El Gobierno no aprobará un nuevo paquete anticrisis de manera inminente. Lo exige el socio minoritario, Unidas Podemos, pero el PSOE no lo comparte. Quiere esperar. Primero, a que las medidas que entraron en vigor el 1 de enero para contener la inflación y el alza del precio de los alimentos, como la bajada del IVA, adquieran más "rodaje". Y también porque entiende que ha de saber qué suelo pisa, de qué margen fiscal dispone para lanzar nuevas iniciativas. Esos números no los tendrá hasta finales de marzo, así que el estudio de la prórroga del escudo social comenzará a partir de entonces. Justo a las puertas de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Esa es su bala de plata y no la piensa malgastar. Tampoco hay prisa, señala, porque el real decreto ley vigente se mantendrá vivo, en su mayor parte, hasta el 30 de junio.

Los morados siguen apretando a los socialistas con la cesta de la compra. Urgen a actuar ya, porque la inflación interanual se sitúa en el 15,4% —solo tres décimas menos que en diciembre (15,7%)— y los ciudadanos perciben que no han funcionado las medidas puestas en marcha para frenar el alza de los alimentos, como consecuencia de la guerra en Ucrania. Ellos proponen o topar los precios o bien bonificar un 14,4% un conjunto de 20 productos básicos, siguiendo el mismo esquema de ayudas que con los carburantes. Y también plantean un impuesto extraordinario para los grandes supermercados. El PSOE se mantiene en el no.

La deuda se quedó en el 113,1% del PIB, 2,1 puntos por debajo de lo previsto. El déficit acabó en noviembre en el 1,9%, por lo que se espera que el cierre de 2022 sea más optimista que lo proyectado. Y no hay reglas fiscales

Pero distinto es que no se abra a, más adelante, aprobar más medidas complementarias. Pero más adelante. Fuentes del ala socialista del Ejecutivo indicaban este martes que dado que el último real decreto ley —el aprobado el 27 de diciembre de 2022, en vigor desde el 1 de enero— tuvo un coste de 10.000 millones de euros, ahora hay que esperar a finales de marzo para conocer la holgura fiscal de la que dispondrá Hacienda. A últimos del mes próximo se conocerán las cifras definitivas del déficit de 2022, que en principio se esperan que sean mejores de lo previsto (5%), a tenor de los datos disponibles hasta noviembre (1,9% del PIB).

La previsión para 2023 era llegar a un desfase del 3,9%. Además, también se sabrá el volumen final de recaudación de todo el año pasado. La evolución de la deuda pública, conocida la semana pasada, sí ha sido muy positiva: acabó en 2022 en el 113,1% del PIB, una reducción de 5,2 puntos sobre el cierre de 2021, la mayor caída de la ratio en la historia reciente de España y cerca del objetivo proyectado para el cierre de 2023. La deuda, de hecho, quedó 2,1 puntos por debajo de lo previsto en el plan presupuestario, gracias, esgrimió el ministerio de Nadia Calviño, a la fortaleza de la economía (el crecimiento fue del 5,5% del PIB, también mejor de lo anticipado) y a la mejora de los ingresos públicos.

Con esos números en la mano, entonces el Gobierno, indicaban este martes fuentes de Hacienda, se podrá plantear "una prórroga de las medidas anticrisis" o bien el lanzamiento de unas nuevas. Pero para ello también necesita "una sobrerrecaudación", ya que los recursos no son infinitos. Sí ayuda que estén, por el momento, suspendidas las reglas fiscales por Bruselas. Además, el Ejecutivo espera que para finales de marzo se tenga una radiografía más exacta de cómo han funcionado las iniciativas contenidas en el decreto ley de diciembre, en particular la bajada del IVA —del 4% al 0% para los productos básicos como leche, huevos, quesos, cereales, hortalizas o frutas, y del 10% al 5% para pastas y aceites de oliva—, para a partir de esa evaluación plantearse qué es necesario ajustar. El sector primario pide que se reduzca el IVA de la carne y el pescado (hoy en el 10%), alternativa que se estudiará si llega al caso y que, si se adoptara, sería técnicamente sencilla de adoptar, recuerdan en Hacienda.

"Sí se ha trasladado" la bajada del IVA

No obstante, el ala socialista del Ejecutivo insiste en que las medidas sí están funcionando, y que de hecho la inflación mensual de los alimentos se situó en enero en un 0,4%, en línea con la media de los últimos 20 años. Es más, defienden fuentes gubernamentales que los supermercados "sí han trasladado" la bajada del IVA, pero lo que ocurre es que la cadena alimentaria "sigue subiendo" y eso hace que se "amortigüe" el efecto de la reducción del impuesto.

Montero emplaza a los morados a explicar cómo se puede bonificar la cesta de la compra sin aislar ni dejar en un mercado marginal a los pequeños comercios de proximidad

Lo explicó la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes: "La bajada del IVA ha funcionado y ha permitido una bajada de los precios de la cesta de la compra básica". La número dos del PSOE recalcó que se ha logrado "frenar" el alza, así que el objetivo es que se pueda ir "estabilizando" esa tendencia "y volver a los precios previos". Montero indicó que el Ejecutivo está evaluando de manera permanente las medidas adoptadas ahora y también de cara al futuro. "A todas las medidas hay que dar profundidad, dejarlas un rodaje en el tiempo para ver su impacto y ver cómo se comporta la inflación", insistió. Seguía la argumentación del titular de Agricultura, Luis Planas —totalmente apoyado por la Moncloa—, quien el lunes, tras presidir la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, pidió paciencia y dejar que el paquete anticrisis continúe desplegándose. Hacienda defiende que hay que ir "combinando medidas", porque una aislada "no tiene impacto ni repercusión".

Ese era un aviso a Podemos. Los socialistas rechazan la propuesta de bonificación de la cesta de la compra. No solo por su coste —los morados señalan que supondría 2.300 millones de euros al semestre, cifra que no encaja en absoluto en Hacienda—, sino por su viabilidad. "Le corresponde a quien hace la propuesta el explicar cómo y de qué forma se puede hacer una medida que no aísle y deje en un mercado marginal a los pequeños comercios de proximidad", apuntó Montero, quien destacó que "cualquier propuesta" ha de tener en cuenta a los pequeños distribuidores.

Fuentes del Ejecutivo explican que el problema radica en "la arquitectura de la medida" planteada por Podemos. El suministro de carburantes, continúan, está en manos de pocas distribuidoras, mientras que el comercio está mucho más atomizado y por tanto el control es mucho más complicado. Si Hacienda se decantó en diciembre por la rebaja del IVA, razonan, es porque era fácil de implantar, "efectiva".

La titular de Hacienda sigue rechazando un impuesto a los grandes supermercados, porque no hay datos que prueben beneficios extraordinarios

Podemos también quiere un impuesto a los grandes supermercados. "Saqueadores" y "especuladores", los llamó el lunes Pablo Fernández, portavoz de la formación morada. También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamaba este mismo martes intervenir en los márgenes empresariales. Los socialistas, lo afirmó Planas en Onda Cero este 21 de febrero, parten de la base de que no hay un beneficio extraordinario en ese sector. "Yo creo que no [que los supermercados no se están forrando]. El margen empresarial no solo es normal, sino que es necesario. Si queremos crear empleo y tener una sociedad que crezca, es necesario la existencia de empresas que funcionen"

La misma tesis defendió Montero desde la Moncloa: "No tenemos ningún dato que nos permita afirmar que haya beneficios extraordinarios en otras empresas que no sean las energéticas y las de la banca, pero como siempre monitorizamos la situación". La titular de Hacienda añadió que la Ley de la Cadena Alimentaria persiguió que ninguno de los sectores más vulnerables produjera a pérdidas, así que el Gobierno mide "muy bien" que cualquier medida en el sector de la alimentación, sea fiscal o de ayudas, no tenga un impacto negativo en la cadena y también que haya un "reparto equitativo" de los esfuerzos.

En definitiva, el Ejecutivo se tomará un tiempo para diseñar las nuevas medidas. La prórroga debería estar lista, como tarde, antes del 30 de junio, pero siempre podría adelantar sus decisiones semanas antes. Justo de cara a los comicios del 28-M, cuya campaña oficial empieza el 12 de mayo. El Gobierno tiene, pues, una herramienta poderosa: el BOE.

Crítica a Andalucía y Madrid por defender a los ricos

Montero compareció este martes tras el Consejo de Ministros precisamente para dar cuenta de la marcha de la recaudación de los gravámenes temporales y extraordinarios a la banca y a las eléctricas, dado que el lunes concluyó el plazo para presentar el primer pago de estas figuras. El Estado ingresó, por ambos impuestos, 1.454,5 millones de euros, de los que 817,4 millones corresponden al gravamen a las energéticas y los 637,1 restantes al de las entidades financieras. Se han obtenido cifras en línea con las estimaciones del Gobierno, que prevé recaudar 3.000 millones de euros anuales, de los que ahora se ha anticipado el pago del 50%.

El informe de Hacienda dio pie a Montero a hacer una crítica política a los gobiernos de Madrid y Andalucía, que ha llevado los dos impuestos al Constitucional este mes por entender que el Gabinete de coalición invade sus competencias. Ambos ejecutivos, del PP, defienden a una "minoría" más pudiente. A los que "más capacidad económica tienen, lo digan como lo digan, lo disfracen como lo disfracen en términos competenciales".

Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, continuó, "están defendiendo, como hace siempre el Partido Popular, a una minoría frente al refuerzo de la sanidad pública, de la educación o de la dependencia, que es lo que le corresponde formular al gobierno autonómico y por tanto evitar esa ola de malestar que existe en estas comunidades autónomas con motivo del deterioro de los servicios públicos". La número dos del PP se refería a las movilizaciones numerosas que se han visto en Madrid a favor de la sanidad pública.

El Gobierno ya ha ingresado 1.454,5 millones por los impuestos a energéticas y banca, de cuya constitucionalidad se muestra "seguro"

¿Por qué una minoría? Porque por ejemplo en Andalucía, donde ella fue consejera de Hacienda, era "el 0,2% de los contribuyentes los que pagaban el impuesto de Patrimonio", eliminado ahora por el Gobierno de Moreno, igual que antes lo hiciera Madrid, razón por la que el Ejecutivo central tramitó y aprobó la creación de un impuesto a las grandes fortunas. El 0,2% suponía una recaudación para la Junta de 120 millones de euros, así que la supresión del gravamen "implica un regalo fiscal de más de 6.000 euros" a quienes tienen un patrimonio superior a 2,5 millones de euros. El Gobierno está además "absolutamente seguro" del encaje constitucional de su impuesto extraordinario porque "en este momento de especiales dificultades hay que pedirle un mayor esfuerzo a aquellos que más tienen y evidentemente el Gobierno de España tiene [competencias en] legislación básica en materia tributaria que le permite abordar esta figura".