La tramitación de la reforma de la ley del solo sí es sí afronta su recta final. El Congreso resolverá su aprobación la semana que viene en apenas cuatro días —el lunes 17, en ponencia; el martes, 18, en la Comisión de Justicia, y el jueves 20, en el pleno— y se lo mandará de inmediato al Senado, que podría dejar listo el texto el miércoles 26. Las cartas ya están sobre la mesa y no hay ni habrá oportunidad de arreglo entre socialistas y Podemos, pero queda por dilucidar una importante incógnita, si el socio mayoritario del Ejecutivo acepta algunas enmiendas planteadas por el PP, cuyo voto favorable es imprescindible para que la modificación legal vea la luz. Un primer análisis técnico de los cambios que proponen los populares indica que algunos sí son "asumibles" por los socialistas, pero lo que pesará es el criterio político, contrario en principio a hacer concesiones al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Este pasado lunes, 10 de abril, acabó el plazo para que los grupos registraran sus enmiendas en el Congreso. Podemos presentó nueve, que fueron automáticamente rechazadas por el PSOE, como las que días antes habían llevado a la Cámara ERC y Bildu. El PP planteó 14, pero no tocan en modo alguno la filosofía de la proposición de ley socialista. Es decir, respetan la introducción de un subtipo agravado, para que se eleven automáticamente las penas cuando concurren la violencia o la intimidación de la víctima. Esa fórmula, defiende el PSOE, es la única que garantiza que se apliquen castigos más severos para las conductas más graves.

El PP propone "enmiendas técnicas", aunque alguna tiene más calado como reintroducir la responsabilidad de la persona jurídica cuando hay trato degradante

Los populares registraron "enmiendas técnicas", tal y como subrayaba esta semana la número dos del partido y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que advirtió al PSOE de que su formación no podría entender que no se abordasen. El PP propone la reintroducción de la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de 18 años y mayores de 16, conducta que había quedado destipificada. También incorpora la responsabilidad de la persona jurídica en los casos de trato degradante, acoso laboral o inmobiliario.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario señalan que técnicamente algunas de las enmiendas del PP son "asumibles", porque corrigen simplemente errores y tienen sentido. Alguna otra tiene más calado, como la última citada: los populares repararon en que, con la modificación del Código Penal que se precipitó a finales de 2022 para reformar la malversación y la sedición, se despenalizó, posiblemente "por error", la "responsabilidad de la persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante", ya que se intercaló un párrafo nuevo y no se ajustó la redacción, por lo que esa conducta se quedó sin reproche penal. "Ahora tenemos que decidir si queremos o no recuperar ese punto que afecta a las personas jurídicas", a las empresas, indican las mismas fuentes gubernamentales. Ese cambio tocaría el artículo 173 del Código Penal, al margen del corazón del sí es sí.

El PP no contempla los casos de sumisión química

Otras enmiendas del PP sí que no son aceptables para el PSOE. Por ejemplo, Génova aboga por una redacción del subtipo algo distinta: plantea que las penas sean más altas cuando concurren la violencia o la intimidación, pero no si hay anulación de la voluntad de la víctima, caso que sí recogen los socialistas, ya que creen necesario proteger a las mujeres que sufren sumisión química. Tampoco es previsible que Ferraz acepte las duras críticas que los conservadores dirigen a la ley del solo sí es sí.

Gamarra avisa de que el PP "no participará en parches que dejen lagunas". Llama al PSOE a hacer una "rectificación completa"

Una vez se concluya el análisis técnico de las más de 70 enmiendas registradas a la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, se tomará la decisión política. Será el turno de Ferraz y la Moncloa. En los últimos días, en el equipo de confianza de Pedro Sánchez adelantaban que la intención era no pactar nada con el PP, no aceptar ninguna de sus enmiendas, con el argumento de que su texto era impecable jurídicamente. Pero aún queda margen: el lunes se evaluarán todas las enmiendas en ponencia y el martes, en comisión, antes de que el pleno apruebe finalmente el dictamen el jueves 20 de abril.

Este jueves, desde Laguardia (Álava), Gamarra mostró la disposición de su partido a apoyar la reforma del sí es sí, pero únicamente lo hará si esa "rectificación" cuenta con la seguridad jurídica que recogen sus enmiendas, informa EFE. La número dos del PP señaló que su grupo ya ha mantenido contactos con el PSOE para tratar de acercar posturas. "Esperamos que sea posible mejorar el texto para que no quede ninguna laguna", apuntó. Y, preguntada si el PP respaldará la proposición socialista incluso si no se atienden sus propuestas, Gamarra replicó que su formación "no participará en parches que dejen lagunas". Así, llamó al PSOE a hacer una "rectificación completa".

La reforma necesita de mayoría absoluta. Si el PP no la apoya, "serán ellos los que se retraten", advierten en la Moncloa

Esa advertencia podría complicar las cosas a la Moncloa. Porque al tratarse de una ley orgánica, se requiere mayoría absoluta en el Congreso. Es decir, que a Sánchez no le basta con la abstención del PP: necesita su voto favorable. Los socialistas sí tienen claro que si el partido de Feijóo finalmente no apoya su reforma, "será el PP el que se retrate", el que deba cargar con la responsabilidad ante los ciudadanos de que se impongan penas más bajas a los agresores sexuales. Según su lectura, serían los populares los que saldrían muy malheridos ante la opinión pública, porque se vería que ellos han sido los que han frustrado la reforma.

Los distintos caminos

Por tanto, no todo está hecho ahora mismo. La clave reside en ese pulso con el PP. Entre socialistas y Podemos, sin embargo, el escenario está despejado. El PSOE rechaza por completo la fórmula que plantean los morados, muy similar a la de ERC y Bildu. Las tres formaciones introducen la violencia y la intimidación como circunstancia agravante en el artículo 180 del Código Penal. La vía de abordaje es muy distinta. Los socialistas plantean dos escalones: agresión sexual sin violencia (castigada de uno a cuatro años) y agresión sexual con violencia (uno a cinco años), y por otro lado agresión con penetración —o sea, violación— sin violencia (cuatro a 12 años de cárcel), y con penetración y con violencia (de seis a 12 años de cárcel). Los agravantes del 180 operarían sobre esta doble escala. Es decir, que se podrían sumar años de condena cuando concurren circunstancias agravantes (cuando se trata, por ejemplo, de una violación múltiple, o se ataque a una persona vulnerable, o el agresor se haya prevalido de su relación de parentesco o de superioridad) a una ya más elevada por el hecho de que se haya empleado violencia.

La Moncloa está convencida de que la polémica ya está "amortizada" desde el momento en que el PSOE puso una solución sobre la mesa

Podemos, ERC y Bildu insisten en que ese camino lamina el consentimiento, eje del sí es sí. Por eso introducen la violencia o intimidación como mero agravante. Justicia sostiene que esa vía dispara de manera desproporcional las penas (en lugar de uno a cinco años de cárcel, como plantea el PSOE, la horquilla se iría a entre dos y ocho años en el tipo básico) y que hace más difícil añadir más castigo cuando concurren más agravantes.

En cualquier caso, lo que defienden los morados y los independentistas vascos y catalanes es que el PSOE pretende "volver al Código Penal de La Manada" al situar la violencia y la intimidación de nuevo en el centro y advierten a sus socios del "retroceso" para las mujeres que supone rectificar la ley con el PP. Podemos se sentiría reforzado en sus argumentos si el PSOE acepta o transacciona enmiendas con los populares. De ahí que las razones políticas operen en una reforma que ha generado enormes tensiones en la coalición.

La Moncloa, sin embargo, está convencida de que la polémica ya está "amortizada" desde el momento en que el partido puso una solución sobre la mesa. Pero en Podemos discrepan y creen que el paso que está a punto de consumar el PSOE, de la mano del PP, es muy grave. De ahí que el partido esté valorando que la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora principal del sí es sí, intervenga en el pleno del Congreso el próximo 20 de abril para mostrar su radical oposición al cambio de su propia norma. Ello dejaría patente, en sede parlamentaria y a las puertas del 28-M, la fractura en el Ejecutivo. Otro formato, más conciliador con sus socios, sería que Montero expresara su queja en los pasillos de la Cámara, ante los periodistas, o en un acto aparte. La escenificación no es banal: todo adquiere una mayor solemnidad en el hemiciclo.