España

El punto principal de fricción, el estatus de los perros y animales auxiliares de caza

El PSOE rechaza el intento de Podemos de usar la 'fórmula Page' para pactar la ley animal

Los socialistas mantienen la mano tendida al desbloqueo, pero instan a Belarra a sentarse con el sector cinegético y el mundo real y cierre un acuerdo con ellos, porque de lo contrario no retirarán sus enmiendas a la ley que la semana próxima se estudiará en ponencia en el Congreso

Un cazador perteneciente al Coto de Cela, recoge una perdiz con su perro de caza en el Tecor Santa Isabel, a 16 de octubre de 2022, en Vilela, Outeiro de Rei, Lugo, Galicia, (España). El período hábil general para poder ejercer la actividad cinegética en Galicia comienza hoy 16 de octubre y se prolongará hasta el 6 de enero de 2023, pudiéndose cazar los jueves, domingos y festivos tanto de carácter estatal como autonómico. Como novedad, en las zonas loberas no se podrán adoptar medidas de control de la especie. En la caza de la liebre el periodo irá sólo hasta el 27 de noviembre del 2022.

Un cazador perteneciente al Coto de Cela (Lugo), recoge una perdiz con su perro de caza en el Tecor Santa Isabel, el pasado 16 de octubre de 2022, en Vilela, Outeiro de Rei, Lugo. EUROPA PRESS / CARLOS CASTRO

La ley de bienestar animal sigue en el aire. No hay todavía acuerdo entre los socios de la coalición. Es más, las posiciones continúan distantes. Unidas Podemos ofertó la exclusión puntual de los perros de caza de la norma, amparándose en la regulación que promovió en 2020 el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, pero Ferraz responde que esa vía no vale, porque los morados no han trenzado un consenso con el medio rural. El PSOE solo está dispuesto a aceptar un acuerdo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, con el sector. Y mientras eso no ocurra, mantendrá vivas sus enmiendas.

Las semanas que restan del año serán claves en la agenda legislativa del Ejecutivo. Pedro Sánchez está determinado a esprintar, a sacar adelante todas las normas conflictivas que pueda para arrancar 2023 con el paisaje más despejado de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. La que está provocando más choques públicos entre socialistas y morados es la Ley Trans, pero la de bienestar animal también está generando un pulso aún no resuelto en el seno de la coalición. Y los socialistas ya han reiterado que no cederán y protegerán la caza, la segunda actividad deportiva en la que hay más federados —en torno a 800.000 licencias en toda España, la mayoría en Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha—, un motor económico importante en muchos pequeños pueblos. Ayuntamientos en donde la izquierda se la juega el 28-M, y la caza, recuerdan no es un deporte elitista y rancio, sino con una enorme penetración en el territorio y con gran arraigo en las capas populares.

El ministerio ofrece una redacción como la de la ley de Castilla-La Mancha: excluir de la norma a los perros de caza durante la actividad cinegética

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de bienestar animal el pasado 1 de agosto, cinco meses después de una gran movilización del mundo rural en Madrid. Los socialistas tomaron nota, se reunieron con el sector y atendieron la presión de los territorios en los que la actividad cinegética está muy extendida. Y presentaron varias enmiendas, con las que piden excluir del ámbito de aplicación de la ley primero, «los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza«, que contarán «con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética». Y dos, reclaman sacar de la norma a los animales utilizados en actividades específicas (las reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) y los utilizados en actividades profesionales (como los perros de rescate o los animales de compañía empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas). Los toros ya estaban fuera del proyecto desde el inicio, igual que los animales de producción (ganado).

Este miércoles, a menos de una semana de que se reúna la ponencia de la ley, el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor del texto, ofertó a sus socios una transaccional para evitar, defendió Belarra, que la futura norma sea tumbada en el Parlamento. El departamento se agarró al modelo Page respecto a los perros de caza. La ley 7/2020 de Castilla-La Mancha señala que la acción de cazar no se considera «situación de peligro ni maltrato» y excluye de la norma a los «animales auxiliares del cazador durante la acción de cazar«. Es decir, que fuera de esa actividad cinegética opera el régimen sancionador contra aquellos que les inflijan maltrato o les causen sufrimiento. Belarra aseguraba que la fórmula Page no es el mejor modelo de protección, pero es «urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos, para empezar a terminar con la impunidad de maltratadores, como quienes ahogan una cría de jabalí o queman vivo un zorro».

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Pero la dirección del Grupo Socialista, y también el propio Page, que se ha coordinado estrechamente con Ferraz para la confección de las enmiendas a la ley, rechazaron esta transaccional, tal y como confirmaban desde ambos espacios a El Independiente. «El PSOE le dice a Podemos que se siente con el sector en una mesa, que dialogue, que acuerde con todos. Si lo hace, el PSOE no será un obstáculo para nada, se sumará a los acuerdos pactados con todas las organizaciones», advertían fuentes de la cúpula parlamentaria socialista. El negociador del partido es el miembro de la ejecutiva y diputado nacional por Jaén Juanfran Serrano, exalcalde de Bedmar y Garcíez.

Una regulación específica para los animales de caza

El propio Page también indicaba este jueves que el paso dado por Belarra era insuficiente: «Me alegro de que la ministra se fije en el modelo de Castilla-La Mancha. Lo que sucede es que no hemos visto todavía el texto que quiere plantear. Lo más sencillo sería es que el Gobierno se atuviera a la enmienda que ha planteado el PSOE a nivel federal, que está pactada con el sector cinegético del país y que lo resume fácilmente: deja para una regulación distinta todos los aspectos del mundo cinegético. Sería lo razonable, lo lógico y lo que reclama el sector. Pero cuando veamos el texto de la transaccional, podremos dar una opinión más fundada».

El PSOE estima que el paso dado por Derechos Sociales es insuficiente, porque no hay acuerdo con el sector y porque no se atienden otros puntos que no comparte. Page recuerda que su ley sí fue fruto del consenso

Desde la cúpula socialista explican que no basta con excluir a los perros de caza durante el ejercicio de la actividad: hay que sacarlos, directamente, fuera de la ley —como a los perros de guarda de ganado, de rescate o los dedicados a las actividades específicas o profesionales— para que no les afecten disposiciones que sí recaen sobre las mascotas, como por ejemplo las referidas a la cría, sus condiciones de vida o el transporte.

«Estamos obviamente a favor de la protección animal, por que se avance en derechos de los animales, sean estos de compañía o no, pero se tenía que haber producido un debate con el conjunto de los colectivos y asociaciones, y con el medio rural —argumentan en la dirección socialista—. Y eso es competencia del ministerio que ha impulsado la ley: Derechos Sociales. Pero esos colectivos nunca han formado parte del debate, no se les ha convocado. Podemos quiere centrar el debate en la caza, pero nosotros también hablamos de los animales federados en competiciones deportivas, de espectáculos ecuestres, de la cetrería… o de prohibición de modalidades como el tiro al pichón, que el proyecto de ley prohíbe y que en cambio reconoce el CSD. Y no compartimos que corresponda a los ayuntamientos, con poca capacidad financiera, la recogida de animales extraviados y abandonados, porque eso debería ser tarea de las comunidades autónomas».

Los socialistas esgrimen que sus enmiendas, las registradas el pasado septiembre, sí están consensuadas con el sector y con sus federaciones territoriales. «Lo tenemos muy claro en el PSOE —se reafirman en la cúpula—. No vamos a rendir pleitesía a Podemos en esto. Hemos hecho nuestro debate interno y hemos dialogado con el sector, y queremos una ley que defienda todos los territorios. No queremos ir a Andalucía o Castilla-La Mancha y que nos crujan». Y menos con unas elecciones decisivas a seis meses vista.

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En Ferraz subrayan que la «llave del desbloqueo» la tiene únicamente Podemos, y no puede utilizar de «escudo», avisan, la fórmula Page, porque de la actividad cinegética se ha de encargar solo Agricultura, el ministerio del socialista Luis Planas. «Además, la ley de Page regula, pero no prohíbe ninguna modalidad de caza, y esta sí, y esa es la diferencia». En el equipo del presidente castellanomanchego alegan que su norma «sí se consensuó en 2020 con el sector cinegético». Para los socialistas, el problema es de concepto de la ley, porque no tiene en cuenta deportes como la caza, costumbres como la romería del Rocío o la microeconomía que se genera en los entornos rurales en torno a la actividad cinegética. «No podemos regular igual un perro del medio rural que una mascota, no es igual un galgo de caza que uno que pasea por la ciudad. Que vaya Podemos a Jaén, la segunda provincia con más licencias de caza, donde hay mucho coto social, de caza menor, que vaya a Medinaceli o a Huelva. Podemos no quiere entenderlo«, reprochan con dureza en el puente de mando socialista.

Distinta aritmética a la Ley Trans

Así las cosas, desde Ferraz garantizan que sus enmiendas seguirán vivas en comisión. Y creen que pueden ganarlas, porque las apoyará la oposición de derechas y grupos socios como el PNV. Aquí la aritmética parlamentaria juega a favor del PSOE, al contrario que con la Ley Trans: en esta, tiene difícil que prospere su enmienda sobre menores —la más conflictiva—, salvo si recaba el respaldo del PP, y si decae, ya ha dicho que no hará embarrancar la norma. Pero en bienestar animal, son los morados los que pueden caer derrotados, y tendrán que decidir si quieren que su texto culmine su tramitación con la enmienda que excluye a los perros de caza o lo deja caer. «El PSOE está en una actitud de desbloqueo, pero Podemos quiso vestir un acuerdo de la nada, porque no hubo sector que se sentara a la mesa. No hay diálogo. Hay que hablar con hechos. La pregunta que nos hacemos es por qué Derechos Sociales no se puso a hablar con los colectivos cuando presentamos nuestras enmiendas. Fuimos muy sinceros: les dijimos que no la retiraríamos salvo que hubiera acuerdo con el sector, y no lo hay», despachan en la dirección.

Podemos indica que han de sancionarse malas prácticas, aunque sean minoritarias, de los cazadores. El sector se niega a sentarse con el departamento de Belarra

Fuentes del ala morada del Ejecutivo insisten en que la fórmula Page puede ser una salida y que aunque la mayoría de cazadores cuida a sus animales, hay prácticas minoritarias y residuales «que son tremendas, como los descartes para la cría de perros de caza». «Se puede regular, sin llegar a prohibir la cría, para poner sobre la mesa distintas soluciones», responden en el PSOE.

El sector cinegético, mientras, rechaza la interlocución con el Ministerio de Derechos Sociales, y pide la retirada de la futura ley de protección, derechos y bienestar de los animales, así como de la reforma asociada del Código Penal. La Real Federación Española de Caza (RFEC), la Oficina Nacional de la Caza (ONC), la Fundación Artemisan y Asiccaza aseguraban en un comunicado, informa EFE, que no tenía sentido acudir a la reunión convocada este pasado 7 de diciembre por la Dirección General de Derechos de los Animales cuando «ya no hay posibilidad de mejora de unas normas que acarrearán consecuencias nefastas» para el sector.

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La reunión, valoraban, era una «maniobra política» a la que se negaban a prestarse porque el ministerio trata de «limpiar la imagen de lo que ha sido una tramitación oscura y falta de cualquier tipo de rigor de dos normativas que van a afectar a millones de personas y en la que no se ha tenido en cuenta a los afectados». Y no aceptaban que se les convocara con «36 horas» de antelación, en «días festivos, sin orden del día, y sin información sobre los asistentes o los temas a tratar». Era leído, pues, como un «intento de utilizar al sector con intereses políticos». El conflicto sigue en pie y el choque entre los socios, vivo.

 

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