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Corrupción sin daño, el tranquilo 'oasis electoral' del PNV

La formación ha certificado esta semana la condena a varios ex altos cargos que podrían entrar en prisión en víspera de las elecciones. Los casos de corrupción no pasan factura al PNV que podría revalidar su amplia cuota de poder el 28-M.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, durante la celebración del Alderdi Eguna. EFE

Quizá en menos de un mes la imagen sea la antesala de la precampaña electoral que el PNV nunca hubiera deseado. No se ahorrarán esfuerzos para evitarla. Tampoco para captarla. Incomodará, pero no tendrá efectos relevantes. La posible entrada en prisión de varios ex altos cargos y militantes del partido tras la condena en firme del ‘caso De Miguel’ será sin duda un reproche que no dejarán escapar los partidos de la oposición de cara al 28 de mayo. En Euskadi pocas veces se ha visibilizado, como ahora podría hacerse, la entrada en la cárcel de cargos de un partido por corrupción.

Por su envergadura, por su trascendencia y por el momento en el que se hace firme, este caso es especial. La resolución del Tribunal Supremo confirmando con penas de prisión de hasta 12 años para quien fuera número dos del PNV en Álava, así como para otros dos exdirigentes del PNV alavés, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, por crear en 2005 una red societaria y personal para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por PNV y cobrar comisiones por ello, es un duro golpe. El caso, que sentó en el banquillo a 26 acusados, ha sido un largo vía crucis para la imagen del PNV pero parece electoralmente amortizado.

Es el más relevante de los episodios de corrupción que han salpicado al PNV pero no el único. La formación de Andoni Ortuzar, que siempre ha hecho gala del modelo de gestión y ‘honradez’ que aplica en el ‘estilo PNV’ de hacer las cosas en las instituciones, acumula una década en la que las condenas y los juicios contra cargos de la formación se han repetido. En algunos casos lo ha hecho con gran repercusión mediática e institucional, con comisiones de investigación parlamentaria y con un impacto controlado en el partido. De todas ellas el PNV se ha recuperado.

Desde que regresó al Gobierno vasco tras la legislatura de Patxi López la lista de procesos en los que alcaldes, cargos institucionales y militantes destacados del PNV se han visto envueltos en denuncias por corrupción, -en muchos casos corroboradas años después con sentencias condenatorias-, se han multiplicado. En prácticamente todos los casos, la actitud de la dirección del partido ha seguido un mismo patrón: perfil bajo, desvincularse del caso, evitar la personación penal en los procesos y situar las posibles conductas delictivas en comportamientos “personales” y ajenos al partido.

Actuaciones «particulares»

Esta semana lo ha vuelto a hacer. Tanto Ortuzar como Urkullu han subrayado que estos comportamientos son ajenos al partido, que se trata de actuaciones particulares que nada tienen que ver con el partido pese a que fueran posibles por ocupar altos cargos de la administración bajo las siglas del PNV. La consigna volvió a ser que el enriquecimiento que buscaron los condenados era mera búsqueda de lucro personal y no financiar al partido.

Lo hicieron cuando fueron condenados en primera instancia y lo han vuelto a hacer cuando el Supremo ha ratificado las penas de prisión. Tanto el presidente del partido como el lehendakari han tenido que pedir perdón a la sociedad vasca por el comportamiento de los aún militantes del partido. Pese a que forzaron la entrega de los carnets del partido, no ha sido hasta ahora, más de una década después, cuando el PNV oficializará su expulsión. Incluso los principales condenados, De Miguel y Otxandiano seguían ocupando cargos de peso en entidades públicas hasta su reciente despido.    

Urkullu afirmaba este viernes que se siente “triste” por ver en afiliados de su partido este tipo de corrupción y por el impacto que ello provoca en sus familias. Pero se reafirmó en el “orgullo” que siente por la reacción y actuación del PNV –del que él era presidente cuando saltó el escándalo- ante el caso.

«Amiguismos» sin impacto electoral

Hasta ahora la fórmula de situarse más bien de perfil, intentar relegar los casos y evitar personaciones penales en los procesos judiciales le ha funcionado. Es al menos lo que se desprende de los resultados electorales que en la última década ha tenido el partido. Hoy el PNV ostenta la cuota de poder institucional más alta en su historia. Ni el ‘caso De Miguel’ ni los muchos casos de corrupción que en este periodo le han salpicado en ayuntamientos y organismos públicos han resentido su apoyo electoral.

Pese a que la imagen de un partido con redes clientelares, “amiguismos” que alimenta desde las instituciones, parece muy asentada en la sociedad vasca, la ciudadanía parece no reprochárselo al PNV mientras la gestión de las instituciones sea correcta. En un reciente análisis de campo hecho por Sabin Etxea entre sus militantes y simpatizantes para conocer la imagen que de la formación tienen, las debilidades no subrayaban la corrupción como área de mejora. El proceso ‘Entzunez eraiki’ reveló que la imagen del partido se define más como arrogante, partido del «amiguismo», «autocomplaciente»”, “pasado de moda”, «masculinizado», «alejado de las clases bajas» o incapaz de generar una «identificación emocional con un proyecto nacional vasco».

Cuando la tormenta de la corrupción no azotaba tanto en el PNV, sus máximos dirigentes subrayaban el bajo grado de corrupción de las instituciones vascas que, en la mayoría de los casos, él ha gestionado prácticamente desde la Transición. La idea de un ‘oasis’ en ojos de los dirigentes nacionalistas en comparación con los casos en el resto del país caló durante unos años. Hoy es un lastre del que le cuesta desprenderse al calor de sentencias como la conocida esta semana y los casos que en los últimos años han aflorado y la oposición recuerda con frecuencia.

En todos los niveles administrativos

Alonsotegi es un pequeño municipio vizcaíno de apenas 3.000 habitantes. Es la localidad en la que nació Iñigo Urkullu. La alcaldía siempre la ha ostentado el PNV. El municipio se ha convertido en un dolor de cabeza para la formación. Hasta tres de sus primeros ediles – Gabino Martínez de Arenaza, Aitor Santisteban y José Luis Erezuma- se han visto envueltos en casos de corrupción o irregularidades que les han llevado hasta los tribunales. Históricamente ha vencido con un amplio margen en las elecciones, salvo en 2019 que la sombra de la corrupción hizo que EH Bildu se impusiera. Ni siquiera entonces perdió la alcaldía, un edil del PSE facilito que el PNV la reeditara. Bakio es otro municipio vizcaíno donde el PNV ha gobernado históricamente. Uno de sus alcaldes, Txomin Renteria fue alcalde durante 16 años. Fue condenado a 2,6 años por falsificar documentos públicos y fraude a la administración. Los casos municipales suman una larga lista en Muskiz, Zierbena, Erandio…

Las diputaciones forales tampoco se han librado de la sospecha de las irregularidades que terminan en un juzgado. El llamado ‘caso Bidegi’ salpica a la institución foral en Gipuzkoa. El Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia investiga desde hace años –en 2017 amplió cinco años la instrucción- a la sociedad pública Bidegi. Bildu denunció que el gobierno foral de Markel Olano (PNV) pagó 30 millones de euros para obras para la construcción de la AP-1 entre Eibar y Vitoria y que nunca se llevaron a cabo. El caso continúa abierto.

En el Gobierno uno de los casos más sonados de los últimos años fue la condena de altos cargos de la sanidad pública por mediar en la gestión de las listas de espera adjudicando contrataciones “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”. El llamado ‘caso Margüello’ provocó incluso una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que el PNV no apoyó, y que se convirtió en un pulso entre el Ejecutivo de Patxi López y los nacionalistas vascos. En este caso, al contrario que la Fiscalía, que reclamó hasta 11 años de cárcel, el PNV se limitó a solicitar la reparación del posible quebranto económico pero no penas de prisión. Finalmente, quien fuera jefe de Calidad del Hospital de Cruces, -y amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán-, con participación en varias empresas de la trama, José Carlos Margüello, fue condenado a 9 años de inhabilitación. La misma pena recayó en el delegado de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga.

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