España

Arranca una semana decisiva para el Ejecutivo de Sánchez

Ferraz logra limitar las críticas públicas por la rebaja de la malversación pero no diluye la inquietud interna

La dirección se faja para frenar el malestar, y por ahora solo tres barones (Page, Lambán y, de modo más discreto, Tudanca) han clamado contra el Gobierno después de que se conociera la transaccional socialista a la enmienda de ERC | El recurso del PP ante el TC ha ayudado decisivamente a apretar las filas y a centrar la atención en el "complot" de la derecha judicial y política

Redactor de Política
VALENCIA, 17/12/2022.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (d) durante la presentación de los candidatos socialistas para las elecciones municipales de 2023 durante un acto celebrado este sábado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en Valencia. EFE/Juan Carlos Cárdenas

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (d), en la presentación de los candidatos socialistas a las municipales de 2023, este 17 de diciembre de 2022 en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en Valencia. EFE / JUAN CARLOS CÁRDENAS

2022 se cierra de manera amarga para los socialistas. El aliento que parecía haber recuperado en las últimas encuestas, recortando distancias con un Alberto Núñez Feijóo cuyo crecimiento se iba ralentizando, se tiñó de pesadumbre por la inquietud que sigue generando la rebaja de la malversación. No es homogénea en todos los territorios, ni en todos se anticipa el mismo coste electoral. Pero sí se ha transparentado en esta ocasión la desazón del partido por una medida que asumen como difícil de explicar y cuyo riesgo aumenta si viene sucedida por un goteo de revisiones a la baja de penas o de excarcelaciones de políticos corruptos. Un temor que en absoluto afloró con la supresión de la sedición. Ferraz, que reconoce la preocupación interna en sus federaciones, se ha fajado para frenar las críticas públicas, y por ahora lo ha conseguido, al limitarse prácticamente a las voces de los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, y al barón castellanoleonés, Luis Tudanca, la expresión de la discrepancia.

Pero el mar de fondo, innegable, se calmó abruptamente a partir del pasado jueves. Cuando el Tribunal Constitucional se disponía a estudiar el recurso de amparo interpuesto por el PP contra las enmiendas promovidas por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar las reglas de juego en la renovación del propio tribunal de garantías. La deliberación sobre la admisión del texto de los populares y la aceptación de las cautelarísimas reclamadas por ellos, que se retoma este lunes y que, de resolverse a favor de Génova conllevará un choque institucional gravísimo, ha actuado de lenitivo en el PSOE. De bálsamo inesperado que ha servido para apretar filas y apartar la atención, siquiera por unos días, a los eventuales efectos de una medida que muy pocos comparten.

Claro que hay revuelo en los cuadros medios… Pero es que hay una derecha tan reaccionaria enfrente que hace piña en nosotros al menos públicamente», apunta una baronesa provincial

Siempre ocurre. Cuando el PP ataca, los socialistas reaccionan en bloque. «Claro que hay revuelo en los cuadros medios por la rebaja de la malversación. Miembros de ejecutivas, secretarios provinciales… Pero es que hay una derecha tan reaccionaria enfrente que hace piña en nosotros al menos públicamente«, manifiesta una líder provincial del partido sin poder ocultar su desasosiego. Coincide en el análisis otro mando autonómico de una federación que, sin embargo, sí ha apoyado sin fisuras a Pedro Sánchez en su «arriesgada» decisión —el calificativo es del presidente— de modificar a la baja la malversación. «Aquí no hemos tenido mucho ruido, y además ahora el ruido está ahora centrado en el lío de TC. Pero esto está siendo difícil de digerir, está claro. Y es el problema de reformas así de rápidas, que no se calculen todos los extremos», indica sobre el peligro de que los tribunales alivien la pena a políticos corruptos a raíz de esta revisión del Código Penal.

Apenas ha habido tiempo para asumir internamente unos cambios tan de calados y pactados entre bambalinas con ERC, después de que el Gobierno negara durante semanas cualquier negociación sobre este asunto. Sánchez abrió de par en par las puertas a la reforma el Día de la Constitución, el 9 los republicanos registraron su propuesta de rebaja del delito —y el PSOE su propuesta de creación de la figura penal del enriquecimiento ilícito, pensada para contrapesar los temores internos—, el 11 se conoció la transaccional socialista, el 12 se integró en la ponencia parlamentaria (apoyada también por Unidas Podemos y ERC), el 13 se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso y el 15, en el pleno de la Cámara baja. Una semana escasa.

Sin debate en los órganos

Ferraz no convocó a su máximo órgano, el comité federal, ni a los barones. Y la reunión de la ejecutiva del lunes se saldó sin apenas debate. Al día siguiente, la cita dentro del Grupo Socialista en la Cámara baja también pasó sin apenas ruido, con la queja del habitualmente díscolo Odón Elorza y el mensaje contemporizador y de arenga del portavoz, Patxi López: hay que «aguantar» el chaparrón, les dijo, que lo peor pasará. Apretar los dientes en este complicado tirón, pero también ser didácticos y salir a la calle con la cabeza alta, y una vez «esto», la tormenta, pase, quedará un año para explicar la gestión del Gobierno, resumen desde su entorno. Mientras, desde Ferraz, los números dos y tres, María Jesús Montero y Santos Cerdán, se fajaban con los líderes territoriales para explicarles la decisión y frenar así la ola a la contra. La argumentación es que con esta última pieza se cierra el círculo del conflicto catalán. «El procés acabó«, dijo taxativo el jueves Sánchez en Bruselas.

En Ferraz sentaron muy mal las críticas de Page, sobre todo por las formas, el tono. Más «comedido» fue Lambán. Tudanca reitera que no le gusta la rebaja. Y Lobato aprecia que se penalice ahora el enriquecimiento ilícito

Los barones, en efecto, han medido sus declaraciones públicas en la última semana. Con dos excepciones obvias y sonoras. Las de Emiliano García-Page, el martes, y Javier Lambán, 24 horas después. El primero, muchísimo más duro: no es «tolerable» pactar con «delincuentes su propia condena», dijo, para confesarse «dolido» como español y como militante del PSOE. El presidente de Aragón, que ya había protagonizado otro encontronazo con la dirección el pasado 30 de noviembre, se desmarcó esta vez de la cúpula —las condenas por malversación, cuando se trata de atentar contra la Constitución, como hicieron los líderes del procés, debieran agravarse, y el Estado ha de «rearmarse»—, pero con una línea más «comedida«.

Las palabras de Page dolieron muchísimo más en el equipo de Sánchez, no solo por el contenido, sino por el «tono«, sus «formas» mucho más desabridas y desafiantes. A Lambán, por su parte, se le abrió una inesperada vía de agua, porque el PSOE del Alto Aragón se situó inmediatamente detrás de Ferraz y apoyó el cambio de la malversación, «que sitúa a España a la vanguardia en la lucha contra la corrupción».

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, de indudable cercanía con Ferraz, también volvía a marcar distancias este sábado desde Zamora. «Hay maneras de decir las cosas», apuntó, en señal de desaprobación a las palabras de Page, y puso sus propias «dudas» como ejemplo: «No comparto la reforma del delito de malversación, lo dije la semana pasada y lo digo ahora, pero lo que está pasando en este país es mucho más grave que la reforma de un delito del Código Penal», agregó, en referencia a su «enorme preocupación» por la tensión política que vive España y motivada, a su juicio, por la actitud de «la derecha y la ultraderecha». En la misma dirección que Tudanca se había expresado días antes, el pasado miércoles, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente: «Es una modificación [la de la malversación] que no acabo de entender bien, no me acaba de gustar ni me acaba de encajar».

Puig, que era contrario al cambio, se ha realineado con Ferraz, aunque en su equipo señalan que si hace falta luego revisar la ley para que no tenga efectos indeseados, deberá hacerse

Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, se había mostrado radicalmente contrario en las últimas semanas, pero rebajó sus críticas en los últimos días, tras conocerse la transaccional ofrecida por el partido a ERC, por la que se crea un nuevo tipo de malversación, el desvío de fondos sin ánimo de lucro pero dentro de la misma administración, la que sería aplicable a los cargos del procés, y que estaría castigada con un máximo de cuatro años de prisión y de dos a seis de inhabilitación siempre que se demuestre «daño o entorpecimiento grave» al servicio público. «Soy técnico de Hacienda y con el dinero público cero bromas, como dije hace un mes —defendía Lobato esta semana en una entrevista en El Mundo—. Creo que el texto final del PSOE ha sido sensible con nuestra petición de endurecer la lucha contra la corrupción como bandera de este partido que es». El secretario regional mantiene que no puede haber «ni un día menos de condena» para los corruptos, «sean del PP, del PSOE o independentistas catalanes».

Al margen de Lambán y Page, los otros siete presidentes autonómicos socialistas se han abonado a la cautela. Incluido el valenciano Ximo Puig, que antes de que el propio Sánchez confirmara que habría reforma de la malversación, había pedido que se aparcase, visto lo que había ocurrido con la ley del sí es sí, cuya reforma ha reclamado insistentemente. El pasado jueves, Puig y la presidenta balear, Francina Armengol, demandaban «serenidad» acerca del acuerdo Gobierno-ERC e insistieron en que la modificación del delito «en ningún caso» puede suponer un beneficio para los corruptos. Y el extremeño Guillermo Fernández Vara intentaba quedarse en un punto intermedio, en el apoyo «con matices» al pacto del Ejecutivo con los republicanos, porque no le gusta que la gobernabilidad del país descanse en los independentistas, aunque se pregunta «cuál es la alternativa».

Amarrada la unidad con el ‘president’ valenciano

El viernes, Puig, el barón socialista de mayor relieve por el mayor peso poblacional de su comunidad, mantuvo una larga comida con el responsable de Organización federal, Santos Cerdán, en Valencia, la ciudad que al día siguiente iba a acoger la presentación de los candidatos socialistas a las elecciones municipales del 28-M. La doble jornada sirvió para cerrar fisuras entre las dos direcciones después de la brecha que provocó la rebaja fiscal del president en un momento en que el mensaje de la Moncloa y de Hacienda contra Feijóo era el contrario.

La andanada judicial del PP en el TC ha volteado el debate interno. La alarma por la escalada institucional preocupa, y mucho, al partido

La cúpula del PSPV apoya la política de distensión del Gobierno con Cataluña —»decisiones en beneficio de la convivencia es un esfuerzo que a medio y largo plazo debieran ser aplaudidas por todos, como pasó con los indultos«—, aunque sí admite que si en la aplicación de la reforma se descubren efectos indeseados, como las rebajas de penas o excarcelaciones de corruptos, se tendrá que actuar. «Cámbiese la ley, con humildad, que no pasa nada», señalan en el entorno directo de Puig. Es la receta que el president ha extendido para el sí es sí, pese a la «obstinación» que en el PSPV perciben en el Gobierno por su negativa al cambio.

No obstante, fuentes cercanas a Puig remarcan que el ambiente lo ha volteado por completo el recurso de amparo ante el TC. Igual que opina Armengol, como admiten desde su entorno directo: «Lo del PP y el TC es muy preocupante democráticamente hablando y debería hacer apretar filas a todos los demócratas». «Yo confío plenamente en el buen hacer del Gobierno de España —añaden otra presidenta autonómica a este diario—. Siempre ha trabajado por el bien común dentro de la legalidad. Ante todo respeto a las instituciones. Hay que pacificar y seguir trabajando por la unidad«.

Una dirigente muy distanciada de Sánchez, que condena la «genuflexión ante ERC», no tiene reparos en reconocer que el clima interno ha experimentado un giro a raíz de la impugnación de los populares: «Baja el ruido porque es todo tan horrible que casi no da tiempo a digerir nada, pero creo que se ha cruzado una frontera jodida. El tema de la malversación, de momento y en el fragor de la batalla, ha desaparecido por ahora».

«Las críticas internas por la malversación son pasado. Ahora, TC«, sintetiza un cargo del Ejecutivo muy próximo a Sánchez, glosando la estrategia del presidente, la de ir saltando pantallas rápidamente, con la esperanza de que el nuevo año, 2023, arranque libre de minas y enfocado en la contienda electoral con el PP. «El marco ahora es el TC«, convergen fuentes del PSC, cuyo primer secretario, Salvador Illa, sí conversó esta semana con el presidente castellanomanchego —con ningún otro barón más, cuentan— para garantizarle que el partido hermano velará siempre por el cumplimiento de la Constitución y pedirle «altura de miras». «A ver si alguno va a tener tanta altura que de tanta altura entremos todos en vértigo«, le replicó públicamente el propio Page, para advertir de que la altura que él quiere tener es «salir a la calle y mirar a la altura de los ojos a la gente».

En los territorios también sientan mal las palabras de Lambán y Page. Ferraz admite la «inquietud lógica» por la reforma, pero no por «desconfianza»

A la alineación con Ferraz y la Moncloa ha ayudado, paradójicamente, la posición contundente de Lambán y Page. «Antes teníamos a los tres tenores [el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el andaluz Manuel Chaves y el castellanomanchego José Bono], y ahora tenemos un duet«, resume con ironía un cargo regional. «Barón solo queda uno, lo demás es el coro del Orfeón Donostiarra», contestan con acidez desde Castilla-La Mancha. «Lo de Page al resto no nos gusta porque es hacerle el juego a la derecha, tiene simpatía cero del resto de federaciones incluidos los más reticentes con Sánchez», indica otro relevante responsable autonómico. «A mi juicio, se está tensando [desde Ferraz y la Moncloa] y hay más opinión contra el cambio de la malversación que a favor. Pero creemos que no debemos revolvernos públicamente a cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas», conviene una líder provincial.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a los presidentes autonómicos de Asturias, Adrián Barbón; Baleares, Francina Armengol; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Aragón, Javier Lambán; Navarra, María Chivite; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Canarias, Ángel Víctor Torres. A la izquierda de este, los secretarios regionales de Andalucía, Juan Espadas, y Madrid, Juan Lobato. Todos, tras la reunión del último consejo político federal del PSOE, en el World Trade Center de Zaragoza, el pasado 17 de septiembre de 2022. EUROPA PRESS / FABIÁN SIMÓN

Esa es, precisamente, la consigna más poderosa que está operando. La contención pública de todos para impedir un desbordamiento que haría más inmanejable la situación y que lastraría las opciones electorales del partido. En el PSOE siempre ha imperado la máxima de bajar la temperatura interna cuando se acercan elecciones, pase lo que pase, y este momento no iba a ser la excepción. A fin de cuentas, es el PSOE el que se juega más poder territorial el 28-M. Para empezar, sus nueve presidencias autonómicas y 22 alcaldías de capitales de provincia, además del gobierno de centenares de ayuntamientos en todo el país. En las alturas de Ferraz admiten que han podido pulsar esa «inquietud lógica» en las federaciones. «Inquietud, pero no desconfianza. Es ver en qué queda todo y qué recorrido tiene la ley y cómo actúan los tribunales», describen desde el aparato.

¿Habrá daño en las urnas?

¿La rebaja de la malversación tendrá impacto en las urnas? La respuesta no es universal y depende de a quién se pregunte. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, están convencidos de que «el sumatorio de problemas» dañará al PSOE, pero Page «ha subido en las encuestas», precisamente por distanciarse y remarcar su posición, «coherente desde el primer día». «¿Impacto electoral negativo? Sin duda, y en toda España, menos quizá en Cataluña, pero el PSC no deja de ser un caballo de Troya del nacionalismo catalán introducido en el PSOE», apuntan desde el entorno de Lambán.

Hay federaciones que sí entienden que habrá un impacto negativo de la rebaja. Otras sostienen que no sufrirán penalización. Pero otros tienen una posición intermedia. Todo dependerá, en fin, de si se repite el ‘sí es sí’

El miedo, el que expresan incluso barones y responsables que apoyan sin fisuras al Ejecutivo, es que haya una cadena de rebajas de condenas, por eso le instan a «atar muy bien la reforma». «La modificación no pretende revisiones a la baja, y no la han redactado becarios, sino expertos. Los jueces deben interpretar las normas de manera respetuosa con su finalidad y no buscar atajos para otorgar beneficios no queridos», reflexiona un secretario general de una federación importante. «¿Tú crees que con lo que pasa cada día alguien puede decir lo que afecta o no electoralmente? ¡Si esto es una locura!», apunta una responsable socialista en Andalucía, territorio antaño crítico y hoy sincronizado por completo con Ferraz.

La inquietud que recorre el PSOE, aunque mitigada en los últimos días por la andanada del PP, persiste precisamente porque no se sabe aún el recorrido que tendrá el cambio en la malversación. La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió el miércoles de que teme un goteo de rebajas de penas en tramas de corrupción, «muchos más» de las que prevé el legislador, entre los que podría encontrarse el caso Kitchen, el operativo parapolicial que se montó bajo el Gobierno del PP para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas.

«Es prematuro y temerario aventurarse a afirmar con rotundidad qué influencia puede tener esto. Dependerá de cómo evolucione el asunto en los próximos meses. Pero quizá el impacto sea mucho menor de lo que piensa el PP y un poco más de los que dicen que cero. Inquietud hay, preocupación también, pero hay que tener la cabeza fría», analizan desde la cúpula extremeña. «Que salgan agresores sexuales de la cárcel es asqueroso, pero políticos corruptos es inasumible. Es tremendo. Y más en plena precampaña», incide una dirigente provincial.

La batalla ahora se sitúa, no obstante, en el TC, para que no paralice el cambio que fuerza su renovación

En las federaciones del norte, en las que siempre se ha visto la política hacia Cataluña sin tanto recelo como en la España del centro y del sur, piden «mirada larga» y no creen que haya demasiado castigo electoral. «Calma. Lidiaremos con lo que venga. Lo que es incomprensible es el cristo institucional al que la derecha está llevando este país. Nos desgasta hasta traer pasta de Europa, da igual lo que el presidente haga. Pero me quedo con el Sánchez valiente«, afirma un barón del norte del país. «Yo estoy tranquilo —coincide otro máximo responsable de la misma franja territorial—. Hay que centrar los esfuerzos en hacer pedagogía. Y, por supuesto, no entrar en provocaciones».

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El malestar interno seguirá corriendo, pero ahora los esfuerzos de los socialistas se centran en la batalla más urgente: parar la impugnación del PP contra el cambio de las reglas para la renovación del TC. El «complot» de la «derecha política y judicial» del que hablaba Sánchez en Bruselas. Este domingo se conocieron dos nuevos recursos del PSOE para intentar que el tribunal de garantías no acepte los escritos del PP y también para sumarse a las recusaciones de Unidas Podemos contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos elegidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que ahora tendrían que ser sustituidos por los dos designados por el Gabinete de Sánchez.

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Para la Moncloa, reiteraba este domingo el ministro Félix Bolaños, es «inimaginable» que el Constitucional paralice el trámite parlamentario de una reforma que ya está en el Senado, lista para su aprobación en ponencia y comisión este martes y el jueves 22, en el pleno. Pero la posibilidad de suspensión existe. Y entonces las consecuencias «impredecibles» pueden revolucionar un debate público ya de suyo muy recalentado.

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