No se trata de una estrategia muy sofisticada, alegan en la cúpula del PSOE. Es, simplemente, tirar de manual. Exprimir la potencia que facilita el control del BOE para administrar los impactos antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Gobierno ya tiene "planificados" todos los Consejos de Ministros hasta los comicios para ir dosificando los anuncios, aprovechándolos como potente arma política.

El 28-M entra ya en su fase definitiva. Tras el parón de Semana Santa —en seis comunidades aún es festivo este Lunes de Pascua—, todo se acelerará hasta las urnas. Sin pausa. Para todos los partidos. Los socialistas celebrarán su último gran acto conjunto de precampaña este fin de semana, del 14 al 16 de abril, en Valencia, en su convención municipal. Pero el Gobierno también remará a favor de obra. Este martes, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe una nueva partida de fondos para educación, un área mimada por el Ejecutivo y palanca absolutamente diferencial, indican en Ferraz, con el PP. Ya el pasado 21 de febrero, la titular de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, explicó la aprobación de 2.520 millones de euros en becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, una inversión histórica para garantizar "la igualdad de oportunidades y que miles de estudiantes puedan seguir formándose sin que sus condiciones socioeconómicas sean un obstáculo para ello".

Los nuevos recursos para educación que acordará el Ejecutivo este martes no serán una excepción hasta el 28-M. "Todo ya está planificado en abril y mayo", subrayan desde el cuartel general de los socialistas. "Tenemos varias balas que gastar en estos dos meses", abundan en el núcleo duro del presidente, Pedro Sánchez. Balas que, obviamente, partido y Gobierno guardan con celo para, precisamente, jugar con el efecto sorpresa. Y remarcan que otros elementos reman, y mucho, a favor, como el marzo histórico para el empleo y un número de cotizantes de 20,37 millones.

La propia ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, hacía hincapié desde Sevilla en esos buenos datos de empleo y en cómo la reforma laboral "ha posibilitado que se haya duplicado el número de contratos indefinidos y que en este momento cuatro de cada cinco personas que están trabajando tengan un contrato estable". Algo que ha ayudado especialmente, dijo, a los jóvenes.

El déficit público de 2022 se cerró en un 4,8%, dos décimas mejor de lo previsto, colchón que Hacienda podría utilizar ahora

A esto hay que sumar, añadió, otros indicadores como "el crecimiento de nuestro país con un PIB por encima de Francia o Alemania, o la posibilidad de estar combatiendo la inflación, a pesar de que ello supone todavía una carga económica muy importante para las familias, de una forma más correcta que en el resto de la Unión Europea, siendo el segundo país [de la zona euro] con menor inflación". Razones por las que Montero acusó al PP de "catastrofismo indocumentado" y de estar "permanentemente machacando la reputación de España a pesar de los esfuerzos tan importantes que estamos haciendo para combatir las dos grandes cuestiones que han surgido esta legislatura, la pandemia y la guerra en Ucrania".

Sin duda, uno de los grandes anuncios pendientes, si es que finalmente se materializa, es un nuevo paquete de medidas anticrisis para vencer la inflación y, sobre todo, paliar la subida de la cesta de la compra. El Ejecutivo cuenta con cierto margen en este año electoral para aprobar nuevos apoyos para las familias, ya que el déficit público de 2022 se cerró en el 4,8%, por debajo de la tasa de referencia del 5% para el conjunto del ejercicio.

Rechazo a las medidas de Podemos

El Gobierno no ha cerrado la puerta a lanzar más medidas de control de los precios, aunque también advierte —y así lo recordaba este mismo sábado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños— de que gracias a su dirección política ha logrado reducir el IPC casi ocho puntos en ocho meses (del 10,8% de julio al 3,3% del pasado marzo), por lo que España tiene la segunda menor inflación de la zona euro, tras Luxemburgo. Fuentes del círculo de confianza de Sánchez admiten la dificultad de bajar el coste de los alimentos —subieron un 16,6% en febrero, frente al mismo mes del año pasado—, porque se trata de un mercado mucho más complejo y fragmentado que el de los carburantes, cuyo precio sí se logró domar.

El ala socialista admite la dificultad de controlar los precios de los alimentos, y recela de propuestas como la de Puig por si no llega a los negocios de proximidad, aunque estudia las alternativas posibles

En Hacienda no gustan las medidas propuestas por Podemos —fijar un nuevo impuesto a la gran distribución para mermar sus beneficios extra, topar los precios o subvencionar el coste de la cesta, como se hizo con las gasolinas—, porque considera que no son viables, ya que hay que garantizar que cualquier intervención afecta a todo el sector. También a los pequeños negocios de proximidad.

Por eso el Gobierno estudia si la medida anunciada el pasado 28 de marzo por el president valenciano, Ximo Puig, "excluye o no a una parte del sector de la alimentación". El dirigente socialista anunció la puesta en marcha de un bono cesta de la compra que beneficiará, estima la Generalitat, a unas 500.000 personas, con una ayuda de 90 euros destinada al pago de alimentos en cualquier establecimientos del sector. El programa está dotado con 48,44 millones a cargo del Ejecutivo valenciano, y la posibilidad de solicitar ese cheque se inicia este abril y finaliza el 15 de julio. Funcionará como una tarjeta-monedero prepago, y está prevista para echar una mano a los residentes en la Comunitat Valenciana cuya renta familiar no haya superado los 21.000 euros en 2021. El bono es compatible con el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de exclusión y con el cheque de 200 euros que aprobó el Gobierno a finales de 2022 para los más vulnerables.

A Hacienda tampoco le convence, por ahora, una medida reclamada desde hace meses por el PP y por el sector: la bajada del IVA de la carne y del pescado, gravados al 10%. El argumento que utiliza es que si se considera que la reducción fiscal en vigor —se ha suprimido el IVA de los alimentos de primera necesidad, como frutas, leche, quesos o huevos y se ha reducido del 10% al 5% el de pastas y aceites— no ha funcionado como se quería, no tendría sentido extenderla a más productos, ya que además no hay garantía de que ese bajón, que reduce la recaudación pública, se repercuta en los consumidores. El Gobierno esgrime que las medidas aprobadas hasta ahora "están siendo eficaces", aunque el despliegue de sus efectos "no es inmediato". Y recuerda que también se han aprobado, por ejemplo, ayudas de 300 millones de euros a los agricultores por el incremento de los fertilizantes.

"No es sencillo impulsar más medidas en un sector muy diverso, con mucha exportación, múltiples suministradores... Estamos observando todo y renovaremos medidas si hace falta. Queda un trimestre por delante hasta que se caduquen las ayudas actuales, así que hay tiempo", señalan desde el departamento que dirige Montero. El Gobierno, por tanto, se da unas semanas más hasta decidir qué hacer. Tiene margen hasta el 28-M. "Vamos a seguir trabajando, monitorizando los precios de los productos para seguir atendiendo aquellas necesidades que se vayan planteando en las empresas, familias y en los diferentes ámbitos", manifestó la ministra este domingo en la capital andaluza.

En vivienda, el PSOE no quiere un límite fijo a la actualización de los alquileres: entienden que las rentas han de acomodarse a la coyuntura

Pero además de los anuncios que vaya aprobando el Consejo de Ministros, en el Parlamento aún hay cuestiones pendientes muy importantes para la coalición. La principal, sin duda, es la ley de vivienda, que los socialistas querrían tener acordada con Unidas Podemos antes de los comicios de mayo. El pacto, sin embargo, se resiste por, entre otras razones, las limitaciones al precio de los alquileres, que los morados quieren que sea de un 3% de manera permanente. Los socialistas están dispuestos a que en el primer año de entrada en vigor de la norma, en 2024, haya un tope del 3% (un punto por encima del actual 2%, que se aprobó para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania), pero rechazan fijar un techo perpetuo, porque entiende que los precios de las rentas se han de acomodar a las coyunturas.

La herida del 'sí es sí'

El pasado martes, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, señalaba que esta es una de las cuestiones en las que los partidos están trabajando, pero no es uno de los escollos, y confió en que la norma, la primera con carácter estatal que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna, salga adelante. "Me gustaría mantener la esperanza y yo creo que sí, que vamos a conseguir la aprobación de esa ley", manifestó. El ministerio descarta ahora fijarse plazos temporales, porque todos los que se ha ido marcando hasta ahora han fracasado por desacuerdo con los morados y con los socios. En Transportes subrayan que aún hay margen para el diálogo, pero "con un límite". Es decir, que no caben muchas vueltas más y los tiempos de tramitación ya son cada vez más estrechos. Sí es cierto que para PSOE y para UP sería importante sacar adelante una norma señera y que ha cruzado toda la legislatura, ya que proyectaría la imagen de un Gobierno cohesionado en lo principal, en sus iniciativas, por mucho ruido que le rodee.

Los morados aprietan a los socialistas con las tareas pendientes: vivienda, cesta de la compra o hipotecas

Este mismo domingo, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, volvía a instar a los socialistas a pactar la ley de vivienda para poder regular los precios del alquiler. Y no solo, también reclamó topar la cesta de la compra, que está "lastrando la economía de las familias" y "topar también esas hipotecas a tipo variable que están asfixiando a miles de familias en España como ya ocurrió en la crisis de 2008". En todo caso, lo que está claro es que con vivienda no ocurrirá lo que pasó con la ley mordaza, que se estrelló en comisión por falta de apoyos parlamentarios. Si aquí no cuajara el consenso, no avanzaría su tramitación en las Cámaras.

Pero hay otra herida por la que sigue sangrando la coalición, y es la reforma de la ley del sí es sí. Este lunes, a las 18 horas, concluye el plazo para la presentación de las enmiendas parciales, y hasta el momento los morados no han registrado las suyas. Sí lo hicieron, el jueves pasado, sus dos principales aliados, ERC y Bildu, que amplían la definición del consentimiento —no se deduciría que lo hay cuando concurre ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa— e incluyen la violencia o intimidación como un mero agravante, y no como un subtipo penal.

La líder de Podemos reconoce la "gran sintonía" de las enmiendas de ERC y Bildu al 'sí es sí' con las formuladas por Igualdad

La fórmula, que ataca por tanto el eje de la reforma de los socialistas, sí gusta más a los morados. Belarra señaló este domingo, informa EFE, que existe una "gran sintonía" entre las propuestas de los independentistas vascos y catalanes y las que el Ministerio de Igualdad "lleva bastantes semanas haciéndole al PSOE", y que este ha rechazado por considerar que no son suficiente garantía de que en el futuro se agravan las penas. La ministra de Derechos Sociales reiteró que es ahora el PSOE el que "tiene que decidir si quiere darse la mano con el PP para volver al Código Penal de La Manada o un acuerdo y solución con la mayoría progresista de la investidura". La dirección socialista aún no ha dado una respuesta oficial. Pero este lunes se reúne la ejecutiva de Sánchez y podrá adelantar su posición. En cualquier caso, la reforma pasará por el pleno del Congreso el 20 de abril y, por el del Senado, el día 26. Es decir, que quedaría liquidada apenas un mes antes de las urnas.