defendido cuando ha tenido responsabilidades políticas", sostuvo ante Ferreras.