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El Gobierno da ya por cerrada la agenda para superar el 'procés' tras la rebaja de la malversación

La Moncloa y el PSOE defienden que ya han hecho todo lo que tenían en su mano para "desjudicializar el conflicto" y no darán un paso más: el referéndum ni se contempla | El presidente quiere centrarse en sacar todos los compromisos pendientes cuanto antes para despejarse el panorama para 2023 y centrarse en la lucha electoral con el PP

Redactor de Política
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 llegaron al Pleno del Congreso de los Diputados el lunes 21 de noviembre para someterse a la última votación antes de pasar al Senado. El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas, un texto que luego deberá continuar su tramitación en el Senado. Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple, PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). Si ERC confirma su apoyo a las cuentas ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables. El Congreso celebra, tras finalizar el Pleno dedicado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, una nueva sesión en la que se ha programado el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. Además, se vota el impuesto a la banca, energéticas y grandes fortunas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre de 2022 en el Congreso, durante el debate de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. EUROPA PRESS / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ

«La malversación cierra el círculo. Es la última pieza que quedaba del puzle. No hay ya más. A partir de ahora, contador a cero«.

El Gobierno y el PSOE son del todo conscientes de que que la rebaja de un delito de corrupción es muy costosa. Internamente y puede que también en las urnas. Pero entienden que no había otra salida, que había que culminar el camino recorrido hasta ahora para «estabilizar» Cataluña y enterrar definitivamente el procés y cinco años de confrontación.

Pero esa carpeta, la del diálogo para la «superación» del conflicto, la Moncloa la da ya por cerrada. «Por completo».

No asoman dudas cuando se pregunta al entorno del presidente de Sánchez en el Ejecutivo y en el partido. Y también en el PSC, que ha ejercido el papel de empuje en estos meses y años, primero con Miquel Iceta al frente y después con su sucesor, Salvador Illa. Los socialistas consideran que ya han hecho todo lo que estaba a su alcance para «desjudicializar el conflicto«, para devolverlo a la arena política, ya se habría hecho. Solo quedaría el último (y difícil) trago, la rebaja de la malversación, cuya redacción definitiva se conocerá este lunes, cuando se reúna la ponencia de la proposición de ley de supresión de la sedición, de la que se colgará este cambio legal, propuesto por ERC —pero hablado durante semanas con el Gobierno—, y también la creación de la figura del enriquecimiento ilícito y el desbloqueo a la fuerza del Tribunal Constitucional. Sánchez quiere pasar página cuanto antes, acelerar al máximo con los compromisos pendientes en lo que queda de mes y arrancar 2023 con el panorama despejado para consagrarlo, en la medida de lo posible, a la durísima contienda electoral con el PP.

La malversación cierra el círculo. Es la última pieza que quedaba del puzle. No hay ya más. Y ahora, contador a cero», explica un dirigente de primer nivel

«La agenda para Cataluña, para superar el conflicto político, está ya cerrada totalmente. No se trata de que se vaya a clausurar la mesa de diálogo, porque ahí hablaremos de las relaciones entre los dos gobiernos en materia de inversiones, infraestructuras, tareas pendientes… Pero la parte política se cierra aquí. Consideramos que, con esto, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano«, señalan a El Independiente fuentes gubernamentales. «Ya hemos acabado toda la parte de desjudicialización —señala otro ministro perteneciente al primer anillo de poder—, aunque aún queda mucha cosa en la agenda para el reencuentro«, el plan de 44 puntos que Sánchez ofreció a la Generalitat en el arranque de legislatura y que toca distintos asuntos, desde la financiación autonómica hasta la mejora de la cooperación, la política social, las medidas de regeneración democrática o el impulso de las infraestructuras. «Ahora, lo que necesita Cataluña», continúa este miembro del Gabinete, «es estabilidad institucional y progreso económico y social».

Eso fue lo que defendió Sánchez el pasado martes ante los periodistas, en la recepción en el Congreso por el Día de la Constitución. Con el cambio de la sedición y la malversación —él lo confirmó en ese momento—, se abrirá «definitivamente una nueva etapa en Cataluña, más política» y no judicial. Cataluña será, pues, un «activo para el Gobierno» y para el PSOE. Esto es, convencer a los electores de que el Ejecutivo ha logrado «su normalización, su estabilización», de que ha liquidado el procés y dividido al independentismo. Argumentos que explican que su primer acto político tras el lanzamiento de la modificación legal sea este domingo precisamente en Barcelona, con Salvador Illa y Jaume Collboni, candidato a la alcaldía de la capital catalana, que el PSC tiene a tiro arrebatar a Ada Colau.

Los porqués de una decisión muy difícil

En la Moncloa y en el círculo más próximo a Sánchez se tenía claro que había que aprovechar la legislatura para poner fin al conflicto en Cataluña, para «cerrar el puzle«, en palabras de un miembro de primera fila de la dirección y arrebatar los argumentos al independentismo, que ha alimentado su relato a base de cucharadas de «victimismo«.

Ahora la mesa de diálogo abordará las cuestiones «estatutarias» y de los «problemas de los catalanes». «Pero se acabó la broma ya. Si la lían, pues el 155»

La reforma de la malversación, por tanto, abrocha todo el camino recorrido en los cuatro años del líder socialista en la Moncloa. Es el «remate final«, lo define una ministra. «Ahora hablaremos de cuestiones meramente estatutarias y de los problemas de los catalanes —observa un integrante de la cúpula de mucho peso—. ¿Cuál es nuestra apuesta de futuro, si ellos quieren? Un Estatut que acuerden todas las formaciones, pero desde luego no el derecho a decidir. Cada vez que ellos hablen de autodeterminación, nosotros hablaremos del Título VIII de la Constitución [el que aborda la organización territorial del Estado]. Pero se acabó la broma. Ellos no van a jugar a captar a más victimistas. Y si lían algo gordo, como hicieron en 2017, se les aplica el 155 y punto«. Ni en la Moncloa ni en Ferraz se contempla, «bajo ningún concepto», ceder a la petición de referéndum. «Ni borrachos», recalcan en el círculo del líder. PSOE y ERC pactaron en enero de 2020, para posibilitar la investidura de Sánchez, que los acuerdos transversales a los que se llegara en la mesa de diálogo serían sometidos a consulta en Cataluña.

Pero, ¿hacía falta realmente tocar algo tan delicado como un delito central en la lucha contra la corrupción? Aquellos que han estado cerca de Sánchez en el difícil viaje de estas últimas semanas defienden que sí, que no había alternativa. El peligro era que en los próximos meses, en pleno año electoral, pudieran ingresar en prisión segundos y terceros escalones de la Generalitat por haber desviado dinero público para montar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Porque siguen encausados una treintena de altos cargos, entre ellos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Oriol Junqueras, y la consellera Natàlia Garriga, los tres a un paso del juicio. «Y si entran dirigentes del procés en la cárcel es como si no hubiéramos hecho nada después de los indultos y de cambiar la sedición. Así que nos la comemos, como siempre hemos hecho, por responsabilidad, porque en realidad nosotros heredemos el problema del PP, que no hizo nada», apunta un responsable del núcleo duro del presidente. El cambio, sin embargo, también beneficiará a los dirigentes indultados —entre ellos, Oriol Junqueras—, ya que solo se les conmutó su pena de prisión, pero no las inhabilitaciones, o a los huidos Marta Rovira y Carles Puigdemont.

Robles ha formado parte de la ‘operación’: ha sido consultada y ha colaborado estrechamente con el ministro Félix Bolaños. Ellos dos y Montero fueron abriendo camino al cambio en malversación

«Era absolutamente imprescindible hacerlo —recalca una integrante del Gabinete—. Si tocas sedición, has de tocar también malversación, por cómo está construida la sentencia del procés del Supremo, que liga ambos delitos, porque si no no sirve de nada modificar sedición, ya que te exponías a que los jueces les impusieran la pena máxima de malversación [de hasta 12 años según la actual redacción del Código Penal cuando el perjuicio causado supera los 250.000 euros]. Así que había que tocarla sí o sí, y Pedro siempre lo tuvo muy claro. Sabía que tenía que hacerlo».

Las conversaciones con ERC se han conducido en estas semanas con el máximo sigilo, con ambas partes jugando al despiste ante los medios. Sánchez abrió fuego en una entrevista en La Vanguardia, deslizando la posibilidad de revisar el tipo penal, y siguieron declaraciones en la misma línea de su guardia de corps, los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero. Pero, en una operación muy calculada, también contribuyó a asentar el debate, y dirigirse al espectro más conservador de la izquierda, la titular de Defensa, Margarita Robles, jueza de carrera y magistrada del Supremo antes de ser fichada por Sánchez en 2016. Ella, como confirman fuentes gubernamentales, ha estado al tanto de los debates, ha sido consultada constantemente por su conocimiento técnico, ha colaborado con el ministro de la Presidencia. Un dato corrobora su implicación en los debates internos en el Gobierno: el pasado miércoles, ella misma deslizaba en Telecinco la opción de alumbrar una figura penal nueva. No dijo cuál, pero 48 horas después se conoció: la del enriquecimiento ilícito.

El pulido final

Quedan aún unas horas para saber cómo será la transaccional que ofrezca el PSOE a ERC, pero desde la Moncloa y desde el Grupo Socialista sí dejan claro que «algo se pulirá la redacción» de la enmienda, para garantizar que no se benefician de la rebaja políticos procesados o condenados y que no se despenaliza la administración desleal de fondos públicos. En el PSOE, en Unidas Podemos y en el resto de socios opera el miedo a que se repita lo ocurrido con la ley del sí es sí, que se abran rendijas por las que se cuelen revisiones a la baja de condenas y excarcelaciones, y eso sería letal electoralmente para los socialistas, como asumen en el partido. Garantías absolutas, no obstante, sentencia un miembro del Gabinete, nunca las habrá.

Se vio que era necesario reformar malversación y sedición, porque podrían ingresar en prisión segundos niveles del ‘procés’. Sánchez «lo tuvo muy claro» y quiere que Cataluña sea un «activo»

El Ejecutivo y el PSOE se han movido en las últimas semanas en un complicado equilibrio, ya que no podían cerrar la puerta a la reforma de la malversación —de la que ya estaban hablando con ERC, obviamente, como los republicanos siempre dijeron, pese a los repetidos desmentidos de la Moncloa—, ni tampoco calentar el debate. «Hay un principio elemental en política: las estrategias no se cuentan«, recuerdan en el círculo más próximo a Sánchez.

Y también operaba otra clave: la voluntad de dar un arreón final al actual periodo de sesiones, para «empezar enero de cero». «Incendios en política siempre existen, claro, igual que surgen imprevistos, pero vamos a cerrar todos los frentes que tenemos abiertos, o eso pretendemos», insisten en la dirección del grupo. Por eso no solo se tramitará la reforma de la sedición y la malversación (y el desbloqueo del TC, que también se incorpora), que quedará aprobada antes de fin de año, si se cumplen las previsiones. Los socialistas quieren dar salida inmediata a la Ley Trans y la de bienestar animal, que enfrentan duramente a los dos socios de la coalición y en las que, a priori, no hay posibilidad de acuerdo. Ambas penden de un hilo.

En la primera, el PSOE defenderá «hasta el final» su enmienda sobre menores, para que los de 14 a 16 años —y no solo los de 12 a 14— requieran de autorización judicial para cambiar la mención relativa al sexo en el registro. Su propuesta puede naufragar salvo si recaba la abstención o el apoyo del PP. Pero Ferraz ha prometido no dejar caer la norma. En la ley de bienestar animal, la Moncloa seguía insistiendo este sábado en que no cederá y peleará por que prospere su enmienda para sacar de la norma a los perros de caza, en lo que sí está de acuerdo la derecha pero no Unidas Podemos. El proyecto podría entonces caer, «y se lo tendrá que explicar el PSOE a su electorado», avisan en el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra.

En la ley de vivienda, objeto de discordia desde el arranque de legislatura, sigue «avanzándose», pero la derogación de la ley mordaza está mucho más enquistada: el choque entre el PSOE y sus socios de investidura se centra en el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios y en las sanciones a las faltas de respeto a los agentes («¿vale lo mismo la declaración de un narco que la de un policía?»). Pero los socialistas quieren sacar este mes también sus dos enmiendas antiokupas, las que cuelgan del proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa de la Justicia, para que un juez pueda desalojar en 48 horas a quien ocupe ilegalmente una vivienda y no demuestre ningún título que le vincule a ella. Enmiendas que rechazan frontalmente los morados, que acusan a sus socios de comprar la agenda de la derecha. «Aunque el PP lo hinche, el problema existe, incluso en zonas muy sensibles y humildes», responden en la cúpula del PSOE.

Pie en pared frente a los morados

El hilo conductor de todas estas medidas es que Sánchez quiere liquidarlas ya, sin más demoras, aunque le suponga enfrentamientos con Unidas Podemos. La orden dada por el presidente a los suyos es clara: una vez asegurados los Presupuestos de 2023 —el seguro de vida hasta final de legislatura— y tras lo ocurrido con el sí es sí, no más cesiones a los morados.

Quedan tres semanas de arreón legislativo: la Moncloa quiere sacar todas las leyes conflictivas. Entre ellas, trans y animal, muy enquistadas con UP

Arrancan tres semanas finales de año trepidantes, de auténtico atracón legislativo. Pero el centro de la gresca política lo ocupará la reforma de la malversación —y el «asalto institucional» al TC y al Poder Judicial, para la derecha—, con la duda de si el probable daño que infligirá al PSOE será irreversible. Los barones y alcaldes que se enfrentan a las urnas el 28 de mayo hacen cuentas con su calculadora electoral. Por ahora, impera una cierta prudencia por encima de un latente malestar, aunque ha ayudado que el Gobierno contrarreste la rebaja de la malversación con el nuevo delito de incremento patrimonial no justificado, pensado para casos como el de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha declarado más de 12 millones de fortuna.

«Algo nos afectará la revisión de la malversación —indica un responsable de la primera línea de mando del PSOE—, sobre todo porque lo utilizarán quienes no hicieron nada, los que dejaron pudrirse el problema de Cataluña, los que abandonaron la política y se lo dejaron todo a los jueces. Pero nosotros cuando gobernamos asumimos responsabilidades. Eso es mojarse. En el partido no va a sentar bien, porque tendrá coste, pero hay cosas que hay que hacer«. Solo cuando la reforma entre en vigor y se desplieguen sus efectos podrá comprobarse si todo se amarró bien o los cabos sueltos hieren más a un Gobierno protagonista, junto a la oposición, de un clima político cada vez más irrespirable. Pero, a partir de ahora, «contador a cero«. O eso dicen, al menos, en el estado mayor del PSOE.

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