España Inquietud por el "daño reputacional" del Ejecutivo a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales

Malversación, 'sí es sí': la semana negra que resucitó la autocrítica en el PSOE

La eventual reforma de un delito de corrupción y el fiasco de la 'ley Montero' aumenta la preocupación interna y visibiliza, por primera vez en mucho tiempo, una presión de barones y dirigentes hacia Sánchez | En la Moncloa insisten en que no hay "nada nuevo" sobre malversación, piden "esperar" a Fiscalía y al TS y confían en que el temporal "amaine"

Redactor de Política
(I-D) El alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a su llegada al acto 'Infancia con Derechos: Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea’, en CaixaForum Madrid, a 6 de julio de 2022, en Madrid (España). El evento se produce después de que el Consejo de Ministros de ayer, 5 de julio, aprobase el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), que permitirá poner en marcha un mecanismo de financiación específico destinado a luchar contra la pobreza infantil. Según el alto comisionado contra la pobreza infantil, el objetivo de la Garantía Infantil Europea (GIE) es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes en la Unión Europea tengan acceso a seis derechos básicos: educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, asistencia sanitaria, vivienda adecuada y alimentación saludable.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, besa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a su llegada al acto 'Infancia con Derechos: Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea’, en CaixaForum Madrid, el pasado 6 de julio de 2022, en Madrid. EUROPA PRESS / ALBERTO ORTEGA

La Moncloa ha ordenado un clarísimo repliegue. No dar pasos en falso, no añadir «ruido al ruido». Esperar, esperar, esperar, que la tormenta —las tormentas— «amainará«. Pero la «prudencia» del aparato del poder, la repetición casi automática de las palabras del presidente el miércoles en Bali, no ha impedido que crezca la preocupación en el PSOE. El nerviosismo por la falta de reacción «inmediata«, como exigen varios barones, ante el evidente fiasco de la ley del solo sí es sí. Una inquietud insoslayable a la que se suma otra: una eventual reforma del delito de malversación, a la que se abrió el propio Pedro Sánchez y que en el partido confían que aparque. Se teme que la acción combinada de ambos se convierta en un auténtico obús que erosione las expectativas electorales para las autonómicas y municipales del 28 de mayo. La incomprensión por lo sucedido y la alerta por un potencial desgaste de la marca en un momento de apretada disputa con el PP ha desencadenado un movimiento que hacía tiempo, mucho tiempo, que no se veía en el PSOE: las quejas, advertencias o subrayados de disconformidad, incluso en público, de líderes territoriales y cuadros del partido.

Sánchez regresaba este sábado de un largo viaje que le ha tenido fuera de España durante casi una semana. Enlazó la Cumbre del G20 en Bali con una visita oficial a Corea del Sur, importante para el Gobierno por cuanto se jugaba atraer inversiones millonarias de la multinacional Samsung. Mientras, aquí su Ejecutivo intentaba apagar, sin éxito, varios incendios consecutivos que venían a arruinar la sensación de optimismo que reinaba en el Ejecutivo después de la ruptura de la negociación con el PP para el relevo en el Poder Judicial. Se percibía que se había logrado revertir el viento a favor de Alberto Núñez Feijóo, que los socialistas habían recuperado oxígeno. Pero afloró de nuevo la tragedia en la valla de Melilla y se estrechó el cerco sobre el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez regresaba este sábado a España tras casi una semana fuera por agenda. En Bali, no cerró la puerta a cambiar la malversación y delegó en los tribunales y la Fiscalía asentar la doctrina sobre el ‘sí es sí’

Y sobre todo se calentó el debate público con una posible revisión de la malversación —que podría suponer un alivio del castigo para quienes no se lucren, para así beneficiar a los encausados y condenados del procés— y con el sí es sí, que ha disparado la alarma social por el goteo de rebajas de penas y de excarcelaciones a agresores sexuales. Dos materias, lucha contra la corrupción y protección de las mujeres, que están en el corazón de las políticas públicas desplegadas por el Ejecutivo de coalición, en la columna vertebral de un Gabinete progresista. De ahí que el «daño reputacional» del Gobierno, como reconoce una ministra, sea incalculable.

«Ha sido una semana compleja, sobre todo por el sí es sí. Es verdad», concede un cargo de la Moncloa. Pero es de los pocos que asume unas dificultades que, para el partido, son obvias. En el círculo del presidente se responde con el silencio, con la aseveración de que hay que «esperar y ver» y la convicción de que todo pasará, antes o después. «Amainará», aseguran en el primer anillo de poder. «Como siempre, todo quedará en agua de borrajas. Son turbulencias menores que acabarán por reforzar la autoridad del presidente», analiza un ministro perteneciente a su núcleo duro.

Sánchez buscó ganar tiempo cuando los periodistas le preguntaron en Bali por los dos asuntos que han centrado la semana política. No cerró en ningún momento la puerta a una modificación del delito de malversación que ERC dice que negocia ya con el Ejecutivo. Ni fijó siquiera líneas rojas. En su equipo, insisten en que «no hay nada» y que simplemente se estudiarán las enmiendas que presenten los grupos, «como siempre se hace». Respecto al sí es sí, el presidente defendió la ley, desautorizó las críticas de Irene Montero a los jueces por «machismo» y llamó a aguardar a que la Fiscalía y los tribunales unifiquen doctrina. No habló de revisar la norma para tapar sus posibles agujeros, como horas antes había advertido su número dos, la responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Sánchez evitaba el choque frontal con la titular de Igualdad, que en todo momento se ha negado a tocar una coma del texto, y por tanto con Podemos, que ha cerrado filas con ella.

Fijada la posición por parte del jefe, apenas se removieron las hojas. Los ministros socialistas apuntalaron sus palabras —haciendo hincapié en el «absoluto respeto» a la labor de los jueces y pidiéndoles que interpreten la ley «conforme a su espíritu»—, Igualdad y Podemos machacaron sus mismas tesis. Yolanda Díaz, objeto de ataques ya a plena luz del día de Pablo Iglesias, optó primero por el silencio y después por no respaldar explícitamente a Irene Montero («hemos venido a la política para cambiar la vida de la gente, y no para hacer ruido y jalear«).

La imagen de un Gobierno «inepto»

El Ejecutivo afronta, no obstante, la que quizá sea su mayor crisis de credibilidad en estos casi tres duros años de travesía. «Con el sí es sí, está calando el mensaje de que este es un Gobierno inepto, chapucero, zote. No ocurrió con la pandemia, con la erupción del volcán de La Palma, con la gestión de las consecuencias de la guerra de Ucrania… Y esto puede ser letal para los dos socios. Aún puede agravarse el problema si la derecha incide en que este Gobierno es malo. Porque además todo el mundo pone la oreja. No es un tema de debate que se escuche solo en las tertulias políticas, sino que está en la calle«, manifiesta con preocupación un cargo que conoce bien las discusiones del bipartito y el engranaje de la coalición.

Estamos quedando fatal. Deberíamos pedir perdón. Que la gente piense que un violador puede salir a la calle es demoledor», apunta un miembro del Consejo de Ministros

El naufragio —al menos, por ahora— de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha puesto en guardia a barones y cuadros socialistas, que urgen a una pronta reacción. No solo terciaron, como acostumbran, los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán. También lo hicieron otros indubitadamente alineados con Ferraz, como Ximo Puig (Valencia), Francina Armengol (Baleares), Concha Andreu (La Rioja) o Juan Lobato (Madrid).

Todos, en una línea semejante: hay que hacer algo. Sin demora. «Actualizar» el texto, «abrir una reflexión» porque no pasa «nada» por corregir lo que haga falta. «Rectificar de inmediato«, en palabras del presidente del Principado. «¿Tanto cuesta reconocer un error y buscarle solución? La ciudadanía no quiere políticos infalibles —saben que no existen— pero tampoco quieren políticos que sean incapaces de reconocer un error. Cada día importan más la humildad y aprender de los errores», escribió Barbón en Twitter, exponiendo lo que otros compañeros suyos también pensaban.

«Es que estamos quedando fatal —traslada a El Independiente un miembro del Consejo de Ministros con máxima preocupación—. Tiene que haber una reacción. No puede ser que salga Montero insultando a los jueces y luego pretender que los jueces del Supremo te resuelvan la papeleta. Deberíamos salir a pedir perdón. El solo hecho de que la gente piense que un violador puede salir a la calle es demoledor. Echo de menos que digamos que las víctimas pueden sentirse arropadas. Nos tienen que sentir cercanos. Esto no es como la sedición o como Pegasus, que son cuestiones políticas. Esto o la valla de Melilla no puede pasar porque hay derechos humanos en juego».

No se trata de una rebelión contra el líder, pero sí la prueba de que los barones discrepan de sus movimientos

Page, Lobato y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, también verbalizaron su oposición a la reforma de la malversación, una modificación que en privado dirigentes de primer nivel rechazan por lo «complejo» que es explicarlo a los ciudadanos y por el evidente peligro de que cunda el mensaje de que el Gobierno rebaja las penas a los políticos corruptos.

Esa visualización de la (auto)crítica, en un partido que Sánchez controla cómodamente desde las primarias de 2017 que ganó a Susana Díaz y más aún desde su aterrizaje en la Moncloa en 2018, en un partido en el que no se escucha contestación, era muy relevante. La prueba fehaciente de que los líderes territoriales, los que se someten a la prueba de las urnas en apenas medio año, discrepan de los movimientos de su líder. No se trata de una rebelión de los barones, ni sus palabras preludian, en absoluto, nada semejante al golpe palaciego que le tumbó en 2016, pero sí suponen un tropiezo más para Sánchez en una semana claramente adversa. Y se traducen en presión.

No ocurrió con la sedición

Cuando el presidente anunció el impulso de la reforma de la sedición, hace apenas diez días, no hubo marejada interna. El movimiento se daba por amortizado y no generó inquietud porque se tenía fresca en el PSOE la experiencia de los indultos, que no hundieron la imagen del Ejecutivo. Pero la revisión de la malversación, admite una integrante de la cúpula federal, «es un terreno más complicado«. Es una medida mucho más cuestionada internamente. Igual que se teme el impacto del sí es sí, un problema que, como convienen distintos dirigentes y altos cargos del Gobierno, «no tiene ninguna salida», ya que incluso una hipotética reforma de la ley, a la que Irene Montero se niega, y por la que empujan cuadros del PSOE y los socios de investidura, solo serviría para castigar conductas delictivas que se produzcan a partir de su aprobación, no para deshacer la ley en vigor. El Supremo se pronunciará en unas semanas, y la Fiscalía por su parte intentará que la rebaja de penas afecte a una mínima cantidad de casos.

El ‘sí es sí’ no tiene «ninguna salida», convienen en el PSOE y en el Gobierno, porque una reforma solo afectará a los casos posteriores a su aprobación

«Creo que hay que escuchar al Supremo primero y ver en qué términos interpreta la norma. Sería primordial antes de cualquier otra cosa. Pero es lógico que estemos preocupados: no somos de piedra», señala a este diario un cargo institucional socialista de primer nivel. «Nos quedan pocas semanas de tranquilidad por una cosa o por otra, y más viendo cómo le va en las encuestas a Feijóo», completa. «La sensación no es buena, pero confío en que ese ruido se apague porque nos va mucho en ello», asegura un miembro de la dirección parlamentaria. Una fuente con hilo directo con la Moncloa lo analiza así: «Se ha juntado todo en el mismo punto. El mundo Podemos acorralado, Irene en la picota, la ineptitud legislativa, la ley del sí es sí como símbolo, el debate feminista, las tensiones dentro del Gobierno, Pablo al fondo… Todo contribuye a caldear el lío«.

«Irene se ha debilitado mucho y en el peor momento de la tensión entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Sin duda, esto no nos ayuda mucho, aunque es verdad que cada semana es un mundo», relativiza un dirigente territorial que, como otros compañeros de partido, cree que el PSOE «ha distraído la atención«, no ha sabido aprovechar la corriente negativa contra Isabel Díaz Ayuso tras la multitudinaria manifestación a favor de la sanidad pública en Madrid de hace una semana.

Primero, porque la quemó enseguida al lanzar a la ministra Reyes Maroto a la carrera por la alcaldía de la capital, y después, porque sacó el debate de la malversación y no pudo atajar el del sí es sí, «demasiadas cosas negativas juntas». «Las dos cosas nos hacen daño, una por las formas y otra por el fondo», apunta un diputado. «Mucho en muy poco tiempo, aunque al final el sí es sí se ha comido la semana por la gravedad. Supongo que la Moncloa gestionará la situación caso por caso… Pero no tiene fácil solución», observa otro colega de bancada. «Estamos preocupados, sí, pero sobre todo por la situación de desprotección o inseguridad que se pueda generar para las mujeres», abunda otro mando territorial.

La semana clave de los Presupuestos

Toca «como con Marlaska, apretar los dientes«, apunta un cargo autonómico. En definitiva, confiar en que la situación vaya enderezándose, una esperanza que también expresan varios parlamentarios y dirigentes del PSOE. La agenda de esta semana podría remar a favor del Ejecutivo, ya que el lunes por la tarde comienza el pleno de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. El dictamen saldrá respaldado por el Congreso, y ya camino al Senado, el jueves, por una amplísima mayoría. Un refuerzo objetivo para Sánchez, ya que serán sus terceras cuentas consecutivas de la legislativa, y una señal de estabilidad del Ejecutivo, como subrayan los diputados y dirigentes consultados.

El presidente no puede echar a Montero de su Ejecutivo porque abriría una crisis con Podemos. Ella y Belarra «están blindadas»

El jueves, la Cámara baja también aprobará el dictamen de los gravámenes a las eléctricas, a la banca y a las grandes fortunas, y tomará en consideración la proposición de ley de reforma de la sedición, en la que ERC quiere colgar el cambio de la malversación. La última semana de noviembre el pleno discutirá las enmiendas de totalidad y, en pleno puente de la Constitución, se debatirán en ponencia y comisión las enmiendas parciales.

En el partido, muchos responsables consultados muestran su convicción de que el presidente dará marcha atrás con la malversación. Pero no hay aún señales inequívocas, más allá del énfasis gubernamental de que el «compromiso» de Sánchez era revisar la sedición. El líder socialista, indica una fuente de la Moncloa, podría zanjar el debate el martes en el Senado, en la sesión de control, y para responder a Feijóo.

Algunos responsables, también en el espacio cercano a la vicepresidenta Yolanda Díaz, aventuran a que Sánchez podría tomar medidas una vez que se asegure sus Presupuestos, momento a partir del cual tendrá más manos libres. Podría aprovechar la salida obligada de las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias como candidatas por Madrid y Las Palmas para acometer una remodelación menos superficial de su Gabinete. O podría ordenar una «reorganización más profunda», interpreta una fuente cercana al Ejecutivo, «si la sensación de Gobierno inhábil se acentúa». Pero, a día de hoy, ese escenario parece menos probable, porque tocar la parte de Podemos de su Consejo de Ministros le abocaría a una crisis con su socio, de impredecibles consecuencias.

Ahí radica también la dificultad de hallar una salida política a la crisis del sí es sí. Sánchez no puede disponer el cese de Irene Montero. «Ella y Ione Belarra [secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030] están blindadas«, recuerda una ministra. Y si salieran ambas del Gobierno, el PSOE no tendría amarrados los 33 votos que le aporta el grupo de Unidas Podemos, cada día más fracturado por las tensiones internas.

El Ejecutivo y Sánchez cierran una semana de tormenta imparable, para alivio del PP. Puede «amainar«, como pronostican en la Moncloa, o continuar jarreando en un momento ya crítico y día a día más cercano a las urnas.

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