Moncloa cree que el aislamiento de Irene Montero le obliga a ceder: "Se ha quedado sin camino"

A la batalla —también psicológica— por la ley del solo sí es sí en el Gobierno le quedan ya muy pocas horas. Pedro Sánchez está absolutamente determinado a darle una salida, un ajuste "técnico" que permita agravar las penas de agresores sexuales a futuro pero preservando el consentimiento de la víctima como eje clave de la norma, y registrarlo rápidamente. Casi con toda seguridad, esta misma semana, como tarde el viernes. Sin más dilaciones, porque ya quema el "clamor social" después de 340 rebajas de pena y excarcelaciones. Y en este compás de espera la Moncloa intenta bajar la tensión interna en la coalición, dejar oxígeno a Podemos, conceder margen a Irene Montero para que vaya girando su discurso, estirar algo el tiempo para propiciar el acuerdo. Porque en el equipo del presidente están convencidos de que a la ministra de Igualdad no le quedará otra que ceder, porque ella y su partido están cada vez más "solos", aislados. "Se ha quedado sin camino", glosa una ministra del núcleo duro de Sánchez. Montero puede quedar desautorizada, debilitada si finalmente no hay consenso y se le impone una modificación que no comparte, pero ni el PSOE ni Unidas Podemos contemplan la ruptura de la coalición. En ningún caso.

La negociación dentro del Ejecutivo sigue y ambas partes insisten en que buscan el pacto y que se conseguirá. Pero no será fácil llegar a él. Igualdad ha accedido, tras negarse a ello desde noviembre, a retocar algunas condenas. Su fórmula dista, sin embargo, de la planteada por Justicia y la que defiende con ahínco Moncloa: los morados defienden que la reforma en todo caso ha de venir por un aumento de las penas sin más. Es decir, que donde la ley vigente, por ejemplo, dice que la agresión sexual, en su tipo básico, se castiga con uno a cuatro años de prisión (artículo 178.1 del Código Penal), se escriba que la condena puede ser de uno a cinco años de cárcel.

La portavoz opta por la "contención" para favorecer el consenso. Y Sánchez insiste en que el ajuste será "técnico" porque no se tocará el corazón del 'sí es sí': el consentimiento

Justicia subraya que eso no es posible, porque cualquier agravamiento de las penas ha de ser justificado, por un principio de "proporcionalidad" y coherencia de la legislación penal. De ahí que desde hace semanas haya esgrimido que solo hay una salida: volver al sistema de penas anterior al sí es sí para los casos más graves, reintroduciendo el elemento de la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Es decir, que se puedan imponer a futuro —no es posible frenar el goteo actual de casos— sentencias más duras cuando haya violencia.

Pero Igualdad se niega porque entiende que eso es desvirtuar la ley, aniquilar su eje central, el consentimiento, ya que al hacer depender la gravedad de la condena de la existencia o no de violencia, se somete a la víctima de una agresión sexual al "calvario probatorio", a demostrar que tuvo que ejercer resistencia. Igualdad (y Podemos) interpreta que aceptar esa propuesta sería equivalente a desandar los pasos que da el sí es sí, retornar al modelo anterior, que distinguía entre abuso y agresión. La diferencia entre ambos tipos penales radicaba, precisamente, en el uso de la violencia o intimidación.

Los socialistas insisten en que "el consentimiento no se va a tocar ni en una coma", porque esa es precisamente la "esencia" de la norma, según lo verbalizaba este martes, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es decir, que el artículo 178.1, que define jurídicamente qué es el consentimiento, se mantendrá intacto ("solo lo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona").

Rodríguez se cuidó mucho durante su comparecencia de dar detalles sobre la negociación en marcha o de presionar a sus socios. Hizo, reconocían en el Ejecutivo, un ejercicio de "contención", precisamente para no soliviantarles y para favorecer el acuerdo. Para no echar más leña a la caldera. "La mejor forma de defender esta ley es llevar a cabo todos los ajustes técnicos necesarios para evitar lo que está ocurriendo", sostuvo repetidamente. Apenas tres horas después, Sánchez, en su primera réplica a Alberto Núñez Feijóo en el Senado, confirmó que la norma se corregirá y que simplemente se trata de una cuestión "técnica". Es decir, que no se desnaturalizará el texto. Una insistencia del ala socialista que pretende vencer las reticencias de Igualdad.

Montero reconoce "discrepancias"

Pero de momento no lo ha conseguido. La propia Montero, a su llegada al pleno del Senado de este martes, reconocía "discrepancias" con el PSOE y advirtió de que no aceptará un sistema que tenía como "elementos decisivos" la violencia y la intimidación a la hora de juzgar una agresión sexual. "El Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el PP, a la violencia e intimidación, y que sean las mujeres las que tengan que demostrar que se han resistido para que se califique lo que han vivido como una agresión sexual".

En Igualdad señalan que están "cediendo por encima" de sus posibilidades y que lo razonable habría sido esperar más porque la ley "está bien hecha"

La titular de Igualdad señaló que, pese a las diferencias, seguirá "trabajando para que haya un acuerdo" con su socio. Y resaltó que su departamento ha planteado cuatro propuestas para cambiar la ley del sí es sí a Justicia y todas fueron "rechazadas". Montero insistió en que las "presiones" del PP para retornar al modelo previo son "muy fuertes", pero su obligación es "proteger el consentimiento" y evitar que la violencia o la intimidación sean de nuevo "decisivos".

Fuentes de Igualdad remarcaban que la ley "está bien hecha", y que por eso es complicado reformarla, y que las rebajas de penas son atribuibles a una incorrecta aplicación de la norma, no a su redacción. De hecho, creen que lo razonable habría sido esperar más, que se aplicase totalmente la ley, asentar la jurisprudencia, ver los efectos, o hacer que los jueces tengan en cuenta los agravantes para que no vayan a las penas mínimas. "Estamos cediendo por encima de nuestras posibilidades, hasta tenemos alguna reserva con alguna propuesta que hemos hecho", lamentaban desde el entorno más estrecho de Montero, en el que no obstante subrayaban la voluntad de "acuerdo" para mantener en pie la coalición.

La posición de Igualdad y de Podemos es nítida. Pero no es la misma que la de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y referente del espacio morado en el Ejecutivo. La titular de Trabajo buscó equilibrar entre las dos posturas encontradas, ejercer una suerte de mediación entre los socios.

Díaz busca equilibrar entre las dos partes: elogia a Montero pero no avala su veto a incluir la violencia otra vez

Así, ante los periodistas en la Cámara alta, no avaló que se impida la reintroducción de la violencia o intimidación, como minutos antes había hecho Montero. No se pronunció sobre los detalles de la negociación. Sí manifestó su convicción de que se alcanzará el acuerdo, "eso sí, preservando el consentimiento y el Convenio de Estambul", y mostró su "reconocimiento absoluto" al afán de la ministra de Igualdad por "ensanchar" los derechos de las mujeres. Díaz descartó también una ruptura del bipartito: "Voy a cuidar siempre la coalición de gobierno".

"Todo el rigor jurídico-técnico"

En la Moncloa consideran irrenunciable que la reforma tenga "todo el rigor jurídico-técnico", precisamente para evitar más errores. Y no ven otra alternativa a la propuesta "rigurosa" de Justicia, porque todo aumento de penas "ha de justificarse", arguyen, y la lógica y la práctica del Derecho Penal hacen que el elemento necesario para agravar las penas sea el uso de la violencia, porque ese es precisamente el motivo que, por ejemplo, distingue un hurto de un robo.

"Nadie se puede oponer a esta reforma", dicen en la Moncloa, que no está buscando el voto del PP. La reforma "no se puede alargar más"

Si la Moncloa y distintos miembros de primer nivel del Ejecutivo consultados se mostraban seguros de que habrá acuerdo y advertían de que es muy difícil deslindar un endurecimiento de las penas de la vuelta a la violencia era por una razón: porque creen que Montero acabará cediendo, porque no tiene otra salida. También porque el resto de socios parlamentarios están de acuerdo con modificar el texto. "Todos los portavoces han empujado para cambiar la ley, y nadie se va a oponer a esta reforma, porque hay que reparar las consecuencias de la norma", señalan fuentes del Ejecutivo.

En definitiva, los socialistas señalan que la posición más numantina la enarbolan Igualdad y la dirección de Podemos, azuzada además por su exlíder, Pablo Iglesias, quien el lunes en la SER advirtió directamente a Sánchez: si pacta la revisión "con el PP", tendrá consecuencias, "lo pagará". En la Moncloa apuntan que no dan importancia a sus palabras y desde el entorno de Díaz se indica que el ex secretario general está en su propio universo. El ala socialista no está buscando, dice, el voto del PP, porque asume que si los morados entran en razón y apoyan la revisión, el concurso de los populares será irrelevante.

Ocurra lo que ocurra, no se prevé en absoluto una ruptura del Ejecutivo. La negaron públicamente Rodríguez y Díaz. Y en privado todos lo hacen también. No es seguro que pueda haber acuerdo esta semana, pero sí se descuenta que la coalición persistirá, aunque sin consenso Montero quedará tocada. "Romper nos mata a todos y supondría que gobernara Feijóo", apuntaban desde el ala morada del Ejecutivo con vehemencia. Los socialistas calculan que UP no dará el portazo tampoco.

En cualquier caso, nada va a frenar a Sánchez. En la reunión de maitines del lunes, con su núcleo duro, hizo ver que su determinación de corregir el sí es sí es total, dado además el "clamor social" (y que invadía al PSOE). El aviso a los socios es que la agonía "no se puede alargar más". Así que esta misma semana, si no hay cambios, se registrará en el Congreso la proposición no de ley. Como máximo, el viernes. Con o sin Podemos. Con o sin Montero.