Sánchez pasa página del 'procés' y se centra en la economía y la agenda social para afrontar el año electoral

"Avanzar y proteger". Pedro Sánchez estaba prácticamente adelantando el lema de las campañas socialistas que vendrán en 2023. La idea fuerza que las va a sostener. España "avanza, se crece ante la adversidad" y su Gobierno —"el Gobierno de coalición progresista", como tanto se afanaba en recalcar— se ha encargado de "proteger" a las clases medias y trabajadoras, a la "mayoría social", a la "gente", en todo momento, en todas las crisis. Y eso, a la postre, cree el presidente, tendrá sus frutos, su "resultado electoral".

El guion estaba escrito semanas atrás. Con imprevistos por el camino, sí, como la decisión inédita del Tribunal Constitucional de paralizar su propia reforma. Pero la Moncloa tenía claro que para empezar nueva página, para llegar a la comparecencia de este martes en la que el presidente presentó el tercer paquete anticrisis —y una movilización de 10.000 millones más—, tenía que pisar antes el acelerador, forzar la máquina parlamentaria en diciembre para quitarse de en medio todas las tramitaciones conflictivas que pudiera, y para incluso alumbrar dos medidas controvertidas, "arriesgadas", como él mismo reconoce, la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación. Sánchez, en suma, necesitaba soltar lastre y pasar página del procés —no tanto de Cataluña, reconvertida en un activo electoral para los socialistas— para poner un pie en 2023 y afrontar la doble cita de autonómicas y municipales en mayo y generales a final de año. Y para caminar hacia las urnas, el Gobierno intentará llevar el debate público a la economía y la agenda social, el campo que, según analiza, el PP ahora quiere rehuir.

Sánchez pone en el centro su decreto anticrisis y da carpetazo a "debates pasados" como el referéndum, que "no se va a producir"

Por todas estas razones, la rueda de prensa de este 27 de diciembre en la Moncloa no era de trámite para Sánchez. Exhibió cómo quería comenzar cuaderno nuevo, con el decreto anticrisis en el centro de su exposición, y dar carpetazo a "debates pasados" como el referéndum de autodeterminación que le vuelve a reclamar Pere Aragonès y al que él se niega porque "no cabe en la Constitución española ni en ninguna otra Carta Magna". "Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir", despachó tajante. Afirmación que el PP no se cree y a la que Sánchez respondió de vuelta preguntándose "cuántas veces" ha preconizado la dirección popular —con Pablo Casado antes y ahora con Alberto Núñez Feijóo— que el Ejecutivo daría luz verde a una consulta, cuando lo cierto es que dos referéndums y una declaración unilateral de independencia solo se produjeron "bajo la Administración del PP".

El jefe del Ejecutivo corresponsabilizó a los populares de la grave crisis de 2017: a ellos, por su "incapacidad" para saber atajarla; a los independentistas, por su "irresponsabilidad" al situar España ante el "precipicio". Frente a unos y otros, su Ejecutivo y su hoja de ruta, de apuesta por la "convivencia" y el "reencuentro", y no por la "confrontación", y también la constatación de que la Constitución hoy "se cumple en todos los territorios, también en Cataluña". Otra línea adelantada de su manifiesto electoral.

Las razones para justificar la rebaja de la malversación

Cataluña será utilizada por Sánchez, en efecto, como reclamo para las urnas. Y esa decisión es en sí misma una novedad, porque la tesis sobre la que pivotaban las últimas campañas socialistas era que la cuestión territorial mermaba sus expectativas mientras daba oxígeno a la derecha en el resto de España. Ahora el análisis de la Moncloa y de Ferraz es que los ciudadanos sabrán premiar los esfuerzos del Ejecutivo por desinflamar el conflicto y buscar una salida. De hecho, esa idea recorrió su comparecencia ante los medios, al insistir, cuando fue preguntado por la rebaja de la malversación, que "los conflictos políticos se tienen que sustanciar en el terreno político, no en los juzgados". Más aún: "Toda apuesta por la convivencia es poca", y quedará como legado "para el futuro", no solo porque mejora la vida cotidiana de los catalanes, sino por salvaguardar —"proteger", el término estrella de su rueda de prensa— la unión de España, que "se fragua y consolida construyendo convivencia y no confrontando".

El presidente marca más distancias ya con el independentismo y no pone fecha a la mesa de diálogo que le pide la Generalitat

Sánchez aportó otras tres razones más cuestionables para justificar una reforma del Código Penal —la modificación a la baja de la malversación— que ha sembrado de inquietud su partido por si se produce, a partir de su entrada en vigor, el 12 de enero, un goteo de revisiones de condena o excarcelaciones a políticos corruptos. Uno, que la preocupación ciudadana por la corrupción ha bajado, desde que llegó al poder, en junio de 2018, del segundo puesto (39,2%) al número 18 (4%). Dos, que España "homologa" su legislación a la del entorno europeo y no se despenaliza ningún tipo de malversación. Y tres, que la nueva norma, en el BOE desde el viernes, incorpora una disposición transitoria —que no se incluyó en la ley del solo sí es sí— que impediría las revisiones de penas si estas caben dentro de la horquilla del actual texto.

Pero la clave de bóveda de la acción gubernamental es la política. La voluntad del Ejecutivo de pasar página. Por eso el presidente reitera que "el procés ha acabado". Y por eso este martes empleaba un tono más duro contra el independentismo, precisamente para empezar a marcar distancias de cara al año electoral. Dijo que es un "proyecto político que va contra los tiempos", que no puede aspirar a retomar "debates pasados" como el del referéndum, que la tendencia en Europa es a "compartir soberanía" y no a "compartimentarla". Y, significativamente, no puso fecha a una siguiente reunión de la mesa de diálogo, que la Generalitat le pide y de la que Moncloa rehúye, pese a que estaba comprometida para antes de fin de año. El presidente no verbalizó esa negativa ante las cámaras, pero en su equipo sí han insistido en las últimas semanas que no estaba "agendada" ni figuraba a la vista.

Y es que Sánchez quiere abrir nueva página de la legislatura. Por eso se cuidó de que nada opacara su tercer paquete anticrisis. Supresión del IVA en productos básicos, reducción del impuesto del 10% al 5% para el aceite o la pasta, cheque de 200 euros de ayudas para 4,2 millones de familias, abonos gratuitos de tren durante todo 2023 y rebaja del 30% del transporte público urbano e interurbano, desaparición de la bonificación a los carburantes salvo para los profesionales, extensión del límite del 2% a la actualización anual del alquiler y congelación de las condiciones por seis meses más a los inquilinos a los que se les acabe el contrato, prórroga de la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas, 950 millones para la industria gasintensiva... 10.000 millones que se suman a los 35.000 ya movilizados para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Pone en valor las inyecciones de dinero público, el crecimiento del PIB por encima del 5% o el ahorro de 4.000 millones gracias a la solución ibérica

45.000 millones en total, esa era la cifra que Sánchez reiteró y que pretendía grabar a sangre y fuego, justo para ilustrar que su Gobierno destinará "lo que haga falta" para "proteger" a la mayoría social, a la que apela constantemente desde el giro del pasado junio, tras la debacle del PSOE en Andalucía. Porque además los resultados, dijo, acompañan, ya que España es el país con menor inflación de la eurozona (6,6%, según el índice armonizado con Eurostat, frente al 11,1% de media en los países del euro), el que va a registrar un crecimiento del PIB en 2022 por encima del 5% (superior al previsto), el que ha conseguido recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia en dos años —una década se tardó, recordó, en ganar el terreno perdido en la crisis financiera de 2008—, el que tiene la factura de la electricidad sensiblemente más reducida (un precio medio un 54% más bajo que el de Alemania o un 63% más que Italia) gracias a la solución ibérica, que ha ahorrado ya "4.000 millones para nuestros compatriotas", en torno a 150 euros anuales en el recibo de cada hogar.

La gestión económica, ¿pesará en las urnas?

Sánchez llenó la comparecencia de cifras positivas, sin detenerse en la autocrítica (nada nuevo cuando los presidentes hacen balance), justo para apuntalar su mensaje de que la izquierda también sabe gestionar la economía y con mayor sensibilidad social. Incidió en que su "Gobierno de coalición progresista" ha tenido que afrontar retos formidables" en estos tres años —pandemia, erupción del volcán de La Palma, guerra de Ucrania— y los ha resuelto "de manera razonable", y sus soluciones han sido nítidamente "progresistas" y a años luz de las que adoptó el PP en el pasado y de las que pueda adoptar un "hipotético" Ejecutivo con la ultraderecha.

Insiste en que busca proteger a la "mayoría social" y en que ha procurado un "reparto equitativo" de los costes y las cargas, con impuestos también a los más ricos

Ahí está otra de las claves de su discurso. El Gobierno espera que la contienda electoral se libre en la economía. Que los ciudadanos valoren la gestión del Ejecutivo y cómo les ha ayudado la "protección" desplegada a su favor, a través de numerosas ayudas públicas, extensión de los ERTE, bajadas selectivas de impuestos o la puesta en marcha del plan de recuperación, nutrido de los fondos europeos —ya se han recibido más de 31.000 millones de euros, y hay 136.000 proyectos adjudicados en España—, una receta completamente distinta a la que patrocinó la derecha hace una década, con la austeridad por bandera. Es más, los socialistas creen, y apuntan a algunas encuestas, que los ciudadanos sí apoyan las medidas económicas del Gobierno, aunque recelen de los socios.

Que no haya habido un "apocalipsis económico" como el que pronosticaba el PP, y que Feijóo centre el tiro en la oposición a la cuestión territorial, a temas más políticos, es para la Moncloa síntoma de que el jefe de los conservadores quiere rehuir de un área, la economía, en la que hasta ahora su partido se sentía más cómodo.

De cara al ciclo electoral que ahora arranca, Sánchez blandirá los datos económicos positivos, sí. Pero no solo. Hará hincapié, como hizo este martes, en que se comprometió a una "respuesta inmediata" a la crisis, en que protegería a la "mayoría social" y en que habría un "reparto equitativo de los costes y de las cargas". Así, remarcó, se han rebajado impuestos a las clases medias y a los trabajadores (el IVA del gas y la electricidad o el de los productos de higiene femenina), como ahora se hará en el nuevo paquete, y a la vez se han subido a los que "más tienen", creando los gravámenes temporales y extraordinarios a la banca y las eléctricas, aprobados definitivamente la semana pasada en el Senado, junto a los Presupuestos de 2023. La derecha de PP y Vox, dijo, han anunciado recursos de inconstitucionalidad, y así "delatan a qué intereses sirven". El ala socialista del Ejecutivo no ha aceptado para este paquete, pese a la presión de Podemos, la puesta en marcha de un impuesto para las grandes cadenas de distribución.

Por la tarde se resolvió por sorpresa la crisis por la renovación en el TC al designar el CGPJ a sus dos magistrados. La proposición de ley queda en barbecho

El presidente también ha alimentado en los últimos meses el relato de un Ejecutivo acosado por la derecha económica, política y mediática. Y también judicial. Pero justo este martes por la tarde se desencasquilló una crisis de forma inesperada, la del Tribunal Constitucional, al nombrar por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial a los dos magistrados que le corresponden —César Tolosa y María Luisa Segoviano—. Con los dos designados ya por el Ejecutivo el 29 de noviembre, se podrá proceder a la renovación del tribunal de garantías, que pasará a tener mayoría progresista (siete a cuatro). Algo clave para el Ejecutivo, que quiere poner a resguardo su obra legislativa de este mandato, recurrida por el PP y Vox.

El desbloqueo sirvió a la Moncloa para volver a señalar a los populares, para apremiarles a que pacten el relevo en el CGPJ. Ahora la duda es qué pasará con la proposición de ley que iban a lanzar PSOE y Unidas Podemos y sus socios para forzar la renovación en el TC. En el corazón del equipo del líder, a última hora de este martes, ya no daban tan por seguro que la iniciativa se fuera a tramitar. Desde luego, ya no habrá "prisas", pero no se descarta que se meta directamente en un cajón.

La aprobación del real decreto ley que entrará en vigor el 1 de enero vino precedida de intensas y difíciles negociaciones entre los socios. Las conversaciones se alargaron hasta "bien entrada la noche" y los ministros Félix Bolaños y Ione Belarra estuvieron "en contacto y cerrando algunos de los detalles, especialmente en lo relativo a la vivienda", según indicaron fuentes del socio minoritario de la coalición, y los últimos flecos los remataron ya por la mañana el presidente y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También fue fundamental la participación de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, añadían los socialistas.

La falta de "credibilidad"

El Ejecutivo, después de semanas muy turbulentas, después de un atracón legislativo en el Congreso de digestión complicada, después de una rebaja de la malversación que ha inquietado a muchos en el PSOE, busca recuperar la iniciativa en este final de año, pórtico en realidad de 2023. Sánchez abre nueva página en la legislatura, pero los próximos meses dirán si es la que le sirve para ganar la prueba del 28-M y encarrilar las generales o bien todo se tuerce a favor de los populares.

Sánchez confía en que sus medidas, que buscan ayudar a la "gente de a pie", tengan su "resultado electoral"

Uno de sus talones de Aquiles es la falta de "credibilidad" que muchos le endosan tras la rebaja de la malversación, como le preguntaron los periodistas y él no desmintió: su Gobierno ha tenido que "adaptarse" a crisis "sobrevenidas", pero los "fundamentales" no se han movido, ya que se ha mantenido "fiel" a su "compromiso y cumplimiento de la Constitución", tanto como líder de la oposición, cuando apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, como ahora, que está en el poder, "garantizando el cumplimiento de la Constitución en todos los territorios". "Otros no pueden decir lo mismo", remachó, refiriéndose a la cerrazón del PP al no facilitar la renovación del CGPJ.

El presidente espera que el viento "sople ahora a favor", aunque nada es seguro. Confía en que su gestión volcada en "seguir protegiendo a la "gente de a pie" tenga su "resultado electoral", pero a estas alturas es imposible saber si su pronóstico se cumplirá.