La primera ley 'estrella' del Gobierno concebida dentro del paquete de medidas a desplegar de cara a la campaña electoral de mayo para municipales y autonómicas empieza a crear los primeros quebraderos de cabeza en la oposición. Tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Ejecutivo y los principales socios externos, caso de ERC y EH Bildu, para desencallar la el proyecto de ley de Vivienda, este martes, el Congreso de los Diputados ha acogido la primera ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ello, de manera posterior a la Comisión de Justicia, que ha votado las enmiendas del PP pactadas con el PSOE para reformar la ley del 'solo sí es sí' este jueves de manera definitiva y a la espera de que el Senado, la semana que viene, de su visto bueno.

Según ha podido saber El Independiente, la comisión para Vivienda, que ha sido a puerta cerrada, se ha caracterizado por la bronca y los gritos. El objeto de ello ha radicado en las diferencias entre oposición y socios de legislatura, especialmente en lo que se refiere a los plazos definidos para su debate y votación en el pleno de la semana que viene; el jueves 27 de abril. Y es que como anunció este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras el acuerdo, la intención del Gobierno es dar salida al asunto "con carácter inminente".

Grupos parlamentarios como el de Ciudadanos lamentan las "prisas", especialmente del PSOE, para finiquitar este asunto, restando tiempo de valoración y de debate en la cámara baja y acortando plazos en la comisión, dicen fuentes del partido. Más, cuando advierten de que el Gobierno, ERC y EH Bildu "ya tienen la ley" y asegurada su salida adelante. "No hay motivo para pasar ese rodillo", añaden. Aunque entienden que el objetivo final es puramente electoral. "Como no hagan estas barbaridades [de acortar periodo de reflexión], no llegan al BOE antes del 28-M", se aventuran a decir, atribuyendo el acuerdo en en plena precampaña a un intento de estimular el voto de la izquierda a su favor.

Con todo, cabe destacar, algo que hacen desde Ciudadanos, que esta estrechez de los plazos parlamentarios en Comisión es legal. Siempre que, en base al artículo 69 del reglamento del Congreso se acredite que se trata de una urgencia para tramitarlo como tal. De hacerse, se limita a dos días el periodo para elaborar el informe, votar las enmiendas, y configurar el dictamen final que irá a pleno. Aunque la denuncia que la oposición hace dentro de la Comisión es que como argumento se aporta que "hay un problema de vivienda en España muy preocupante". "Se han dado cuenta ahora", afirman fuentes parlamentarias que argumentan que desde la tercera semana de enero estaba habilitada la Comisión para iniciar la ponencia en la primera semana de febrero, pero el Gobierno y sus socios no se ponían de acuerdo pese al problema. Uno, matizan, que viene de lejos. Ahora, acreditan así "la velocidad", insisten las mismas fuentes.

Ciudadanos quiere impedir que la norma llegue a pleno el 27 de abril. Valoran pedir la votación de las 800 enmiendas y 44 transaccionales una a una"

Por ese clima de inconformidad, en la jornada de este martes y en la ponencia de Vivienda, que se ha celebrado a puerta cerrada, han saltado chispas. "La ponencia ha sido tremenda", confirman personas allí presentes que justifican el tono por tratarse, no obstante, de un debate a puerta cerrada. "Ha habido reproches muy fuertes", incluso por parte de "portavoces que se caracterizan por su templanza y entereza". Entre otros, se señala a Ferrán Bel, el líder del PDeCAT en las Cortes, su homóloga de Coalición Canaria Ana Oramas, o el portavoz del PNV Íñigo Barandiarán. Y, de hecho, se hace referencia a varios "gritos" y "palabras altas" entre el vicepresidente de la Comisión, el popular Mario Garcés, y el presidente, el socialista Ignacio López.

A éste, los portavoces -excepto del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu- le han recordado que "se estaba pasando, que los trámites no se hacían así y que era una vergüenza querer forzar que la próxima cita de la comisión se celebre el jueves" para abordar 800 enmiendas que se han aprobado y 44 transaccionales. "Algunas nos llegaron por la tarde del lunes, y algunas ocupan de cuatro a cinco páginas". De hecho, se ha propuesto tratar estas enmiendas en dos ponencias, incluso la semana que viene para dejar margen a los grupos a su estudio.

Ciudadanos se plantea retrasar el trámite

Fuentes de Ciudadanos respaldan que este martes, en la ponencia, "ha protestado todo el mundo". Aunque la mayor parte de las recriminaciones "se las ha llevado el PSOE" mientras "los socios miraban la alfombra" de la Sala Lázaro Dou. "Ni siquiera han defendido sus visiones particulares", afean los naranjas. Ya en la segunda mitad del desarrollo de la sesión, cuando la situación se había rebajado y todos contemplaban que el curso del trámite en Comisión iba a ser el transmitido, el diputado y presidente López ha pedido a los grupos trasladar "lo antes posible" de qué manera "se quiere votar las enmiendas. Pero solo respecto a otros grupos, no de las propias. Eso ha vuelto a caldear el ambiente, ante la queja general de que se quiere limitar y "atar" antes del encuentro del jueves la manera de votar.

Eso ha generado que portavoces como la de Vox, Cristina Esteban, ante las presiones, haya sugerido alargar el procedimiento. "Esto es muy sencillo, cinco minutos antes de la votación del jueves, presento una petición de voto de todas las enmiendas por separado y por párrafos", citan desde Ciudadanos. Los naranjas asumen que el letrado, como ha ocurrido en otras ocasiones, dirá que no es compatible una votación por párrafos. Aunque sí ven con buenos ojos y más viable solicitar un posicionamiento individualizado de cada una de las 800 enmiendas. Más cuando Vox, posteriormente, ha certificado "que lo va a hacer".

En plena manifestación de opiniones, dicen los liberales, López ha interrumpido. La convocatoria para el pleno del jueves que cerrará el documento que irá a votación en el hemiciclo ha llegado a los teléfonos de sus señorías y el socialista ha dado por concluida la sesión. Antes de ese pronunciamiento, Bel ya había abandonado la sala tras pedir que las transaccionales también se votasen una a una; algo que "no se hace".

Ciudadanos, que respalda entorpecer el proceso burocrático y "utilizar todos los obstáculos legales" añade que, aparte de perder tiempo en revisar cada enmienda, lo que podría requerir de otras dos jornadas para continuar la votación, se une a que esta se realizará en la Sala Cánovas, donde "no hay botones y los procedimientos deben hacerse a mano alzada", aseguran.

El Gobierno, convencido de que estará lista para el 28-M

El Gobierno presume de contar con margen de sobra para ver refrendado el proyecto de ley en el Senado. En Moncloa calculan que podría llegar a pleno en la segunda o tercera semana de mayo, aunque fuentes del Ejecutivo lo sitúan antes del 18 de mayo, lo que sucedería en campaña y a una semana y media de la apertura de urnas. Por su parte, no ven 'forzado' el reglamento dado que se ha tramitado la cuestión por vía de urgencia.

La única duda la trasladan desde el Senado, y es la posibilidad de que el PP pida ampliar el plazo para presentar enmiendas en la cámara alta y el PNV no lo impida. O sea el propio grupo vasco, que por competencia electoral con EH Bildu, opte por este mecanismo, dado que condiciona la mayoría de la Mesa en el Senado en contraste con el Congreso. De producirse, la ley podría aplazarse para su confirmación hasta después del 28-M. Las sensaciones del Gobierno son claras, esperan que la ley esté lista antes de ese proceso previo a las generales, y que el PNV no obstaculice.