España

Crisis de partido

Ciudadanos pierde 1.900 afiliados en 2022 y el 78% de sus bases en tres años

El partido de Inés Arrimadas pasa de casi 34.000 militantes en 2019 a entre 7.600 y 8.500 al cierre de 2022, e incrementa seis puntos las pérdidas respecto al mes de enero

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados EP

Menos de un tercio de los militantes inscritos en Ciudadanos, previa salida de Albert Rivera de la presidencia, permanecen aún en el partido en este arranque de año. Así lo apuntan las estimaciones del censo electoral sobre las que se trabaja de cara a las próximas primaras nacionales, que se celebrarán los días 11 y 12 de enero para elegir los liderazgos orgánico y político que se pondrán al frente del proyecto tras la VI Asamblea General de carácter extraordinario; al cierre de la ‘etapa Arrimadas’. A razón de la protección de datos, la cifra de afiliados es aproximada. Fuentes del partido hablan de unos 8.500 miembros, aunque otras reducen ese número a poco más de 7.600 en comparación con los algo menos de 9.500 con los que las siglas empezaron el 2022. Esa horquilla, de casi mil personas de base, supone un descenso de entre 1.000 y 1.900 apoyos con carnet al inicio de esta nueva etapa.

Los naranjas alcanzaron en la primavera de 2019 su máximo histórico de inscritos, coincidiendo así con su mejor resultado electoral en los comicios de abril, donde quedaron situados como tercer partido nacional con 57 escaños. En las semanas posteriores al cierre de las urnas, desde Ventas estimaron el grueso de sus filas en unas 34.000 personas. Un año después, ya con Rivera fuera, en las primarias que auparon a Inés Arrimadas a la presidencia estuvieron llamados a la participación algo menos de 21.000 militantes. El declive electoral tras la repetición de las generales el 10N, que benefició al PP por ‘voto útil’, redujo, por tanto, en un 38,24% las bases de la formación, algo que también conllevó un recorte en las percepciones económicas por una menor recaudación de cuotas mensuales -rondan los 10 euros-. En torno a 1,56 millones de euros anuales.

En enero de este año, el descenso de 21.000 a 9.500 en algo más de un año y medio ha fijado en un 72% las pérdidas totales; un 33,72% más de las ya experimentadas de manera previa al inicio del mandato de Arrimadas. Y, durante el 2022, esa bajada de entre 1.000 y 1.900 afiliados, aumenta ese margen a entre 75-78%. Ello, también supondrá un nuevo recorte económico de entre 120.000 y 228.000 euros. Aunque no afectará de manera importante al nuevo presupuesto de 2023. El anterior fue de casi 7,9 millones de euros, siendo las cuotas de afiliados casi de 1,14 millones de euros.

El acercamiento al PSOE de Pedro Sánchez durante la pandemia, apoyando la prórroga del estado de alarma en 2020, ahondó en el descontento de parte de las bases del partido, cuyo perfil mayoritario era el de un perfil antisanchista pero descontento con el PP por los escándalos acumulados de corrupción como la Gürtel o el caso Bárcenas, entre otros. Se incrementaron las fugas en 2021, tras la fallida moción de censura en Murcia contra el popular Fernando López Miras negociada con los socialistas. Ellos supuso su salida del gobierno autonómico y un terremoto con múltiples réplicas.

El primero, ese mismo año. La presidenta de la Comunidad de Madrid temió un intento similar contra ella en la región, por lo que adelantó las elecciones al 4 de mayo. El resultado la acercó a la mayoría absoluta -necesitó un acuerdo externo con Vox- y Cs, que ostentaba la vicepresidencia y la mitad de las consejerías del Ejecutivo, tras concurrir con Edmundo Bal como candidato, desapareció de la Asamblea de Madrid. Pasó de 26 a cero escaños. Por su parte, y acusando de deslealtad a su vicepresidente Francisco Igea, a quien veía en la misma dinámica con el PSOE que en Murcia, el popular Alfonso Fernández Mañueco convoca elecciones en Castilla y León.

Celebradas en febrero del año pasado, certifican un cambio de tendencia política, que implica también a las alianzas del centroderecha. Cs queda reducido a un escaño de los doce con los que contaba y pierde su grupo propio. A ello le sigue Andalucía, con unas relaciones completamente opuestas, eso sí. Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en junio por la incapacidad de sacar adelante el presupuesto de 2023 dado el veto de Vox. Los de Juan Marín pierden la representación por la absoluta de Moreno, y la vicepresidencia de la Junta, aunque muchos de sus cargos han acabado integrándose en el seno popular. Marín ejerce ahora de presidente del Consejo Económico y Social andaluz. Y otros representantes han sido adheridos a capas secundarias de la administración. Este último mazazo electoral ha sido el que ha potenciado el proceso de refundación que culmina ya con las primarias y con la sexta asamblea general, que fijará la nueva Ejecutiva y los estatutos.

Pierde la mitad de la representación autonómica

A través de este proceso, Cs, con Adrián Vázquez y Patricia Guasp, o con Santiago Saura y Edmundo Bal al frente, buscará resistir en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo. Concretamente, están en juego doce comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dada la partición hecha en 2020 con los comicios gallegos y vascos; en 2021 con las catalanas y madrileñas -se desarrollarán, igualmente-; y este año ya superado con castellano-leonesas y andaluzas. Cs llega a ese escenario, no solo con una crisis interna que se reduce a una cuestión de diferencias ideológicas entre la facción liberal conservadora que amparan Arrimadas y Begoña Villacís, y la liberal socialdemócrata que encarna Bal. Algo que, persistirá en menor o mayor grado gane una u otra candidatura ya registradas y ahora en campaña de primarias.

Al margen de la militancia perdida, que escala a más de dos tercios, Cs también llega a esos comicios con casi la mitad de diputados autonómicos de los que contaba al término de 2021. Son 42 representantes menos en este último año: 4 en Asturias -3 dejan el grupo y uno es expulsado-; 4 en Aragón, uno en Cantabria y otro en Extremadura, que dejan las siglas y mantiene el acta; 11 en Castilla y León y 21 en Andalucía por las elecciones. A ello, además, hay que sumar los 30 perdidos en Cataluña por las elecciones de 2021, los 26 tras los comicios madrileños posteriores de ese año, 4 por las fugas tras la moción fallida en Murcia, 5 que han pasado al Grupo Mixto en la Comunidad Valenciana, y dos más, uno Baleares y otro Melilla, que pasaron también a ser no adscritos. Con ello, la cifra asciende a 109 totales.

En mayo están en juego 47 escaños: 13 en la Comunidad Valenciana; 8 en Aragón; 16 repartidos por igual -cuatro cada región- en Baleares, Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha; tres en Navarra fuera ya de la coalición con la UPN y el PP; dos en Murcia, dos en Canarias y dos en Cantabria; y uno en Asturias.

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